La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que el Gobierno no va a permitir que “ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales” en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
“Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege”, dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser.
En este sentido, añadió que el Ejecutivo garantizarará “que no se vulneren derechos fundamentales de las mujeres por parte de nadie, ni de las administraciones ni de ningún otro poder del estado”.
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que “se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres” en el procedimiento abierto.
Además, aseguró que el Ejecutivo hará “que la ley se cumpla” para que “las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones”.
“ABRIR UN DEBATE”
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará “atento y vigilante”. “No vamos a tolerar que se vulneren los derechos de ninguna persona, y vamos a hacer que la ley se cumpla”, insistió.
“Esto es lo más importante, porque a mí me preocupa muchísimo y yo, en la medida de mis posibilidades como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley”, agregó.
De la Vega reiteró que en la agenda del Gobierno “no está la reforma de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo”, aunque señaló que sí que pretende “abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva”.
En cualquier caso, a su entender, “la ley ha venido fucionando bien y ha dado solución al gravísmo problema en el que se encuntran las mujeres que dedicen no seguir con un embarazo adelante en los supuestos que la ley contempla, que son situaciones siempre dificilísimas y dolorosísmas”.