La concejala del grupo municipal Ciudadanos, Rocío Fernández, ha demandado al equipo de Gobierno del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza “cumplir la Ley y redactar un censo de los edificios públicos y privados que cuentan con la presencia de estructuras de amianto en Logroño”.
Fernández ha resaltado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados -en vigor desde el pasado 10 de abril- contempla una disposición adicional específica referida a las instalaciones que contienen amianto.
Del mismo modo, la edil naranja ha puntualizado que la Unión Europea ha instado a los Estados miembros a erradicar el amianto de los inmuebles.
Rocío Fernández subraya que “la retirada del amianto de los edificios es una cuestión de salud pública, ya que se trata de un material con una vida útil de entre 20 y 25 años, pero después su descomposición puede generar importantes problemas de salud”.
Diversos estudios apuntan que el polvo de fibras de amianto, invisible a la vista, puede ser inhalado por personas y animales y provocar a futuro diferentes tipos de cáncer.
Rocío Fernández ha recordado que en julio de 2021 presentó una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño solicitando al equipo de Gobierno “que actuara con tiempo y previsión, iniciando el inventario de edificios con presencia de amianto de forma previa a la aprobación definitiva de la Ley”.
Fernández ha precisado que “aquella moción fue rechazada por PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano, lo que implica que, a día de hoy, Logroño haya perdido un año entero en la tarea, ahora obligatoria por Ley, de proceder a la retirada del amianto de los inmuebles”.
La concejala del grupo municipal Ciudadanos ha descrito que la moción que presentará en el Pleno de Mayo demanda la elaboración de un inventario de todos los inmuebles públicos y privados de la ciudad de Logroño que contengan amianto, para su catalogación y diagnóstico, en el plazo que establece la Ley 7/2022; además, incluir la partida presupuestaria necesaria en los presupuestos 2023 para proceder al desamiantado de los edificios municipales que hayan sido inventariados.
Y por último, que los proyectos de desamiantado de elementos o edificios municipales participen de los programas de ayudas económicas que se vayan habilitando para obtener financiación para las actuaciones.
Rocío Fernández ha remarcado que el empleo y utilización del amianto está prohibido en España desde 2021, “pero no así su retirada, que desde la aprobación de la nueva Ley debe producirse por parte de los Ayuntamientos en las instalaciones de carácter público antes de 2028, habiendo elaborado el inventario previo en el plazo de un año; es decir el 10 de abril de 2023”.