El Ayuntamiento de Madrid está revisando el modelo de gestión de Madrid Calle 30 porque podría suponer un coste para el Consistorio de 2.550 millones de euros si la gestión se mantiene hasta 2040 como dejó estipulado el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado en el pleno del Ayuntamiento celebrado este martes que un equipo “compuesto por personal especializado” está estudiando el modelo de gestión heredado de los gobiernos de Gallardón y Botella. El Consistorio quiere cambiar ese modelo de gestión que ha costado ya a los madrileños 554 millones de euros entre 2005 y 2015 y que, de mantenerse, podría ascender a los más de 2.550 millones, según sus cálculos. “De mantener ese modelo el exceso supondría los 2.500 millones de euros hasta la finalización del modelo de gestión del PP”, denunciaba Mato.
Mato respondía a la pregunta del diputado de Ciudadanos, Sergio Brabezo, que preguntaba por los planes del Consistorio sobre la gestión de Madrid Calle 30. Brabezo además ha acusado al Gobierno de Carmena de “filtrar parcial e interesadamente” informaciones relativas a la empresa mixta a los medios.
Madrid Calle 30 es una sociedad mixta donde el Ayuntamiento tiene el 80% de las acciones y la empresa privada EMESA el 20%. La fórmula utilizada por Gallardón para levantar su obra estrella ha sido cuestionada reiteradamente por el Gobierno de Ahora Madrid que preside Manuela Carmena, que además ha amenazado con emprender sanciones contra la adjudicataria después de que los técnicos municipales hubiesen detectado pagos por duplicado a las constructoras e incluso facturas por servicios que no se realizaron.
Tras la comisión de investigación sobre la venta de las viviendas sociales a los fondos buitre que concluyó esta semana, la obra de la M30 es la próxima que fiscalizará el Ayuntamiento de Madrid. La Cámara de Cuentas de Madrid, en su informe de fiscalización de la obra conocido hace unos meses, advirtió que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propuso rescatar la concesión, sobre todo porque desde 2011 el Ayuntamiento ya tuvo que asumir como propia la deuda de la obra.