La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso presentado por el Gobierno de La Rioja contra la decisión del Estado de retirarle la subvención de 4,3 millones de euros para inmigración. La sentencia, de 28 de noviembre, da la razón al Gobierno central y suscribe que el Gobierno regional no puede reclamar esta cifra si no cumple la condición de acoger a menores inmigrantes procedentes de Canarias.
El asesor del delegado del Gobierno en La Rioja, Gustavo Gauthier, informó el miércoles en rueda de prensa de esta decisión judicial, según la cual el Estado actuó conforme a derecho al no abonar los 4,3 millones a la Comunidad Autónoma.
Los 4,3 millones de euros corresponden a dos convenios entre ambas administraciones en 2006 y 2007. Los acuerdos establecían que el Gobierno central entregaría dinero a la Comunidad Autónoma para la integración de inmigrantes si ésta acogía a menores extranjeros y repartía la cantidad entre los ayuntamientos. El Gobierno regional se negó a acoger menores inmigrantes, por lo que el Estado no le entregó el dinero. Además, no documentó haber entregado ninguna cantidad a los consistorios, por lo que incurría en un segundo incumplimiento.
Al no recibir la cuantía indicada, la Comunidad Autónoma decidió recurrir, pero ahora la Audiencia Nacional ha dado la razón al Estado en una sentencia que desmonta la argumentación del Gobierno regional. La Comunidad Autónoma se negaba a recibir a menores porque consideraba que no era competencia suya, y no quería repartir fondos con los ayuntamientos argumentando que eran demasiado pequeños.
Respecto a los ayuntamientos, la sentencia indica que Logroño y Calahorra son ciudades lo bastante grandes para recibir fondos y no lo hicieron. En cuanto al asunto competencial, Gauthier señaló que la sentencia dice que “la Comunidad Autónoma es competente en asuntos sociales, una competencia que en todo caso es compartida con el Estado”.
Gauthier acusó entonces al presidente riojano, Pedro Sanz, de “preferir que la inmigración sea un problema para echarle la culpa al Gobierno de España”, y lamentó “que sean los riojanos quienes pierden los 4,3 millones de euros, y no Pedro Sanz y Sagrario Loza” (la consejera de Servicios Sociales).