La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tratado este martes de tirar balones fuera sobre su responsabilidad en el hundimiento de las viviendas en San Fernando culpando a la entonces alcaldesa de la localidad, de Izquierda Unida, de la decisión de llevar hasta allí la línea de Metro. Aguirre ha hecho tal afirmación en televisión, a pesar de que llevar la línea hasta la localidad y Coslada fue una de sus promesas electorales en la campaña de 2003 a la que se presentaba por primera vez como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una vez en el gobierno regional, cuya administración ostenta las competencias en Metro de Madrid, llevó a cabo las obras en tiempo récord para poder inaugurar las paradas de metro unos días antes de las elecciones de 2007.
Aguirre, que participa como colaboradora habitual en el programa Todo Es Mentira de Cuatro, fue preguntada por el derribo de las viviendas provocadas por la construcción de la línea de Metro. “El trazado del metro no iba por San Fernando, fue la alcaldesa de IU la que exigió para que sí lo hiciera”, defendió en televisión a pesar de la hemeroteca que demuestra que la medida era una de sus grandes promesas de campaña hasta el punto de que en 2003 se desplazó hasta la localidad al este de Madrid para presentarla. Allí, Aguirre señaló que esta ampliación del metro era un plan “ambicioso” que se enmarcaba en la promesa de construir más de 60 kilómetros de nuevas líneas.
El proyecto para llevar el Metro a San Fernando estuvo marcado desde el primer momento por la improvisación. Hasta el punto de que solo un año antes de su inauguración, el Gobierno de Aguirre decidió cambiar el trazado de la línea de Metro para incluir una parada más de metro que llegase hasta el hospital de Henares. La construcción comenzó a ejecutarse en 2004 pero sufrió importantes cambios en el trazado (y en el presupuesto) dos años después (2006) para incluir esa nueva estación. A pesar de este importante cambio en el proyecto, la obra llegó a tiempo para ser inaugurada casi en plena campaña electoral de los comicios de 2007, a los que Aguirre se presentaba a la reelección. La exlideresa del PP cortó la cinta para inaugurar una de las estaciones el 5 de mayo. Las elecciones fueron el 27.
Como informó elDiario.es en 2020, varios informes reflejan que el proyecto del Gobierno de Aguirre ignoró “la problemática geotécnica asociada a la presencia de materiales salinos” de la zona en los terrenos que hoy provocan el hundimiento de la estación de San Fernando. En el subsuelo de esa zona entre Coslada y San Fernando existía un gran depósito salino, restos de un mar prehistórico.
Los primeros informes para la ampliación de la línea, que obligó a cambiar el trazado original, alertaron de los riesgos porque los técnicos detectaron incluso cavidades en el terreno sobre el que debían circular los trenes. Sin embargo, no se estudió con detenimiento la geología del mismo pese al cambio de trazado. Lo importante era llegar puntual a la cita electoral. “Yo no soy de la constructora, ni de Metro ni de Mintra que era la empresa que decidía los trazados en el Metro de Madrid”, se ha excusado Aguirre.
Que las prisas electorales traerían consecuencias era algo de lo que había avisado una auditoría realizada un mes después de la inauguración de línea de Metro, el 18 de junio de 2007, por la dirección facultativa de la obra. Este informe achacó a la premura por “el problema electoral”, de todas las irregularidades sobre la construcción. La carrera por llegar a la cita electoral generó “problemas” con la limpieza final, “con la seguridad y con las pruebas y controles finales”, señala el dictamen técnico, al que ha tuvo acceso elDiario.es.
La estación de Henares se hunde y tras ella más de un centenar de viviendas de las calles aledañas. En 15 años ya se han derribado 27 viviendas afectadas por daños estructurales debidos a la construcción del Metro, y la cuenta no hace más que crecer. Según anunció la Comunidad de Madrid en diciembre, otras tantas sufrirán la misma suerte en los próximos meses, lo que llevaría a 54 el número total de hogares afectados.
Tal y como anunció el pasado 21 de diciembre el consejero de Transporte e Infraestructuras, David Pérez, las familias cuyas casas han sido declaradas ruinas recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido. La Comunidad calcula que este monto sería suficiente también para compensar el daño moral y para permitir a los vecinos encontrar una nueva vivienda en los actuales precios de mercado.