La mala relación entre los abogados de la infanta amenaza su defensa

Los últimos indicios recogidos por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, instructor del 'caso Nóos', en el que uno de los principales imputados es el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y que parecen cargar de razones al magistrado para imputar a la duquesa, la hija mayor del rey, Cristina de Borbón, no podían llegar en peor momento para los intereses procesales de la infanta.

Los abogados de la infanta –el titular y exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Miquel Roca Junyent, y su socio y la verdadera mente jurídica tras la defensa de la duquesa, Jesús María Silva– mantienen una relación más que tensa desde hace unos meses y que, en más de una ocasión, ha estado a punto de romper la sociedad que les une, según informan diversas fuentes jurídicas de Barcelona. Una ruptura que, de producirse, obligaría a la infanta a elegir entre las excelentes relaciones que mantiene Roca con todos los estamentos del Estado y la cualificada defensa que le puede ofrecer Jesús Silva.

Durante esta misma semana han trascendido dos datos que podrían permitir al juez Castro volver a imputar a la infanta en el 'caso Nóos' de fraude a las administraciones públicas y apropiación indebida. Una medida que ya adoptó Castro en abril, pero que tuvo que rectificar a instancia de la Audiencia de Palma y a petición del fiscal del caso, Pedro Horrach. Pero esta semana se ha conocido, por un lado, que las cuentas de la infanta recibieron 150.000 euros de Aizoon, la empresa a la que Urdangarin desviaba los fondos captados de forma fraudulenta a las administraciones con el argumento de que era Nóos quien los recaudaba y se trataba de una fundación sin ánimo de lucro. Y, por otro lado, también se ha sabido que la infanta manejaba una tarjeta Visa Oro de Aizoon con la que realizaba gastos personales como la compra de flores, o comidas y cenas en restaurantes.

Precisamente a raíz de los nuevos indicios hallados por el juez Castro, ayer se produjo una cumbre en territorio neutral, en Barcelona. Los asistentes fueron Iñaki Urdangarin; su abogado, Mario Pascual Vives; el abogado penalista de la infanta, Jesús Silva, y el socio de este en la división de Derecho Penal de Roca Junyent Abogados, Pau Molins. Sin embargo, Miquel Roca no hizo acto de presencia en la reunión en ningún momento.

La hija del rey ya preveía la posibilidad de verse imputada nuevamente en el procedimiento. Y, desde el primer minuto, tenía claro que quería que fuera Miquel Roca el encargado de su representación procesal, esencialmente por la relación de amistad que les une.

Miquel Roca no es penalista. No deja de llamar la atención que el 10 de enero los bufetes Roca i Junyent y Molins-Silva, este último especializado precisamente en Derecho Penal, anunciaran su fusión, aunque ambos mantengan sus propios sellos profesionales. Eso permitía que fuera uno de los nuevos socios de Roca, Jesús María Silva, quien asistiera al antiguo político en la labor de defender a la hija del rey en los tribunales.

En algunos ambientes jurídicos de Barcelona sorprendió que fuera Silva y no Pau Molins quien acompañara a Miquel Roca a la hora de defender a la infanta Cristina, sin desmerecer por ello los méritos profesionales de Silva, un hombre especialmente bien relacionado con jueces y fiscales, pero con menos caché que su socio. Otras fuentes, sin embargo, apuntan que Molins afronta un problema de carácter personal que entorpecería la intensiva dedicación que requerirá la defensa de la infanta si finalmente se confirma. El hecho de que sea el defensor de Jordi Montull, exdirector del Palau de la Música y socio de Félix Millet en el expolio de la institución musical, puede empañar su imagen de letrado de la hija del rey.

Fuentes próximas a ambos bufetes, sin embargo, señalan que desde el primer momento se hizo patente la incompatibilidad de caracteres entre Roca y Silva. La distancia entre ambos se hizo aún más evidente cuando la infanta fue momentáneamente imputada en el 'caso Nóos', y Roca y Silva tuvieron que presentar un recurso contra la decisión del juez Castro. Roca impuso que en el escrito se describiera la relación de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin como la de una esposa sumisa e ingenua que no se enteraba de lo que hacía su marido. Silva era partidario de presentar el matrimonio como la unión de dos personas con actividades profesionales completamente separadas en las que la infanta no tenía por qué conocer las actividades de su marido, pero en absoluto como una víctima.

A la vista de las nuevas evidencias halladas por el juez Castro está claro que el criterio de Silva, a pesar de que no se ajuste a la realidad, era mucho más creíble que el que finalmente se presentó y que en ambientes jurídicos y judiciales de Barcelona se describe como ridículo.

Red de contactos

Red de contactosLos enfrentamientos entre Roca y Silva han sido públicos y notorios en el bufete. Algunas fuentes atribuyen el hecho de que hayan seguido manteniendo su relación profesional a que el hermano de Jesús Silva es Manuel Silva, miembro del Consejo de Estado y con acceso directo al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Aunque otras fuentes aseguran que Torres-Dulce recibe a Roca siempre que este lo cree necesario por su nueva condición de “emisario real”.

Roca abandonó la política en 1996, al cabo de un año de perder las elecciones a la alcaldía de Barcelona ante el socialista Pasqual Maragall. El exdirigente de Convergència no albergaba duda alguna sobre su futuro: iba abrir un bufete de abogados que en menos de 10 años se convertiría en uno de los principales de la capital catalana.

Aunque originalmente Roca partió sólo con el bufete de su cuñado, desde el inicio ha ido absorbiendo otros despachos hasta convertirse en uno de los mayores de Barcelona, especialmente por la propia capacidad de Roca de relaciones públicas y por su extenso volumen de contactos.

Desde el primer momento, el bufete de Roca pudo exhibir clientes de la talla de Catalana Occidente, el Banco Sabadell o Gas Natural. Sin embargo, en los últimos tiempos la presencia del propio Roca no ha servido para que el bufete se librara de los embates de la crisis.

La caída de los ingresos de determinadas divisiones provocó una auténtica revolución en el despacho a finales del año pasado. El propio Miquel Roca intentó imponer una reducción de salarios a todos los letrados de la firma, ante el levantamiento de los miembros del departamento de Concursal, cuya facturación ha mantenido en buena medida el despacho. Finalmente, Roca impuso su tesis, y provocó una auténtica fuga de abogados, hasta el punto de que ha cundido el desánimo en la firma. Las mencionadas fuentes jurídicas aseguran que el edificio del bufete en la barcelonesa calle Aribau “tenía dos plantas vacías”. Plantas que han ocupado los efectivos del bufete Molins-Silva.

Los últimos indicios recogidos por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, instructor del 'caso Nóos', en el que uno de los principales imputados es el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y que parecen cargar de razones al magistrado para imputar a la duquesa, la hija mayor del rey, Cristina de Borbón, no podían llegar en peor momento para los intereses procesales de la infanta.

Los abogados de la infanta –el titular y exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Miquel Roca Junyent, y su socio y la verdadera mente jurídica tras la defensa de la duquesa, Jesús María Silva– mantienen una relación más que tensa desde hace unos meses y que, en más de una ocasión, ha estado a punto de romper la sociedad que les une, según informan diversas fuentes jurídicas de Barcelona. Una ruptura que, de producirse, obligaría a la infanta a elegir entre las excelentes relaciones que mantiene Roca con todos los estamentos del Estado y la cualificada defensa que le puede ofrecer Jesús Silva.