El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya tiene destino en el Ayuntamiento de Madrid. González reingresará como funcionario del Consistorio 20 años después en el puesto de consejero técnico, con un nivel de completo de Destino 28. Este puesto está adscrito a la Subdirección General de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario, informan a eldiario.es fuentes municipales.
Tras pasar 200 días en prisión preventiva, acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Lezo, una red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II, González solicitó en julio reincorporarse a su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, la que abandonó hace más de 20 años para desempeñar responsabilidades políticas en distintos Gobiernos del Partido Popular. González es funcionario del grupo A con un nivel 30.
Ignacio González tiene ahora un mes para incorporarse al puesto o recurrir la decisión del departamento de recursos humanos del Ayuntamiento. El trabajo que desempeñaría en ese puesto de aceptarlo, sería el redactar informes jurídicos en materia de Recursos Humanos.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha notificado a González de su nuevo destino. “Este ayuntamiento no ha recibido hasta el momento ninguna comunicación del interesado diferente a la del mes de julio en la que pedía su reingreso”, defienden desde el Consistorio en referencia a diferentes informaciones que aseguraban que González habría reclamado por la plaza.
El expresidente madrileño se encontraba en excedencia desde 1996, pero el pasado 24 de julio solicitó su reincorporación al cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Fue entonces cuando el Consistorio de la capital solicitó información al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la causa del caso Lezo, acerca de si González tenía “algún tipo de inhabilitación” debido a los graves delitos que se le imputan derivados de su gestión pública y que le hicieron pasar 201 días en la cárcel.
El juez aclaró que no existía “ninguna medida cautelar que inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública” a Ignacio González y dejó el asunto en manos del Gobierno de Ahora Madrid: “Deberá ser el Ayuntamiento de Madrid quien adopte la decisión que estime pertinente de acuerdo con lo que disponga la legislación de funcionarios públicos que resulte aplicable”.
Una vez recibida esta comunicación del juzgado, “el procedimiento siguió el curso establecido y habitual”, señalan fuentes del Consistorio, hasta el pasado viernes 19 de octubre, día en el que se firmó la resolución relativa a la solicitud de reingreso de Ignacio González González. “Dentro del margen que establece la ley”, aseguran estas mismas fuentes.
El último puesto que ocupó González en el Ayuntamiento fue el de director de Servicios Generales de la Primera Tenencia de Alcaldía. Sus competencias eran comunicación, servicios informativos, documentación y publicidad institucional. Le nombraron el 1 de agosto de 1995 y ocupó el puesto hasta 13 de mayo de 1996. Es en ese momento cuando empieza su excedencia al ser nombrado subsecretario de Estado de Educación y Cultura en el Ministerio que entonces ocupaba Esperanza Aguirre.
El cabecilla del caso Lezo
Ignacio González fue detenido en abril de 2017 en el marco de la Operación Lezo. Los investigadores lo sitúan como el cerebro de la trama y el sumario acumula pruebas que lo vinculan con las diferentes ramas de la causa. El expresidente de la Comunidad está acusado de haber recibido comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. Los investigadores señalan que se cobraron más de cinco millones de euros en comisiones por la compra de la firma Emissao por parte del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
El sumario del caso también le atribuye un papel central en el presunto amaño del Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.