Vox renuncia a derogar las leyes LGTBI y a que Ciudadanos firme sus exigencias para investir a Díaz Ayuso

Vox rebaja sus exigencias para investir a Isabel Díaz Ayuso. La formación de extrema derecha ha presentado un nuevo documento de dos folios y medio a PP y Ciudadanos que elimina dos condiciones que antes eran irrenunciables: derogar parte del articulado de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid y cobrar a los países de origen la atención sanitaria de los migrantes sin papeles, pero mantiene otras banderas ideológicas matizadas como la aplicación “progresiva” del cheque escolar, empezando por la etapa 0-3, donde ya existen los cheques guardería desde 2004.

La líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, asegura que el documento “no es una novedad” ni para PP ni para Ciudadanos, pese a que los de Rivera han negado hasta el momento conocer la propuesta. “Hemos estado hablando con otros partidos. No es algo que impongamos de forma unilateral”, ha apuntado.

Vox también renuncia a que Ciudadanos firme sus exigencias y se conforma con un compromiso “verbal”. “Si lo hacen verbalmente es perfectamente válido, así se hizo en Murcia y el Gobierno está en marcha. No tiene que suponer una complicación. Con escuchar eso podemos funcionar todos”, ha confirmado. Otra de las cuestiones que salen del documento de Vox es la eliminación de consejerías, que era un escollo para Ciudadanos ahora que las carteras deben repartirse para formar un gobierno de coalición.

Monasterio ha aclarado también que su posición, si hay investidura, en la próxima legislatura estará en la oposición. “Como no coincidimos en el programa político y tenemos muchos puntos que nos distinguen, pasamos a la oposición”, ha avanzado. “Esto no nos compromete como socios de gobierno”, ha aclarado después.

Ni Partido Popular ni Ciudadanos han reaccionado de momento a la nueva propuesta.

Las exigencias que sí se mantienen

Más allá de un puñado de renuncias, Vox mantiene algunas condiciones polémicas, como favorecer que los recursos de Cooperación al Desarrollo, pensados para países con dificultades, se queden en la Comunidad de Madrid para “frenar la despoblación o mejorar las zonas marginales”.

La revisión de las “subvenciones con el fin de garantizar que los fondos no van destinados a entidades de carácter ideológico” también está incluida en el nuevo documento, que mantiene la demanda de “eliminar o reducir todos los impuestos de la Comunidad de Madrid” y hacer desaparecer los entes públicos que no “respondan a criterios razonables del uso del dinero público”.

Del mismo modo se mantienen las exigencias, parcialmente matizadas, relacionadas con los menores extranjeros no acompañados. Vox pide que se “revise y modernice la política de creación de centros bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos”, y exige que sean devueltos a sus países de origen si son mayores de edad. Aunque no lo incluye de forma explícita. La redacción de este punto queda así: “La administración regional se podrán en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes”.

En el ámbito educativo, Vox abandona la eliminación de parte de las leyes LGTBI pero introduce medidas que chocan con estas normas. Por ejemplo, quiere eliminar que el acoso por este motivo, muy habitual según las organizaciones, sea tratado con especial atención. El documento obliga a comprometerse a que “cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección”.

La propuesta matizada también exige de forma genérica “introducir mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos” y que se vele por el “derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”. El documento introduce el respeto a “la libertad de cátedra” en el que insistía el PP para respetar la autonomía de los centros reconocida por la ley.

Vox también se aferra a la aplicación “progresiva” del cheque escolar, un mecanismo de privatización para que la administración pague con cheques la educación privada, para tratar de mantener alguna de sus exigencias. El cheque guardería ya existe en la Comunidad de Madrid para las escuelas privadas desde 2004 en la etapa 0-3.

Como símbolo, la formación de extrema derecha también pide que se cambie el nombre de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia para introducirle el apellido “Natalidad” y forzar a la cartera a hacer políticas de incentivación y apoyo a la maternidad.

Propuesta de Vox para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso by eldiario.es on Scribd