Ciudadanos La Rioja ha llevado a la Comisión Mixta del Congreso-Senado para la relación con el Tribunal de Cuentas la solicitud de la fiscalización integral sobre el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja al Tribunal de Cuentas.
“Esta iniciativa nace a raíz del Acuerdo de Investidura suscrito en 2015 entre Ciudadanos y el Gobierno de Ceniceros, en el que el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo auditorias en Educación, Sanidad y Servicios Sociales”, ha explicado el portavoz parlamentario, Diego Ubis, “pero vimos poca voluntad en el Gobierno del PP y por tanto, exigimos como línea roja para permitir la tramitación de los presupuestos de 2018 que se enviaran al Tribunal de Cuentas un total de 11 fiscalizaciones en materia de Servicios Sociales, Sanidad y Educación”.
Ubis ha recordado que el presidente del Tribunal de Cuentas, propuesto por el anterior gobierno del PP, envió una misiva en la que no concretaba cuándo ni cómo se iban a realizar las auditorías y a la vista de que la nueva presidencia del Tribunal, nombrada por el nuevo gobierno socialista, no daba repuesta, Ciudadanos decidió elevar esta petición al Congreso de los Diputados, para en el marco de la Comisión Mixta Congreso-Senado que regula las relaciones con el Tribunal de Cuentas, elevar las auditorias al órgano fiscalizador.
“En Ciudadanos entendemos que es necesario el control de las cuentas públicas, por transparencia y para ahondar en la regeneración democrática”, ha afirmado el portavoz autonómico, Pablo Baena, “queremos conocer si ha habido redes clientelares en la Comunidad Autónoma de La Rioja o chiringuitos políticos durante los dos últimos años del Gobierno de Pedro Sanz y en 2016, cuando gobernaba ya el señor Ceniceros”.
La solicitud del Informe de Fiscalización de tipo integral sobre el sector público tiene como objetivo, en primer lugar, el análisis de la representatividad de las cuentas financieras y presupuestarias, así como de los Registros del Inventario del Inmovilizado, con especial atención al inmovilizado material.
“Además, queremos que se analice en los últimos ejercicios la prestación de los servicios sanitarios tanto en relación a la sanidad pública como a los servicios prestados a través de conciertos sanitarios con entidades privadas, con especial fiscalización de la Fundación Rioja Salud”, ha señalado el portavoz autonómico.
En tercer lugar, se solicita el análisis del gasto incurrido en los últimos ejercicios en la educación pública en todas sus áreas, excepto la universitaria.
También el gasto incurrido en el Sistema de Dependencia y, específicamente, la situación de la lista de espera existente de riojanos pendientes de reconocimiento del grado y nivel de dependencia y del Programa Individual de Atención.
Ciudadanos también tiene como objetivo que el Tribunal de Cuentas fiscalice el gasto en las políticas de empleo puestas en marcha por la Administración Autonómica.
Y por último, la solicitud incluye un Informe individual integral de la entidad pública empresarial de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) con un análisis de sus cuentas anuales, comprobación del cumplimiento de la legalidad aplicable a la Sociedad y una evaluación de los sistemas y procedimientos contables, administrativos y de gestión aplicados en el desempeño de su actividad, incidiendo en las áreas de inmovilizado material, personal, gastos de publicidad y representación.
Con todo esto, Baena ha expresado que “esperamos que el bipartidismo no se tape las vergüenzas como con las cajas de ahorro y el PSOE vote a favor, para que podamos conocer qué ha pasado con el gasto en el sector público riojano”.