El PP cierra la última posibilidad de que el Supremo obligue a Ana Botella a pagar por vender pisos a fondos buitre
La causa por las posibles responsabilidades contables de Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone en 2013 a cambio de 128,5 millones de euros se cierra en falso. Botella era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno, pero la mayoría del PP en el Tribunal de Cuentas la ha salvado (otra vez) de responder con su patrimonio por el posible quebranto en las arcas públicas de la operación, que afectó a cientos de familias en situación vulnerable.
Cuando se cumple un año de la primera sentencia que condenó a la exregidora y siete altos cargos de su gobierno a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender las viviendas por debajo del precio de mercado, el Tribunal de Cuentas cierra la vía a que se pueda recurrir ante el Supremo el posterior archivo del mismo organismo solo unos meses después.
El papel de la exregidora en esa controvertida operación quedará impune: por una parte, gracias a la llegada al Palacio de Cibeles de otro alcalde de su partido, José Luis Martínez-Almeida, que decidió dejar en un cajón el recurso contra la absolución. Por otra, por la mayoría del PP en el órgano fiscalizador. Los mismos que la absolvieron en segunda instancia ahora han cerrado la puerta a que el Supremo tenga la última palabra.
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid Mercedes González solicitó en septiembre al Tribunal de Cuentas que la autorizara como persona legítima, para presentar un recurso de casación ante el Supremo por la sentencia absolutoria contra Botella y su equipo de julio. González lo hacía después de que el Ayuntamiento se negase a recurrir la absolución y de que se despidiese a la abogada que preparaba el escrito, pero el organismo fiscalizador ha denegado esa posibilidad a la edil del PSOE, adelantó esta semana Público.
La edil socialista, sin embargo, no tira la toalla y presentará un escrito de queja ante el Supremo. “Nuestro objetivo es que el Supremo siente jurisprudencia sobre la venta de patrimonio público por parte de las administraciones”, asegura Mercedes González en declaraciones a eldiario.es. “No nos ha sorprendido la respuesta del Tribunal de Cuentas, sí el retraso en darla, porque los dados están trucados ya que este órgano está controlado por el PP”, añade. “Pero no desistiremos, no vamos a dejar que la causa muera”, insiste González.
La decisión la han tomado dos consejeros nombrados por el PP, los mismos que en julio absolvieron a Botella: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. De nuevo, al igual que ocurriera en julio, un consejero a propuesta del PSOE, Felipe García, ha emitido un voto particular en contra de que se impidiese a la edil formular un recurso.
Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.
José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que absolvió a Botella y siete miembros de su gobierno y que ha impedido a la concejala socialista recurrir ante el Supremo. Suárez Robledano, también nombrado por el PP en 2012 cuando tenía mayoría absoluta, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que decidió el fallo absolutorio. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedo y los enchufes de familiares de políticos.
En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, a la que Suárez Robledano pertenece, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración.
La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de revocación fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados por el PP tienen en el Tribunal de Cuentas.
La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones. El fallo no solo determinó que el precio al que se vendieron los pisos “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, también retrató una sucesión de chapuzas e ilegalidades en el expediente.
Sin embargo, la segunda resolución también del Tribunal de Cuentas consideró que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado” y concluyó que en 2012, la EMVS “enfrentaba una situación crítica” y que no se debía olvidar “cuáles eran las condiciones generales del mercado”, tras el “desplome” del mercado financiero que se mostraba también “reacio” a refinanciar créditos inmobiliarios.
“Falta de compromiso del Ayuntamiento”
El vocal Felipe García Ortiz nombrado a propuesta del PSOE se ha vuelto a desmarcar de la decisión de sus compañeros. En julio ya emitió un voto particular en contra de la absolución y ahora acusa en su razonamiento al Ayuntamiento de Almeida (PP) de “falta de compromiso en la defensa de los bienes públicos” cuando decidió no recurrir la absolución. “Las viviendas en cuestión pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), controlada por el Consistorio, y teóricamente debían ser destinadas a fines sociales”, recuerda.
García Ortiz defiende que la decisión de no recurrir por parte de Almeida iba en contra de la voluntad del Pleno. “Los vecinos no necesitan actuar cuando los intereses públicos están bien defendidos, pero tienen que actuar por sustitución cuando aquellos desisten o dejan de accionar o recurrir, porque, en caso contrario, no estarían defendidos correctamente los bienes y derechos públicos locales”, esgrime el consejero en defensa el derecho de la concejala socialista a recurrir ante el Supremo. “Este voto particular esgrime las bases esenciales en las que se sostendrá nuestro recurso ante el Supremo”, explica Mercedes González.
Como recuerda el vocal, el camino para la impunidad lo abrió el Ayuntamiento de Madrid. El despido de Paloma Herranz, la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) fue el primer acto para cerrar la vía administrativa y la posibilidad de recuperar el perjuicio económico que supuso para las arcas municipales la operación que el Tribunal de Cuentas, en una sentencia en primera instancia, cifró en 25,7 millones de euros.
La letrada, una experta en Derecho Público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, preparaba desde hacía semanas el recurso a la absolución en segunda instancia dictada por el órgano fiscalizador. Con su cese repentino, Almeida confirmaba que su gobierno había desistido de seguir adelante con el pleito para que el Tribunal Supremo se pronunciase. Las posibles repercusiones penales de la exalcaldesa de Madrid también quedaron archivadas por el juzgado de instrucción número 38 que sentará en el banquillo a otros acusados.
“No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles”, justificó el alcalde de Madrid su negativa a presentar un recurso que intentase recuperar el menoscabo para las arcas públicas- Almeida se negó a recurrir aunque solo tendría que haber hecho uso de un procurador (unos 5.000 euros). Diez días después de esa afirmación, el Gobierno municipal gastó 14.520 euros en un informe externo que aconsejó al Ayuntamiento no recurrir la condena absolutoria contra Botella y siete altos cargos de su gobierno.
El final de este caso contrasta con el de otra operación de las mismas características y ejecutada en paralelo: la venta de 3.000 viviendas por parte de la antigua empresa de vivienda de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo desestimó los recursos contra la sentencia del Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que anuló la venta: a diferencia de lo que ha ocurrido con el Ayuntamiento, la operación se tendrá que revertir.
La única similitud en estos casos es que las administraciones gobernadas por el PP siempre se posicionaron a favor de Botella y González y en contra de los inquilinos. Mientras en el caso de la venta del Ayuntamiento dejaron el recurso en un cajón, desde la Comunidad de Madrid han anunciado que recurrirán de nuevo la reversión.
