La oposición chavista ha vuelto a recibir un duro golpe con la aprobación de la Ley Habilitante. Este proyecto legislativo que ha contado con el visto bueno de la Asamblea Nacional de Venezuela, permitirá que el presidente del país, Hugo Chávez, gobierne con plenos poderes durante todo un año.
Según ha reconocido el propio Chávez, esta medida responde al objetivo de agilizar la atención a los miles de damnificados por el temporal de lluvias que sufre el país.
En una primera discusión, el órgano legislativo ha dado luz verde a la concesión de este privilegio al dirigente con los 157 votos favorables del gobernante Partido Socialista de Venezuela (PSUV) (que cuenta con mayoría parlamentaria) y Patria Para Todos, una escisión del anterior, y la oposición de Podemos y el Movimiento Ecológico y Humanista.
Esta medida permitirá a Chávez gobernar vía decreto durante los 12 meses que solicitó en nueve ámbitos que aparecen especificados en el texto de la ley, referidos a la ordenación del territorio, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, infraestructuras, el sistema fiscal y tributario y a la atención de las víctimas del temporal, según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, subrayó que este mecanismo se ha activado para “socorrer no solo a las familias afectadas que están en refugio sino también a todas aquellas que se encuentran en situación de riesgo por la ubicación de sus viviendas”.
Ésta es la cuarta vez que Chávez es “habilitado” por la cámara legislativa para adoptar medidas de urgencia. La primera fue en abril de 1999, meses después de acceder a la Presidencia, y tuvo una vigencia de seis meses. La segunda ocurrió en 2001 y la anterior a esta en 2007, con una duración de 18 meses en los que promulgó un paquete de 26 leyes que afectaron a sectores estratégicos como la economía.
La Ley Habilitante es un mecanismo previsto en la Constitución venezolana que faculta al Jefe del Estado a dictar decretos con fuerza de ley siempre que cuente con el apoyo de las tres quintas partes de los diputados.
Pero ésta no es la única medida polémica que llega actualmente a Venezuela. La reforma de la legislación de las telecomunicaciones hace que muchas voces critiquen este proyecto por atentar contra la libertad de expresión.
Ante las críticas, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, ha asegurado que las propuestas para reformar las leyes de telecomunicaciones no pretenden restringir el acceso de los usuarios a Internet.
El Gobierno prevé reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte) para incluir a proveedores de Internet, medios electrónicos, anunciantes, productores nacionales independientes y a los propios usuarios en los parámetros de supervisión.
También contempla modificar la Ley de las Telecomunicaciones para que los servicios de radio y televisión abierta y de producción nacional audiovisual queden en manos del Estado, según informa el diario local El Nacional.
Sin embargo, Jaua ha explicado que la intención del gobierno no es censurar. “Se trata de que los servidores nacionales que prestan servicios de Internet asuman una responsabilidad constitucional”, ha manifestado el vicepresidente.
En este sentido, el vicepresidente ha explicado la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de no permitir “que se realicen foros donde se incita al odio social”.
Asimismo, aseguró que el gobierno no iba a permitir “nunca más” que por “un canal de televisión, o por cualquier medio, se transmita un conjunto de generales golpistas”, refiriéndose al golpe de Estado de 2002 contra Chávez.
Para algunos portales de noticias la iniciativa pretende controlar los contenidos en Internet, tanto en sitios Web como en redes sociales como Twitter o Facebook, además de mensajes telefónicos.