En huelga, pero trabajando. A los médicos de Atención Primaria de Madrid no les ha quedado otra. Arranca este lunes la huelga indefinida convocada por el sindicato mayoritario de médicos de la región, Amyts, para protestar contra el caótico plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Sin embargo, Sanidad ha impuesto a los sanitarios garantizar los servicios mínimos del 100%, lo que en la práctica les impide ejercer su derecho básico de huelga. “Nos tratan como a los militares, aunque nosotros sí que estamos tutelados por la Constitución”, denuncia Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, durante la protesta de este lunes en frente de la Consejería de Sanidad. “No está en el ADN de los médicos dañar a los pacientes. Lo único que va a cambiar es que vamos a trabajar con una pegatina en la bata que dice que somos servicio mínimo”.
Al grito de “escucha Ayuso, con los sanitarios cometes un abuso”, “así nos premian después de la pandemia” y “Escudero, dimisión”, una decena de médicos y enfermeros se han manifestado en la puerta de la consejería para expresar su rechazo hacia la gestión de Sanidad en la reapertura de las urgencias. El sindicato, el único que no había firmado el preacuerdo con la Comunidad, insiste en la imposibilidad de reabrir 80 dispositivos en toda la región con solamente el personal de los 41 Servicios de Atención Rural (SAR), y reclama la contratación de más personal, con un incremento de al menos 200 facultativos.
“Han destrozado el servicio de atención rural, que funcionaba perfectamente, para poner en marcha 80 puntos de atención continuada que están en su mayoría cerrados o sin médico”, denuncia Edith Pérez, exinterina en el SAR de Buitrago del Lozoya. Desde la semana pasada, ha sido reubicada al centro de Barajas, a 70 kilómetros de su domicilio. “He dejado un empleo fijo para el puesto de Buitrago, porque me permitía estar más cerca de mi casa. Ahora me es imposible conciliar mi vida familiar”, explica.
Tras una primera semana marcada por un caos sin precedentes –entre cambios de planillas, centros sin el material necesario, traslados forzosos, viajes en Uber en mitad de la noche, crisis de ansiedad de los sanitarios y una cascada de dimisiones en Atención Primaria– los sindicatos Satse, CCOO, Csit y UGT rompieron el preacuerdo con Sanidad, aunque no se sumarán a la huelga. “Es la única forma que tienen los profesionales para denunciar el grave escenario vivido con la protesta fuera de su horario laboral y en su horario de descanso”, insiste Hernández. El sindicato, que alerta del fuerte estrés y que está afectando a los sanitarios que han visto desarticular sus equipos de trabajo, ha contabilizado en “más de 20” las renuncias de facultativos.
El 27 de octubre se puso en marcha el plan de reapertura de los 37 antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que el Gobierno regional cerró justo una semana después de que se decretara el estado de alarma por la COVID-19. Para hacerlo, la Consejería ha recurrido al personal de los antiguos SAR y a voluntarios de Atención Primaria, ya que pretendía tener en funcionamiento 80 urgencias con la mitad del personal necesario.
El plan no convenció desde el principio a los sindicatos del sector, que convocaron una huelga mientras negociaban con el Gobierno regional. La víspera de la convocatoria, Satse, CCOO, Csit y UGT concedieron una tregua a Sanidad y subscribieron el nuevo plan de la Consejería, alegando que se habían conseguido mejoras en las condiciones laborales de los sanitarios, sin lograr aumentar el número de facultativos hasta llegar a los que había antes de la pandemia.