La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arráiz, ha exigido hoy que se subsane el “error administrativo” fruto de una “dejación política” por el que Serunión no ha acumulado dos faltas graves que supondrían el fin del contrato.
Arráiz ha ofrecido una rueda de prensa, junto al concejal Kilian Cruz Dunne, en la que ha dado a conocer que, el 14 de enero, un informe técnico del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño alertó de que la comida que Serunión ofrecía dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio no cumplía el pliego.
Así, ha dicho, éste exige el servicio de la comida “con carácter inmediato tras ser pasteurizada”. Para el técnico que redactó el informe se trataba de una falta “muy grave” que fue producto de las quejas recibidas el 21 de diciembre, “cuando el servicio había empezado el 14 de diciembre”, ha resaltado.
Sin embargo, un “error administrativo” hizo que, tras un informe del Servicio de Contratación, del 16 de febrero, la falta se rebajase a grave, dado que no había habido “acuerdo de Junto de Gobierno”.
Dado que la empresa, después, acumuló dos faltas graves, que sumadas dan una muy grave, y este tenía que haber sido considerada muy grave, si el cauce hubiese sido el correcto se habría roto el contrato con Serunión.
Arráiz ha destacado que esto se permite cuando en un año se acumulan dos faltas muy graves; “y Serunión las alcanzó en un mes”. Sin embargo, hubo una “dejación”, a su juicio, de la Junta de Gobierno y de la concejala de Servicios Sociales, Paloma Corres.
Desde el PSOE se pide que se subsane este error e insta a la Junta de Gobierno al inicio “urgente de la resolución del contrato”, dados los “muy graves” incumplimientos y, también, la “alarma de salud generada y las diecinueve bajas de usuarios”.
Así se llevará a una moción al pleno del Ayuntamiento que incluirá, además, que la Junta de Gobierno procesa a una nueva licitación del Servicio de Comidas a Domicilio; así como que primen la calidad y cantidad, junto con una dieta equilibrada, sobre el precio de licitación, que nunca podrá superar el 25 por ciento.