El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decretó este domingo, a las 04.24 minutos, a petición de los fiscales anticorrupción, Pedro Horrach, y Miguel Ángel Subirán libertad bajo fianza de 50.000 euros para el ex-director general de Deportes del Govern en la pasada legislatura y campeón olímpico en Atlanta 96, José Luis 'Pepote' Ballester, y para el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; de 25.000 euros para el director de la empresa de Comunicación Minbus, Miquel Romero, y de 15.000 euros para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, y el jefe de la UTE de las obras de esta infraestructura deportiva, Miguel Ángel Rodríguez.
Así, los letrados de los arrestados ya pagaron las respectivas fianzas, con el fin de que sus clientes puedan dormir esta noche en sus domicilios evitando así el ingreso en la Prisión Provincial de Palma. En el caso concreto de Moisés y Pepote, fuentes judiciales explicaron que ambos tienen un plazo hasta el lunes a las 14.00 horas para hacer efectivo el pago de la fianza de 50.000 euros por un delito de malversación de fondos públicos.
El primero en salir fue Romero, quien agradeció a los medios de comunicación la espera en los Juzgados, mientras que, posteriormente, salió con aspecto sonriente Durán, quien insistió en que “todo se hizo desde la más absoluta legalidad” y esperó que el proceso judicial sea “lo más corto posible”. Posteriormente, salió Moisés, quien expresó su “sorpresa” por su detención a la que, según afirmó, “no encuentro explicación, porque en el Palma Arena realizamos un trabajo importante interdisciplinar. Tras él, salió Rodríguez, quien eludió hacer declaraciones a los medios, mientras que finalmente, salió 'Pepote', quien se limitó a desear 'bona nit' y a dar las gracias a los numerosos periodistas que esperaron durante más de 20 horas la decisión judicial.
El magistrado adoptó esta decisión, tras una maratoniana jornada de 17 horas de toma de declaraciones en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, que comenzó a las 08.50 horas con la llegada a las dependencias judiciales de los cinco detenidos que habían permanecido durante 72 horas en los calabozos de la Policía Nacional, el plazo máximo marcado por la ley para que una persona pueda permanecer arrestada por la polícia.
De esta forma, en caso de que decrete prisión eludible bajo fianza, todos los arrestados podrán quedar en libertad a la espera que se celebre el juicio en el que se determinará si cometieron durante las obras del Palma Arena los delitos de malversación de caudales públicos, pravaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas con funcionarios, si bien no todos estos delitos son imputables a los cinco detenidos.
Así, a Durán sólo se le imputa un delito de prevaricación, por el que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público entre siete y diez años. Precisamente, la ex-alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, se encuentra en la puerta de los Juzgados para abrazar a Durán en el momento en el que salga de los calabozos del edificio judicial, al igual que también permanecen desde hace varias horas más de una veintena de familiares y amigos de los cinco arrestados el pasado miércoles, en el marco de la Operación Espada.
Castro y los fiscales interrogaron a los cinco detenidos sobre su supuesta implicación en el caso de corrupción del Velódromo Palma Arena, en el que se investiga desde agosto de 2008 la posible desviación para fines privados de 13,3 millones de los cerca de 50 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto final de esta infraestructura deportiva, impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Ejecutivo balear, Jaume Matas.
Los interrogatorios en los que participaron el magistrado, los fiscales Anticorrupción y la acusación particular, representada por el Govern, se iniciaron a las 10.00 horas con Miquel Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus, encargada de realizar parte de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de 2007 en la que Jaume Matas se presentó a la reelección. Concretamte, estuvo declarando hasta las 14.00 horas y entre las 15.00 y las 15.30 horas.
Posteriormente, fue el turno de Jorge Moisés (entre las 15.30 y las 19.00 horas), seguido de José Luis 'Pepote' Ballester (entre las 19.00 y las 22.00 horas), Durán (entre las 22.00 y las 23.45 horas) y Rodríguez (entre las 00.00 y las 02.15 horas.
La puesta en libertad de los cinco detenidos, tras pagar sus respectivas fianzas, aunque Moisés la abonará el lunes, se suma a la del ingeniero industrial, Miquel Ángel Verger, el arquitecto Ignacio Antonio Sáez y el ex-director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, quienes en los dos últimos días también quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional.
SECRETO SUMARIAL
La causa, que continúa en secreto sumarial, investiga si se cometieron pagos irregulares a los arquitectos y técnicos de la dirección de obra del proyecto del Velódromo de Palma Arena, impulsado e inaugurado por el ex-presidente del Govern, Jaume Matas. El conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, ya aseguró el mismo día de los registros en esta infraestructura deportiva llevados a cabo por los fiscales anticorrupción en noviembre del pasado año que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es “muy elevada”, lo que ha generado un agujero en la Conselleria que “va a impedir hacer muchas cosas”.
Precisamente, Cañellas anunció a comienzos de esta legislatura que el Ejecutivo iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones de euros, lo que suponía un incremento del 89 por ciento respecto al precio final, presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones, debido a una serie de “modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio”.
La secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra, recordó que su departamento envió una auditoría técnica a la Fiscalía, con el fin de que investigase el sobrecoste del presupuesto del Palma Arena, después de que los servicios jurídicos del Govern así lo aconsejaran, dado que el coste final de una obra pública no puede incrementarse más de un 20 por ciento en relación al precio inicial.
Precisamente, en esta auditoría, la Conselleria informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre la cantidad exacta que se había licitado y pagado por el procedimiento de obras por parte del Consorcio de Construcción del Velódromo del Palma Arena, que ascendía a 47,7 millones de euros.
Sin embargo, tras pagar esta cantidad, recordó que la UTE que construyó el Velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclamó al Govern un importe de 38,9 millones de euros por una serie de obras “complementarias” que se habían realizado y que no estaban contempladas en el presupuesto inicial.
Serra reveló que “un par de días antes de las elecciones municipales de 2007, la Junta Rectora del citado Consorcio, presidido por el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, acordó ”dar por buena“ la reclamación de la UTE.
Ante tal situación, y después de que los peritos comprobaran que parte de las obras reclamadas sí que estaban bien realizadas, el actual Govern pagó a la empresa encargada de la construcción del Velódromo 26,9 millones de euros, por lo que sólo quedarían pendientes de pago 12 millones de euros.