“No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles”, defiende el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para justificar por qué su Gobierno renuncia a intentar recuperar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre “a un precio lesivo para el patrimonio público”, según una sentencia del Tribunal de Cuentas.
Los 25,7 millones son el valor que el Tribunal de Cuentas cuantificó que había perdido el Ayuntamiento con la venta y también la multa a la que fueron condenados a pagar de su bolsillo Ana Botella y siete altos cargos de su gobierno como responsables directos de esa operación. La exalcaldesa de Madrid y su equipo fueron absueltos por el mismo tribunal en segunda instancia, por dos votos contra uno. Dos consejeros a propuesta del PP, una de ella exministra de José María Aznar, marido de Botella, los salvaron. Ahora lo hace Almeida renunciando a que la última palabra sobre ese dinero público la tenga el Tribunal Supremo.
Almeida alega que su decisión es una forma de evitar el “derroche de dinero público”. Pero, ¿cuánto costaba al bolsillo de los madrileños ese recurso? Según fuentes jurídicas, al tener la empresa municipal de suelo una abogada en nómina que conocía el procedimiento, se trataría de una cantidad mínima, los honorarios que habría que pagar a un procurador para que se ocupe del procedimiento, unos 5.000 euros en total, según fuentes de la administración de Justicia.
Ese es el dispendio que el Gobierno de Almeida trata de evitar y el que le lleva a desistir de la pelea iniciada por la anterior Administración para tratar de recuperar en los tribunales los 25,7 millones de euros que la primera sentencia del Tribunal de Cuentas cifró como perjuicio a las arcas municipales. El Gobierno municipal nunca ha cuantificado el coste del supuesto derroche y que tampoco lo ha desglosado.
La responsable de presentar la denuncia fue Paloma Herranz, hasta la semana pasada directora de los servicios jurídicos de la entidad municipal. Herranz fue despedida de manera fulminante el viernes después de que llevara semanas preparando el recurso ante el Supremo. Su despido daba una pista de que la intención del nuevo Gobierno municipal era dejar el recurso en un cajón. Este domingo lo confirmaba el propio alcalde, que admitió abiertamente que iba a desobedecer un mandato del Pleno municipal que instaba al Ejecutivo a seguir adelante con el procedimiento –con los votos de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox–.
El plazo para presentar el recurso ante el Supremo expira el 27 de septiembre y la empresa municipal se ha quedado sin abogado cuando quedan 20 días. Nadie más que Paloma Herranz conocía en el equipo de la EMVS todo el proceso judicial contra esta venta de viviendas sociales a fondos buitre. Herranz había sido la abogada responsable con el anterior Gobierno de Manuela Carmena de la presentación de la demanda en el Tribunal de Cuentas que culminó con la sentencia condenatoria a Botella y otros siete altos cargos de su gobierno.
Fuentes de la empresa municipal consideraban que si el recurso se presentaba correctamente, “tenía muchos visos de prosperar”. La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero a propuesta del PSOE. Según fuentes de la entidad, los argumentos de la sentencia absolutoria “eran muy débiles”.
La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión. Cinco años después de la venta, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender las 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.
La durísima sentencia, con fecha del 27 de diciembre de 2018, concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al fondo de inversión por 128,5 millones. Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, que se basó en otro informe anterior de la Cámara de Cuentas, el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó siete meses después la sentencia contra la exalcaldesa y su equipo. El Tribunal de Cuentas estimó que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar “negligencia grave” al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera “impugnada en ningún modo”.
El valor de los pisos que vendió el Gobierno de Botella aumentó un 227% solo cuatro años después, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró en su memoria anual de 2017. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo subieron un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial 128,5 millones de euros. Según los cálculos del propio fondo de inversión, el valor de mercado en 2017 de esas casas estaba ya por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).
El actual alcalde de Madrid, que nunca fue partidario de recurrir, renuncia así a recuperar 25,7 millones de euros y a representar a las casi 2.000 familias madrileñas afectadas. El grupo municipal del PP cuando Almeida era líder de la oposición anunció que los condenados, Botella y el resto de compañeros de partido, recurrirían aquella primera sentencia. Ahora cuando han obtenido una sentencia favorable en el Tribunal de Cuentas, Almeida es el encargado de evitar que el Supremo se pronuncie. Según ha repetido el fin de semana se trataría de una “venganza estéril” y de evitar el “derroche” público. De 5.000 euros.