El final de una polémica venta con la que Ignacio González intentó hacer caja en lo peor de la crisis
El Gobierno de la Comunidad de Madrid capitaneado por Ignacio González despojó en 2013 al antiguo Instituto autonómico de la vivienda (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran hasta entonces de titularidad pública al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros. En plena crisis económica, cientos de familias que pagaban alquileres sociales se vieron afectadas: su nuevo casero los dejaba en la calle o aprovechaba para encarecer considerablemente sus rentas. Muchos de los inquilinos acudieron a los tribunales, que uno tras otro, han fallado contra la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo acaba de cerrar uno de sus pleitos, desestima los recursos contra la sentencia del Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que anuló la venta.
En lo más gordo de la crisis, el Gobierno de Ignacio González decidió hacer caja con las viviendas sociales para obtener liquidez en la Comunidad que presumía de ser la locomotora de España y ejemplo de prosperidad económica.
Fue una operación en paralelo y calcada a la que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Madrid por parte del Gobierno de Ana Botella, que enajenó otras 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. El objetivo era idéntico: vender patrimonio público, en forma de viviendas sociales, a fondos de inversión para obtener liquidez en plena recesión. Al menos así lo justificaron los gobiernos del PP que, desde Ayuntamiento y Comunidad, se desprendieron de golpe de casi 5.000 viviendas protegidas, en medio del clamor social y las protestas de la oposición. Las mayorías absolutas del Partido Popular decidieron pasar por encima de todas las críticas.
En el caso del Consistorio, la Cámara de Cuentas primero y el Tribunal de Cuentas después determinaron que la venta se hizo a un precio muy por debajo de mercado. En la Comunidad de Madrid, la memoria de justificación de la operación con apenas ocho folios de extensión y que firmó la gerente del IVIMA, Ana Gomendio, se limitó a exponer que las 32 promociones “no eran necesarias” y que la operación “resultaría doblemente positiva jurídica y económicamente en la medida en que garantiza la posición de los arrendatarios y maximiza el rendimiento del IVIMA” sin “alterar la función social”. No había ni rastro de datos económicos en el informe con la que el Gobierno avaló la operación. Por eso, los primeros fallos judiciales fueron en la línea de que la venta se sostuvo en “la llana afirmación” de que las viviendas no eran “necesarias” y sin informes de tipo económico que respaldaran semejante razonamiento.
Según la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, “los bienes y derechos que constituyan el dominio privado, cuando no sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, podrán ser enajenados”. Las numerosas sentencias que anulan la venta ponen en cuestión precisamente el hecho de que no fueran necesarias cuando estaban ocupadas por inquilinos que habían accedido a ellas por su limitado nivel de renta, a quienes en teoría se debería haber facilitado su compra a los diez años.
Algunos de los responsables de aquellas operaciones se encuentran ahora desempeñando labores en las diferentes empresas públicas de vivienda de Madrid. Diego Lozano, antiguo jefe de Gabinete de Ignacio González cuando se produjo la venta en la Comunidad de Madrid, ocupa actualmente el puesto de consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, nombrado por el Gobierno de PP y Ciudadanos que dirige José Luis Martínez Almeida.
Por su parte, Concepción Dancausa, que era concejala de Hacienda con Botella y que aprobó la venta de la EMVS en la Junta de Gobierno, es la actual viceconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Dancausa junto con Botella y otros cargos del Gobierno municipal fue condenada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros por el menoscabo a las arcas públicas. El mismo tribunal los absolvió en segunda instancia y el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida decidió no recurrir y agotar los plazos después de despedir a la abogada que preparaba el escrito días antes. El despido lo ejecutó el exjefe de gabinete de González, Diego Lozano, actual consejero delegado de la EMVS.
La posición del Alto tribunal este jueves se trata del principio del fin de una gran batalla que iniciaron en los tribunales los inquilinos afectados por la venta del Gobierno de Ignacio González, cuando se encontraron de un día para otro con un casero diferente y unas condiciones también opuestas. Pasaron de entenderse con la administración pública a hacerlo con un fondo buitre, que a los pocos meses comenzó a poner a la venta las casas en las que vivían cientos de familias.
Todos aquellos argumentarios políticos que prometían que nada iba a cambiar para los inquilinos se revelaron falsos.
La carrera judicial la inició un particular con un abogado de oficio, Rachid Bouikou, que este jueves ha ganado definitivamente en el Supremo su litigio en los tribunales contra la Comunidad de Madrid y Azona anulando la venta de las 3.000 viviendas. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó la venta. Además de la sentencia por el caso de Bouikou, hubo dos más del Tribunal Superior madrileño en el mismo sentido que actualmente se encuentran recurridas en el Supremo.
No siempre fueron buenas las noticias
El primer recurso de Rachid Bouikou y de los otros dos colectivos representados por la PAH desencadenó una larga travesía en los tribunales. En un primer momento, en 2016, la justicia no reconoció el derecho a recurrir la venta a los inquilinos. No tenía “legitimación activa” el denunciante, argumentó el juez. Este fallo en primera instancia fue ratificado posteriormente por el Tribunal Superior y los recurrentes no empezaron a ver la luz hasta que el Supremo les dio la razón a finales de 2017 y obligó a los juzgados a entrar en el fondo del asunto al considerar que esta compra menoscaba la “protección social” de los propietarios.
Después del fallo del Supremo, la primera sentencia histórica llegó en mayo de 2018. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital declaró nulas dos resoluciones del IVIMA (ahora Agencia de la Vivienda Social) que permitieron efectuar el traspaso de 32 promociones de vivienda protegidas por 201 millones de euros. A las semanas le sucedieron otras dos en la misma dirección.
Estas sentencias fueron recurridas por la Comunidad de Madrid y por el fondo buitre. El actual consejero de Transportes, Ángel Garrido fue el encargado entonces como presidente de la Comunidad de Madrid de capitanear su oposición a los inquilinos en los tribunales, y de justificar la venta. Garrido, entonces en el PP y hoy en las filas de Ciudadanos, optó en aquel momento por respaldar la gestión del muñidor de la operación, Ignacio González, a quien ya se le investigaba dentro del caso Lezo como cabecilla de una trama criminal. El gobierno de Garrido defendió que se trataba de una “decisión política legítima” y amparada “en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía y a la mejor eficacia en la gestión”.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló un año después y volvió a dar la razón a los inquilinos en segunda instancia en otras tres sentencias. El Superior señaló que la operación se encontraba “bajo sanción de invalidez” porque la condición de justificar que esas viviendas ya no hacían falta a la población madrileña es “imprescindible” y no se cumplió. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, esgrimió la sentencia sobre el informe de Gomendio anteriormente mencionado.
La sentencia, con un marcado carácter social, recordaba que toda la operación se llevó a cabo a sabiendas de que “quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social”. La Comunidad de Madrid y el fondo buitre volvieron a recurrir la sentencia, pero el Supremo los ha desestimado. Quedan todavía pendientes otros dos recursos en el Alto Tribunal.
La vía penal por esta operación se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la venta, apuntó en su momento el Ministerio Público, se apreciaban “irregularidades” pero no indicios de delito. Sin embargo, en ese mismo escrito animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.
La travesía no termina aquí. Si el Supremo vuelve a rechazar los recursos pendientes, se abrirá un “largo proceso”, según las defensas de los afectados, para revertir la operación del Gobierno de González. Recuerdan que el fondo buitre ha vendido muchas de las viviendas a terceros y otros muchos inquilinos han sido desahuciados.
