Un ex alto cargo del PP, curtido en los gobiernos regional y municipal de Madrid, clasifica a los dirigentes políticos en dos tipos: “Los que apuestan por la gestión y los que lo hacen por el discurso”. “Y es evidente cuál es el modelo de Isabel Díaz Ayuso”, añade sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, situándola en el grupo de los segundos. Ayuso cumple este domingo la ya tradicional marca de los 100 primeros días al frente del Gobierno regional, esta vez en solitario, tras revalidar el cargo el 18 de junio gracias al apoyo de Vox. Poco más de tres meses caracterizados –al igual que su anterior etapa como presidenta de una coalición con Ciudadanos– por la total ausencia de gestión y el constante choque con el Gobierno de Pedro Sánchez, que busca concienzudamente la presidenta madrileña en cada decisión e intervención pública. El balance es pobre: una ley para tomar el control Telemadrid, cero presupuestos y el inicio de una batalla interna para liderar el PP de Madrid.
Ayuso fue investida presidenta por segunda vez en menos de dos años el 18 de junio tras decidir un adelanto electoral pocos meses antes que tenía como principal objetivo borrar de su Gobierno, y del mapa, a Ciudadanos tras una coalición caracterizada por los roces constantes. El plan salió a la perfección a la dirigente madrileña y los que habían sido los socios que la auparon a lo más alto de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019 –cuando obtuvo como candidata el peor resultado de la historia del PP de Madrid– desaparecieron de la Asamblea de Madrid.
“Quiero gobernar en solitario, en libertad, porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid”, dijo durante la campaña electoral. La realidad es que en los primeros 100 días de gobierno su gestión se ha caracterizado por la ausencia de reformas, al igual que pasó durante los dos años anteriores cuando desde el Gobierno solo se impulsó una reforma legislativa, la enésima modificación de la ley del Suelo, que se aprobó con polémica y que está en los tribunales tras varios recursos de la oposición.
La absoluta ausencia de reformas legislativas caracterizó su primer mandato, pero la concentración de poder tras los comicios no ha mejorado la situación. La única iniciativa impulsada en esta nueva etapa ha sido la reforma de la ley de Radio Televisión Pública para controlar el ente, que se aprobó de forma exprés por lectura única en julio, menos de un mes de tomar posesión, y que supuso el cese fulminante de la dirección la cadena regional, contra quienes Ayuso había mostrado abiertamente su profundo desacuerdo, hasta el punto de afirmar que era la única presidenta que tenía una televisión que le era crítica. Al frente del ente ha puesto a dedo como administrador provisional a José Antonio Sánchez, un amigo del PP que ya estuvo al frente de Telemadrid y que impulsó un ERE que dejó en la calle al 74% de la plantilla.
El Gobierno de Ayuso fue incapaz durante la anterior legislatura con Ciudadanos de sacar adelante unos presupuestos, y sigue gobernando con los de 2019, un mundo pre-pandemia que limita la actuación del gobierno y que dificulta la gestión de los fondos europeos. Ahora, la dirigente madrileña promete que presentará un borrador de las cuentas a finales de octubre. Depende de Vox para que se aprueben y la extrema derecha ya pide una rebaja de los impuestos –algo en lo que coinciden– y un recorte en el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista y la lgtbifobia –algo que Ayuso está dispuesta a darles, según ella misma ha declarado–.
El primer escollo con la extrema derecha lo ha superado con nota. La prueba de que la extrema derecha tampoco piensa suponer demasiadas complicaciones para Ayuso se producía en julio con su abstención a la polémica reforma de la ley de Telemadrid. La segunda parte de aquel acuerdo llegaba este jueves con el pacto entre la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, y el consejero de Presidencia, Enrique López, para reducir un 10% el presupuesto del ente público a cambio de apoyar al administrador provisional, José Antonio Sánchez, que con la reforma de la ley podrá ser infinito si es que nunca llega el acuerdo con la oposición para nombrar a un administrador de consenso, como lo era José Pablo López, elegido por una amplia mayoría en 2017.
Este pacto allana las negociaciones para los presupuestos y da estabilidad al gobierno de cara a futuras reformas, creen en el PP. “Esta vez habrá presupuestos porque estamos de acuerdo en lo fundamental”, asegura un diputado de la formación. En Vox piden negociar y al menos salir en la foto.
Las cuentas regionales, en un cajón desde 2019, le servirán a Ayuso para cumplir con su hasta ahora incumplida promesa de rebajar el tramo del IRPF en un 0,5% a todas las rentas, también las más altas, con lo que la administración regional dejará de recaudar 300 millones de euros. A esto se suma la supresión de unos impuestos menores que suponen otros 3,4 millones, unos tributos que estaban condenados a desaparecer pero que Ayuso ha utilizado para volver a imponer la propaganda de un gobierno liberal que despoja a los ciudadanos de las cargas fiscales.
El gobierno de Ayuso no ha necesitado ni 100 días para demostrar sus prioridades: asaltar Telemadrid, asfixiar la atención primaria y gobernar para su ego y su cruzada ideológica. Ni un solo proyecto por hacer y ni una sola indecencia que dejar de mostrar. 100 días que serán 2 años de retroceso social, insultos a la oposición e indolencia política.20:44
La contienda por el poder dentro del PP de Madrid también forma parte de estos primeros 100 días de mandato de la presidenta madrileña, una batalla interna que aún durará unos meses. Ayuso decidía lanzarse a por el liderazgo orgánico el mismo 4 de mayo después del amplio respaldo en las urnas. Pero el anuncio lo hizo hace unas semanas coincidiendo con el inicio del curso político, que la ha enfrentado a la dirección nacional. “La batalla está más que ganada, pero de todas formas no van a conseguir distraernos del que es realmente nuestro objetivo: Pedro Sánchez”, dice una persona muy cercana a Ayuso.
Otra de las patas que han caracterizado su mandato preelecciones y que será el pilar de su gobierno antes de los comicios de 2023. Todas las decisiones que toma Ayuso están dirigidas al enfrentamiento de Sánchez, como la ley para blindar la fiscalidad madrileña o la reforma educativa para contrarrestar la ley Celáa, ambas aún en fase muy preliminar.
La oposición es pesimista en cuanto a los dos años que quedan por delante. “El gobierno de Ayuso no ha necesitado ni 100 días para demostrar sus prioridades: asaltar Telemadrid, asfixiar la atención primaria y gobernar para su ego y su cruzada ideológica. Ni un solo proyecto por hacer y ni una sola indecencia que dejar de mostrar”, critica la portavoz de Más Madrid Mónica García, que insiste que los 100 días “serán 2 años de retroceso social, insultos a la oposición e indolencia política”. Estos 100 días nos han dejado un sabor bastante amargo. Tenemos una presidenta más pendiente de su carrera personal para moverle la silla a Pablo Casado que de gobernar.
“Por desgracia seguimos, desde 2018, sin gobierno y sin rumbo, y sin perspectivas de que lo haya en el próximo año y medio. En vez de gestionar para resolver los problemas de la ciudadanía, la obsesión en su carrera política personal y sus ambiciones dentro del PP, le han llevado a apropiarse de aquello que debería ser de todos: una radio y televisión públicas, limitando la pluralidad y libertad informativa”, lamenta la portavoz del PSOE, Hana Jalloul. Unas críticas que también comparte la diputada de Unidas Podemos, Carolina Alonso que consdidera que estos 100 días dejan “un sabor bastante amargo”. “Tenemos una presidenta más pendiente de su carrera personal para moverle la silla a Pablo Casado que de gobernar”.
Mientras se pierde en la contienda interna, Ayuso tiene aún pendiente poner en marcha el prometido plan para mejorar la Atención Primaria, anunciado hace un año y también durante la campaña, y que sigue en el cajón. Mientras, los profesionales denuncian cada día que pasa lo insostenible de un sistema que degrada a pasos los servicios públicos.