La intención del Ayuntamiento de Madrid de eliminar del callejero de la capital los nombres de los históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto a propuesta de Vox ha provocado la reacción de los historiadores. Un centenar de estudiosos de la Historia Contemporánea, de universidades españoles y extranjeras, han firmado un informe que desmonta los argumentos de la extrema derecha, asumidos por PP y Ciudadanos, para retirar las dos calles –una avenida en Ciudad Lineal y un bulevar en Vicálvaro– respaldándose en la Ley de Memoria Histórica. El manifiesto está abierto a adherir a más expertos.
Los historiadores firmantes concluyen, tras analizar el texto de Vox aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la semana pasada, que se basa “en viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. “Acarrea de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936”, dice el escrito, respaldado por reputados expertos como Paul Preston, Walther L. Bernecker, José Álvarez Junco o Antonio Cazorla.
Los catedráticos y profesores desmienten en 13 puntos la proposición de Vox en un “análisis preliminar” basado “en pruebas documentales”. “A diferencia de la nula documentación que se adjunta a la iniciativa de Vox, los profesores e investigadores abajo firmantes declaran estar en condiciones de aportar pruebas documentales de todas las afirmaciones que se hacen en la presente prueba de verificación”, señala el manifiesto. Los firmantes ponen el documento “a disposición” del Ayuntamiento de Madrid para que se tenga en cuenta antes de adoptar “la decisión definitiva”: “Este juicio técnico preliminar aspira a convertirse en un futuro próximo en un informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos importantes figuras de nuestra historia contemporánea, sustrayéndolas de las maquinaciones propias de la baja política”.
Los expertos niegan de plano que los cambios puedan sujetarse a la Ley de Memoria Histórica, como pretende PP y Ciudadanos. Señalan “que buena parte de las acusaciones vertidas en la iniciativa de Vox se refieren a épocas anteriores a la que da cobertura la ley” –eminentemente la revolución de Asturias en octubre de 1934– y subrayan “la incongruencia que encierra querer ejecutar una damnatio memoriæ sobre figuras políticas que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la guerra civil que ésta provocó, y por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la dictadura resultante”. Largo Caballero fue tiroteado en su domicilio por la Falange y estuvo prisionero en el campo de Sachsenhausen (Berlín) entre 1943 y 1945, recuerda el escrito.
El análisis realizado por los estudiosos, de seis páginas, señala que Francisco Largo Caballero (presidente del Gobierno de la República y secretario general del PSOE y de UGT) fue absuelto por el Tribunal Supremo tras ser imputado por un delito de rebelión militar a raíz de la revolución de octubre de 1934 y desmiente que durante su mandato se cometieran “las mayores atrocidades en la zona republicana”. “El grueso de la violencia homicida en zona republicana tuvo lugar desde el estallido del golpe de Estado hasta finales de 1936, momento en que el Gobierno de Largo Caballero logró reconstruir gran parte del aparato estatal”, contraponen los historiadores.
Sobre Indalecio Prieto, el informe desmiente que su llegada a la presidencia del PSOE supusiera una “deriva revolucionaria y radical junto a Largo Caballero como secretario general de UGT”. “En verano de 1935 son de sobra conocidas sus discrepancias con Largo, con quien mantuvo un intenso forcejeo político”, asegura el análisis, que también niega que “la complicidad de La Motorizada o la personal de Prieto” en el asesinato de Calvo Sotelo porque participara uno de sus miembros. El informe indica, asimismo, que la reservas del Banco de España fueron “empleadas en legítima defensa” para adquirir armas “para sostener la democracia republicana contra el golpe” y que las “incautaciones de bienes” en zona republicana se hicieron “con cobertura legal”.
El compromiso por parte del Ayuntamiento de borrar estas vías –una de ellas, la de Indalecio Prieto, fue inaugurada por un alcalde del PP, José María Álvarez del Manzano– no solo ha levantado a los historiadores. La oposición (Más Madrid y PSOE) también ha anunciado este martes que llevará a los tribunales el cambio de nombre en el momento en que el equipo municipal empiece a tramitarlo. Por el momento es solo una proposición aprobada en el Pleno por mayoría cuyo cumplimiento no es obligatorio. Sin embargo, al ser avalada por los dos partidos que forman el Gobierno, PP y Ciudadanos, en el Pleno, se ha asumido como compromiso por parte del grupo municipal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se llevará a cabo la tramitación administrativa, aunque ha dejado en el aire cuándo se pondrá en marcha. Tampoco hay, de momento, nombres sustitutos para esas calles.