El Gobierno de La Rioja ha presentado este jueves en la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales, el informe anual que detalla todas las actuaciones que se llevaron a cabo durante 2018 en pro de la promoción y defensa de los derechos del menor. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Alberto Bretón, ha presidido esta reunión en la que también ha participado la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz.
El Consejo Riojano de Servicios Sociales está compuesto por representantes de la Administración autonómica, entidades locales, instituciones sin fin de lucro, organizaciones sindicales y empresariales, así como los colegios profesionales relacionados directamente con el ámbito de los servicios sociales.
En lo que se refiere al informe para la promoción y defensa de los derechos del menor se trata de un documento que comprende las políticas públicas desarrolladas en 2018 para promover el conocimiento y respeto de los derechos del menor en todos los ámbitos y, además, supone la puesta en marcha de diferentes programas y recursos ante situaciones de desprotección social de los menores.
En cuanto a las acciones de promoción y defensa de los derechos, se han llevado a cabo diferentes actividades para propiciar el conocimiento, la divulgación, el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de los menores. En este punto destaca el servicio del Teléfono del Menor, que en 2018 recibió 12.060 llamadas.
En lo referente a las actuaciones puestas en marcha ante situaciones de desprotección social de los menores, hay que destacar, en primer lugar, las políticas de prevención, como el programa de detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil. En este caso, se recibieron 15 notificaciones de diferentes ámbitos de actuación. Además, se cuenta con el Servicio de Orientación y Mediación Familiar que 2018 recibió 504 consultas.
Otro de los programas promovidos es Apóyame dirigido a la atención integral a menores expuestos a violencia de género como víctimas directas o indirectas. En 2018 se trabajó con 72 menores. Además, en el programa de Buenos Tratos, dirigido a alumnos de 3º de Infantil a 6º de Primaria para fomentar valores de igualdad y prevenir situaciones de violencia, participaron 18.403 alumnos en el último curso.
Además, se desarrollan diferentes políticas de protección con la finalidad de promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social.
En este sentido, se declarará al menor en situación de riesgo cuando se vea afectado por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal familiar o social y, que permita razonablemente temer que en el futuro pueda darse una situación de desamparo o de inadaptación. El número de menores en situación de riesgo al finalizar 2018 ascendía a 458 (146 declarados en 2018). Por su parte, un menor puede declararse en situación de desamparo siempre que carezca de la necesaria asistencia moral o material. Durante 2018 fueron 51 los menores declarados en desamparo (175 el número total al cierre de 2018).
En estos casos es la comunidad autónoma la que asume la guarda de los menores mediante el Acogimiento Familiar y Acogimiento Residencial. Los menores en acogimiento familiar vigente en 2018 fueron 71 y en acogimiento residencial fueron 116.