La Asociación de Empresarios de Costrucción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha afirmado en un comunicado que el anuncio hecho por el presidente de La Rioja de sacar adelante un proyecto de Ecociudad, sin previa publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) es un “engaño”.
Por este motivo CPAR asegura que la propuesta de Ecociudad que ha realizado el Gobierno de La Rioja es “una estrategia para burlar la legalidad vigente, para buscar réditos políticos y para favorecer determinados intereses”.
Esta asociación explica que “las ecociudades son desarrollos urbanísticos de deteminados planes parciales o sectores de las ciudades en los que, más como una argumento de venta o argumento para la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas que como efectividad práctica, se incluyen determinados aspectos como materiales sostenibles, sistemas de ahorro de energía y pocas cosas más que pretenden adornar unas determinadas viviendas”.
Respecto a este tema recuerdan que las viviendas de nueva construcción desde hace un par de años recogen la eficiencia energética en todos los edificios y que por tanto “ya son ecológicas”. Así explican que lo 'eco' en la vivienda “está de moda” y aseguraron que el problema no radicaba en la eficiencia energética ni en la construcción más respetuosa para el medio ambiente, y que tampoco era la solución, por lo que el Gobierno riojano no debía intentar “confundir a nadie”.
La asociación asegura que el concepto 'eco' de vivienda es “un caramelo muy dulce para la iniciativa privada”. CPAR insiste en que para ello, “se flexibilizan enormemente los trámites administrativos, se da el doble de edificabilidad que habitualmente y se permite la presentación de propuestas en cualquier tipo de suelo, aunque sea rústico”.
“Lo que el Gobierno de La Rioja está haciendo con este invento de la Ecociudad es burlar la legalidad vigente, porque -asevera CPAR- propone desarrollos urbanísticos en suelo rústico o suelo no urbanizable cuando la Ley del Suelo no lo permite. ”Lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar el Plan General de la Ciudad de Logroño, con 10.000 viviendas previstas, que está vigente, se desarrolle“, argumenta CPAR.
De esta manera, CPAR afirma que “si el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño no se ponen de acuerdo para dejar que la legalidad se cumpla” tomarán “cartas en el asunto”. Además apuntan que si no cumplen con su obligación legal se afectará negativamente a los intereses económicos empresariales, al empleo en el sector, a la economía de la región, a los ciudadanos y a los futuros compradores.