El Gobierno de PP y Ciudadanos en la ciudad de Madrid acabará en los próximos meses con otra norma de Manuela Carmena que fomentaba el asociacionismo y las sinergias de las entidades sociales con la administración municipal a través de convenios, subvenciones y cesiones de locales. El Área de Transparencia, competencia de Silvia Saavedra (Ciudadanos), ya ha dado órdenes a los concejales de distrito para que dejen de aplicar la ordenanza de colaboración público-social, según adelantó ABC, y el objetivo es derogarla.
El trámite se alargará previsiblemente hasta el mes de junio porque debe votarse en Pleno. En estos meses, el Ayuntamiento creará una comisión de seguimiento para dictar cómo proceder y, mientras tanto, trabajará en la modificación del reglamento orgánico de Participación Ciudadana para regular por esta vía los acuerdos con entidades de la sociedad civil.
Las nuevas directrices obligarán a que las cesiones sean, salvo casos “excepcionales”, por concurso público, impulsarán los proyectos orientados a la promoción de “la ”protección de la familia“ y exigirán a todas las entidades que quieran optar a estos recursos públicos tener la declaración de ”utilidad pública“, concedida por el Ministerio del Interior.
Fuentes del Consistorio aseguran que los “únicos criterios que guían esta reforma son lo de técnica jurídica”. “La ordenanza es un instrumento normativo que carece de justificación y contribuía a complicar el ordenamiento jurídica municipal”, justifican fuentes del Consistorio, que aseguran que las cesiones ya existentes se mantendrán vigentes hasta que caduquen. No se retirarán. Por otra parte, las mismas fuentes explican que, “como con las subvenciones”, el Gobierno apuesta por la “libre concurrencia”. “El mejor proyecto será el que gane la cesión”, apuntan.
La norma para la colaboración público-social se aprobó en 2018 con los votos en contra de PP y Ciudadanos (ahora en el Gobierno) y formó parte de uno de los principales ejes de la política de Carmena. Los entonces portavoces de la oposición, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, consideraba que la norma, pionera, podría ser utilizada “ de manera arbitraria y discrecional” porque era muy “genérica” y no contemplaba suficientes “mecanismos legales”.
La regulación reúne un un solo texto las diferentes normas existentes y las organiza, según explicó el concejal Nacho Murgui, de Más Madrid, el día de su aprobación en Pleno. Consta de 15 páginas y distingue varios tipos de instrumentos para canalizar esa colaboración público-social: los participativos, los convencionales, los de fomento y los de gestión patrimonial. La ordenanza permite dar subvenciones y ceder el uso de inmuebles de titularidad municipal de forma directa y sin concurso, pero no de manera habitual.
“Con carácter general” se hará por concurso público, según recoge literalmente el texto, aunque se abre la puerta a la “selección directa” “cuando la normativa sectorial aplicable así lo permita, y en atención a la materia de las actividades propuestas, a las características de los espacios, edificios o bienes en los que se vayan a desarrollar o a las características de las entidades o colectivos ciudadanos que las promuevan”. Este es uno de los argumentos que emplea el Gobierno para justificar la derogación: que quiere poner fin a las decisiones “a dedo”.
El Gobierno municipal ya retiró en los presupuestos aprobados en diciembre subvenciones nominativas a decenas de entidades. A otras se las rebajó, aunque también, pese al discurso reiterado en contra de las ayudas directas, dio algunas nuevas. Cuando estaba en la oposición, Ciudadanos acusó reiteradamente al equipo de Carmena en el anterior mandato de entregar recursos públicos a organizaciones afines. A ello se suma la ofensiva de Vox a los colectivos vecinales de barrio y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la desigualdad, la LGTBIfobia o el cambio climático.
Además, el equipo de Almeida y Villacís eliminó los Foros Locales, estructuras de participación ciudadanas con poder de decisión, nada más llegar al Palacio de Cibeles; y no va a convocar en 2020 los presupuestos participativos, aunque ejecutará los que están pendientes del mandato de Carmena. En la misma línea, el Consistorio ha anunciado que terminará con el Observatorio de la Ciudad, un órgano innovador formado por 49 ciudadanos elegidos por sorteo que podían “intervenir en el diseño de las políticas públicas”.