Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja a través de la Unidad territorial de Seguridad Privada han propuesto para sanción a dos empresas, las cuales no están autorizadas como empresas de seguridad por la Dirección General de la Policía para desempeñar funciones de vigilancia así como tampoco está habilitado el personal contratado por dichas empresas, en base al cumplimiento de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, la cual “reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente”.
La Policía Nacional ejerce la competencia exclusiva en el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, así como de su personal, contando para la realización de estas funciones con Unidades especializadas de Seguridad Privada.
Los agentes destinados en esta la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han realizado durante el pasado año 80 inspecciones a empresas y personal que presta estos servicios en La Rioja, siendo uno de los objetivos detectar el intrusismo en este sector.
Irregularidades en la Empresa de Seguridad y el personal contratado
En el mes de abril, se contrato los servicios de una empresa de seguridad así como vigilante de seguridad para prestar seguridad en un Mercado de Artesanía que se desarrollaba en Semana Santa en Logroño.
Los agentes en su actividad inspectora, detectaron irregularidades tanto en la empresa de seguridad contratada para desarrollar los servicios de vigilancia así como en el personal contratado. Con los datos recopilados se inició una investigación, averiguándose que la empresa carecía de autorización y el vigilante de su correspondiente habilitación por lo que se inicio un procedimiento sancionador.
En el mes de julio fue contratada una empresa de seguridad así como vigilante de seguridad para dar servicio de seguridad en las piscinas municipales de Alfaro, la Unidad Territorial de Seguridad Privada en sus labores de inspección, descubrió que la empresa carecía de autorización y el vigilante de su correspondiente habilitación por lo que fue propuesto para sanción.
En ambos casos los hechos detectados, son constitutivos de intrusismo profesional e infringen la normativa recogida en la Ley de Seguridad Privada, por lo que la Unidad Territorial de Seguridad Privada ha tramitado los correspondientes procedimientos sancionadores dirigidos a la Delegación del Gobierno en La Rioja, competente para su sanción.
Dentro de los cometidos diarios de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de La Rioja se encuentra el control exhaustivo de la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, castigado con multas que en las dos empresas propuestas par sanción oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil.
En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo es desde los 6.001 a los 30.000 euros.
Tolerancia cero contra el intrusismo
Erradicar el intrusismo profesional en este sector es una de las prioridades de la Policía Nacional a través de sus Unidades Territoriales de Seguridad Privada, puesto que perjudica no solo al sector sino también a la seguridad ciudadana.
En relación a los hechos sucedidos, la Unidad territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de La Rioja ha sido reconocida y ha recibido un agradecimiento por parte del sector de la seguridad privada ya que de esta forma se contribuye a una mejora en la calidad de los servicios y reconocimiento de la profesionalidad del sector.