El fenómeno migratorio que conduce a miles de personas hacia el territorio español en busca de un futuro mejor, sigue reflejado en nuevos casos como el que se dio a conocer ayer. El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil rescató una patera con trece inmigrantes, entre ellos dos bebés, en el litoral de Melilla.
Una embarcación de los GEAS recogió a los inmigrantes, todos ellos de origen subsahariano, para su traslado al puerto. De los trece ocupantes de la patera, varios fueron trasladados al Hospital Comarcal al presentar síntomas de hipotermia. Los dos bebés también fueron llevados al centro sanitario para ser inspeccionados por personal sanitario como medida de precaución.
Una vez atendidos y dados de alta, fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policía, donde se les ha abierto expedientes de expulsión. Actualmente, se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Este caso puede ser para gran parte de la sociedad uno más que pasa a engrosar la listas de inmigrantes que llegan a España de forma irregular, sin embargo, el volumen que ha ido adquiriendo este fenómeno y las medidas que se toman desde las Administraciones están despertando las preocupaciones de algunos.
Así, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha expresado su “preocupación” por la falta de personal en la Oficina de Extranjería de Barcelona y el retraso en trámites como la renovación de los permisos de residencia, y ha instado al gobierno central a adoptar medidas.
En la resolución motivada por una queja de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACEP), a la que ha tenido acceso Europa Press, la Defensora señala que el personal es “claramente insuficiente” para el volumen de expedientes que gestionan (la oficina cerró 2010 con 55.331 en trámite).
La Defensora reconoce el esfuerzo de la oficina para paliar la falta de personal, pero considera un “motivo de preocupación” los retrasos, sobre todo en la renovación de permisos de residencia y en la resolución de recursos administrativos, además del abandono de servicios como la atención telefónica y la respuesta a consultas realizadas por correo electrónico.
El número de funcionarios transferidos desde la oficina a la Generalitat para gestionar procedimientos compartidos, como el permiso inicial de trabajo para inmigrantes, resulta “desproporcionado”, en vista del volumen de trabajo que gestiona.
Por ello, insta a la Secretaría de Estado e Inmigración y a la Subsecretaría de Política Territorial y Administración Pública a dotar “con carácter de urgencia” a la oficina con suficientes funcionarios interinos para cubrir la demanda, y que asigne personal cualificado para resolver los recursos administrativos.