La Comunidad de Madrid se niega a recibir las 1.722 viviendas que el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora considera que debe volver a la administración autonómica tras el último fallo emitido en marzo por el Tribunal Supremo, que confirmaba la nulidad de la operación con la que el Gobierno regional de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas sociales al fondo a cambio de 201 millones de euros. Las diferencias en la interpretación entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el fondo de inversión que adquirió los inmuebles sobre las sentencias que se han emitido en este caso han terminado en los tribunales. EnCasa Cibeles, participada por Goldman Sachs y Azora, ha presentado una “demanda civil” — aclaran fuentes de la compañía — para devolver a la Comunidad las 1.722 viviendas que quedan en su poder y dar así “cumplimiento a la sentencia”. El resto de inmuebles que formaron parte del paquete adquirido ya han sido vendidos a particulares.
La Comunidad de Madrid realiza otra lectura de las sentencias que se han ido emitiendo y que ratifican el fallo inicial del juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 emitido en 2018. Fuentes oficiales de la Consejería de Vivienda y Administración Local, dirigida por David Pérez, explican que el fallo les obliga a “indemnizar exclusivamente al [único] demandante”, Rachid Bouikou. Además argumentan que la reversión de la venta “lesionaría el derecho de las más de 1.200 personas” que han adquirido alguna de esas viviendas. Estas fuentes también aclaran que no han recibido ninguna denuncia por parte de EnCasa Cibeles y reducen la actuación judicial emprendida por el fondo de inversión a “un incidente de ejecución [de sentencia] dentro de uno de los procedimientos existentes”.
171 familias piden a la Comunidad que revierta la venta
La tercera pata de este conflicto son los afectados, que también han empezado a moverse. La semana pasada 171 familias que viven en una de las viviendas vendidas por el Gobierno de González presentaron una solicitud de amparo ante la Comunidad de Madrid para que anulase la operación gracias a la que Goldman Sachs obtuvo cerca de 3.000 inmuebles de carácter social, divididos en 32 promociones distribuidas por varios municipios de la región.
La Comunidad no está de acuerdo con estas familias y no considera que la sentencia ampare que todas los inmuebles vuelvan a ser gestionadas por el Ejecutivo autonómico. Fuentes de la Consejería de Vivienda se aferran a una “providencia” emitida por el juzgado de primera instancia que tutela este procedimiento y que, aseguran, “en su doctrina implica que la sentencia no se aplica a las viviendas arrendadas por quienes no recurrieron”. A pesar de citar ese papel como la clave de todo en sus explicaciones a esta redacción, desde el departamento que preside David Pérez se niegan a facilitar ese documento a elDiario.es.
El último movimiento que se ha producido en la causa para conocer el impacto que va a tener esta sentencia ha sido la admisión a trámite de un recurso de reposición interpuesto por la defensa del denunciante. En un auto emitido el 21 de octubre por el juzgado de primera instancia que tutela este procedimiento, el magistrado acuerda “iniciar dos incidentes” para “determinar si procede” anular el acuerdo adoptado en junio por la Agencia Social de la Vivienda “en lo relativo a restringir el alcance de la sentencia que se pretende ejecutar a la vivienda que ocupa” el impulsor de esta causa o “si procede requerir a Azora Gestión y Encasa Cibeles a que se abstengan y cesen en toda actividad tendente a la enajenación”.
Los afectados piden que no se notifiquen fechas de desahucio
Para Javier Rubio, abogado que defiende al centenar de inquilinos que pidieron hace unos días que se ejecute la sentencia, la interpretación que realiza la Comunidad de la sentencia es “interesada y hasta cierto punto fraudulenta”. Rubio considera que con este fallo la administración debería “restaurar la legalidad al momento anterior al acto que se ha anulado”. Los afectados también piden que no se notifiquen fechas de desahucio durante la pandemia, el letrado que les representa explica que los avisos de lanzamiento están llegando, “aunque en el último momento se están suspendiendo”. Un portavoz del fondo asegura que “desde que se declaró el estado de emergencia por COVID-19, Encasa Cibeles no ha desahuciado a ningún inquilino”. Aún así, Rubio explica que esas notificaciones somete a los afectados “a un estrés que muchos no pueden soportar”.
La venta de las 3.000 viviendas sociales que llevó a cabo la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de González quedó anulada de forma definitiva este año, después de que el Gobierno regional que ahora preside Isabel Díaz Ayuso se negase a llevar el asunto al Tribunal Constitucional, como adelantó Infolibre. El proceso judicial fue iniciado en 2013 por uno de los inquilinos de estos inmuebles, Rachid Bouikou, al único al que la Comunidad de Madrid pretende indemnizar por el momento.
Fuentes autonómicas aseguran que están “negociando un nuevo contrato” con el denunciante. El Gobierno regional maneja dos opciones: que su casa “vuelva a la agencia de vivienda” autonómica o que se mude a un inmueble del parque público de la Comunidad. Por su parte, fuentes cercanas al denunciante aseguran que “hasta este momento lo que ha ofrecido [el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso] es seguir en su casa”. La administración autonómica “le ha pedido al registro de la propiedad de Navalcarnero [municipio en el que reside] que anule la inscripción de la compraventa” de la finca del denunciante.
La Comunidad ha encadenado varapalos judiciales
La Comunidad de Madrid ha ido encadenando varapalos judiciales en esta causa desde primera instancia hasta el Supremo. Ningún juzgado ni tribunal ha estimado la argumentación del Gobierno autonómico para hacer caja con la venta de cerca de 3.000 viviendas sociales en lo más duro de la crisis económica anterior. El último fallo en contra fue emitido en marzo, en una providencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad promovido por el letrado de la administración autonómica. En noviembre los mismos magistrados rechazaron los recursos de casación presentados por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión S.L. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013, con la que se adjudicó al fondo de inversión 32 promociones de viviendas.
En uno de los primeros fallos que suspendió la venta de las viviendas sociales desde el juzgado se argumentó su decisión alegando que la Comunidad no justificó convenientemente por qué se deshacía de las 3.000 viviendas del IVIMA. “Una cosa es la existencia de una motivación escueta y, otra distinta, que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, recordaban los magistrados del Supremo en el auto emitido el 29 de noviembre. “A todo lo anterior no resulta ajeno el carácter social de las viviendas -fines del IVIMA- sobre el que tienen incidencia la enajenación proyectada”, apuntaban los magistrados.
En los recursos presentados por la Comunidad ante el alto tribunal su letrado ha tratado de limitar las consecuencias de la decisión judicial al caso específico de Bouikou para así evitar el conflicto al que ahora hace frente con el futuro de millares de viviendas en el aire. Sin embargo, el Supremo ya rechazó este aspecto por no tener relación con la sentencia recurrida en el TSJM.