El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un control y autorización judicial, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones. Una postura que contradice el polémico proyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
Tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha indicado que el cierre de las páginas webs que atenten contra la propiedad intelectual tiene que hacerse con un “control judicial”. Así, explicó que, de la misma manera, le parecería normal “que si hay un pagina web y es detectada por la policía y la Guardia Civil, donde se dice cómo se hacen bombas, se paralice y se ponga en conocimiento del juez”.
En este sentido, Caamaño cree que es compatible que la citada Comisión inste al cierre de las páginas o portales que se apropien de los contenidos de otros en Internet, cometiendo así un acto ilícito, y que posteriormente se ponga esa decisión en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte las medidas necesarias en defensa de los derechos legítimos de los ciudadanos.
Asimismo, declaró que habrá “una respuesta administrativa proporcional a la gravedad de la situación en la que nos encontramos”. “Tiene que tratarse de paginas donde se hacen descargas ilegales y pensadas sólo para hacer descargas ilegales”, alegó el ministro de Justicia.
En esta misma línea, explicó que estas medidas se toman para “frenar un lugar donde se esta cometiendo claramente algo que es ilícito, de la misma manera que un agente de la autoridad en delito flagrante puede detener a otro para evitar la comisión de un delito. Eso sí, siempre que con posterioridad, se ponga de inmediato bajo conocimiento del juez y el juez pueda libremente adoptar todas las medidas necesarias en defensa también de los derechos legítimos de los ciudadanos”, concluyó Caamargo.