El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso relativa a la adaptación de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja al actual marco legal comunitario, según anunciaron hoy el portavoz de Agricultura del grupo, Alejandro Alonso, y el diputado riojano César Luena.
La iniciativa pretende que el Gobierno, por tratarse de la autoridad competente sobre la DOCa Rioja al afectar a varias comunidades autónomas, dote de personalidad jurídica propia y especifica a la denominación, al tiempo que defina claramente sus competencias, sus órganos de control y su Consejo Regulador, con unos mecanismos de control que certifiquen “la calidad, la identidad y las características de la DOCa Rioja”.
Según Alonso, adaptar toda la reglamentación de esta denominación al actual marco reglamentario europeo “es una absoluta necesidad” para todas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, pero sobre todo para la DOCa Rioja “que es una de las más emblemáticas, la más dinámica y la que más ha contribuido a mejorar el prestigio de los vinos españoles”.
En cuanto al Consejo Regulador, los portavoces socialistas remarcaron que las comunidades autónomas implicadas --La Rioja, Navarra y País Vasco-- estudian en la actualidad qué figura política conviene a la DOCa Rioja, a la vez que aseguraron que si sale adelante la proposición, el Gobierno aceptará la fórmula que en materia de personalidad jurídica propongan las autonomías.
“Si en este sentido las comunidades proponen que la fórmula sea una corporación de derecho público, el Gobierno de España lo aceptará y remitirá al Congreso una ley especifica que apruebe el Pliego de Condiciones (Reglamento de la DO) que establecerá todas las competencias que el Consejo Regulador atribuye a los órganos de representación”, planteó el portavoz de Agricultura.
Del mismo modo, diputados socialistas manifestaron su deseo de que el Gobierno se muestre activo y trabaje en una legislación específica para todas las denominaciones en función de una nueva proposición no de ley que el grupo “desarrollará en su momento y que irá en esta misma línea” para dotar de respaldo jurídico internacional a todas las denominaciones de origen españolas, “un patrimonio alimentario que se debe proteger y respaldar”.