Las cuentas de Madrid están a día de hoy intervenidas por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha reducido en 2.000 millones la estratosférica deuda heredada por la mala gestión de su antecesor en el cargo: Alberto Ruiz-Gallardón, y cierra las cuentas cada año con 1.000 millones de superávit. Aún así, Hacienda, que nunca cuestionó lo que hoy la comisión de investigación de la deuda por la M30 ha dictaminado como “ruinoso” e “ilegal”, ha decidido ir contra la política de inversión de este equipo de Gobierno.
“Las obras fueron totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental”. Esta es la primera conclusión que recoge la comisión de investigación respecto a la sociedad Madrid Calle 30, pero hay más.
La comisión en la que han estado Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y por donde han pasado Ecologistas en Acción, el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y numerosos funcionarios y vecinos determina que obviar la preparacioÌn del estudio ambiental “fue totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebracioÌn de las elecciones del año 2007”.
Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos un año antes. Como adelantó eldiario.es, una auditoría interna de la empresa encargada del mantenimiento de la circunvalación (EMESA), revelaba que gran parte de los sistemas de control y seguridad de los túneles ya abiertos seguían sin funcionar o no estaban instalados.
Este punto también se recoge en las conclusiones del dictamen que determina que “las obras fueron inauguradas con importantes carencias y deficiencias que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio”.
Además, señala como responsable directo “por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid”, al equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-GallardoÌn por “un modelo de gestioÌn ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitacioÌn de los proyectos y gestión administrativa de los mismos llena de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control”.
El dictamen recoge una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la de elaborar “una auditoría ambiental que esclarezca el nivel de contaminacioÌn en el interior del túnel, en sus bocas de salida y en los pozos de extraccioÌn del túnel en los que el aire es filtrado uÌnicamente cuando la ventilacioÌn forzada se activa y, ademaÌs, parece que no todos los pozos cuentan con sistema de filtrado”.
Pasar a un modelo de gestión 100% público
Alberto Ruiz-Gallardón eligió un modelo de gestión semipúblico a través de una sociedad mixta, Madrid Calle 30, en la que el Ayuntamiento posee el 80% de las acciones y las constructoras (Ferrovial, ACS) el 20%, pero son las encargadas de la gestión y el mantenimiento de la M30. El dictamen de la comisión de investigación considera que “el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales; garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040”.
La primera recomendación del dictamen va en esa dirección y plantea la remunicipalización para que la sociedad vuelva a ser completamente pública. La trampas para ocultar así la deuda no sirvieron, por eso la comisión ha llegado a la conclusión de que debe revertirse “el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”.
Para ello, el dictamen recomienda “solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la Sociedad Privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30”.
Otro dictamen, esta vez de la Cámara de Cuentas de Madrid, apuntó en el mismo sentido. El organismo fiscalizador concluyó que aquel megacontrato para el mantenimiento de una obra que consumió 5.000 millones de euros en su día se ha convertido en otro pozo sin fondo para las arcas municipales.