El acuerdo se firmó por patronales que representan el 88% del sector, representado en el Comité Nacional del Transporte (CNT), y supone cerrar la negociación mantenida en las últimas semanas, según explicó la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez.
En cuanto a las tres asociaciones convocantes del paro, Álvarez apeló a su “responsabilidad” para que se sumen al acuerdo y abandonen la convocatoria “porque ya no hay motivo para mantenerlo”.
En este sentido, realizó también un llamamiento a la “serenidad”. “Aquellos que creen que la solución está en bloquear carreteras están equivocados. La violencia sólo genera inestabilidad e incertidumbre, por lo que pido que recapaciten y pongan de su parte para acabar con un conflicto que sólo perjudica a los ciudadanos”, declaró. No obstante, aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán el suministro y darán seguridad a los transportistas que quieran trabajar.
En cuanto a las medidas acordadas, la ministra garantizó que se aplicarán a todos, “a los firmantes y a los que no han firmado”, y que servirán para “paliar la difícil situación del sector por el aumento del precio del combustible y la caída de la demanda”.
Álvarez confirmó que el documento firmado no incluye la principal reivindicación de los convocantes del paro (la fijación de una tarifa mínima) porque, según reiteró, está en contra de las leyes de competencia y además “no la quería la mayoría del sector”.
APLICACIÓN INMEDIATA
Las medidas, que se aplicarán “de forma inmediata”, tienen como objetivo reforzar la capacidad de negociación de los transportistas con sus clientes, facilitar la reestructuración del sector y reducir sus cargas fiscales.
Entre ellas destaca la articulación de una ley de contratos de servicios de transporte en la que se fijará una cláusula de revisión de precios obligatoria vinculada al coste del combustible, la garantía del pago en 30 días, y una bonificación del 50% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del 4% en las cuotas de la Seguridad Social para este año, además de aplazamientos en su pago.
Asimismo, el Gobierno ofrece una línea de 300 millones en créditos blandos del ICO y ayudas de 60 millones al abandono de la actividad. Además, se compromete a defender ante la UE el gasóleo profesional y una fiscalidad para los hidrocarburos “que garantice la competitividad del sector”.
Las patronales firmantes del acuerdo consideran que ninguna de las medidas es “de impacto”, pero que todas en su conjunto “permitirán al sector afrontar la crisis”, según explicó el presidente del CNT, Ovidio de la Roza.
En cuanto a las tres patronales convocantes, ya anunciaron antes de la firma, sobre las 20.00 horas, su intención de no sumarse al acuerdo si no recogía las tarifas mínimas y por considerar que se trataba “más de lo mismo”. “Documentos como este se han firmado muchos y nunca se han cumplido”, indicó el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa.