El Ayuntamiento de Madrid restringe los pisos turísticos solo a los bajos y los primeros de los edificios

El Ayuntamiento de Madrid da el primer paso para modificar el plan de Manuela Carmena para poner freno a los pisos turísticos y preservar el uso residencial del centro urbano. El área de Desarrollo Urbano, gestionada por Ciudadanos, solo permitirá que estos apartamentos se instalen en los bajos o primeras plantas de los edificios –siempre con la condición de que no haya vecinos abajo–, pero retira la exigencia de que las casas tengan un acceso independiente (diferente al portal). Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno de este jueves. La previsión es que una gran parte de los apartamentos que ya existen –y que ahora están en la ilegalidad– tengan que cesar su actividad.

La corporación ha integrado estos cambios, del nuevo Plan Especial de Uso Terciario-hospedaje, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que recoge todas las normas urbanísticas de la ciudad. A lo que se ha dado luz verde es solo un avance del plan, que ahora inicia el periodo de consulta pública y prevé completar su tramitación dentro de un año. Entonces estas nuevas restricciones entrarán en vigor. “Es una manera de limitarla y hemos hablado con todo el sector”, ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Gobierno de Ahora Madrid aprobó el Plan Especial para frenar la conversión de viviendas habituales en pisos de uso turístico en marzo de 2019, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, que prometieron poner fin a las medidas si ganaban las elecciones. La corporación ha tardado más de dos años en proponer una alternativa a la regulación de Carmena porque estaba, asegura, a la espera de lo que dijeran los tribunales.

Esta normativa fue recurrida por diferentes plataformas y asociaciones de propietarios. A finales de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó el plan de Ahora Madrid. Pese a ello, el Ayuntamiento siguió adelante con su idea de derogar la normativa. “Algo que sea legal no significa que sea eficaz. Entendemos que la solución no pasa por prohibir sino por regular las condiciones”, argumentaron entonces.

La solución finalmente adoptada, sin embargo, es más restrictiva de lo esperado. “Somos sensibles a los vecinos, hay que garantizar la convivencia y la vida de los barrios”, ha defendido Villacís. La decisión responde, en gran parte, al descontrol actual que tiene la administración de este negocio que está transformando la idiosincrasia de las ciudades. Se calcula que hay unas 14.000 viviendas dedicadas al uso turístico en Madrid y el 98% son ilegales, según datos del Ayuntamiento previos a la pandemia.

¿Cómo se explica esto? Porque los propietarios no solicitaron licencia al Ayuntamiento cuando se aprobó la nueva regulación ya que sabían de antemano que sus pisos no cumplían los requisitos exigidos. El acceso independiente ya dejaba fuera a la mayor parte. El objetivo del nuevo plan es “aflorar la actividad económica para controlarla”, explican en Desarrollo Urbano.

El Ayuntamiento asegura que está llevando a cabo una “intensa” campaña de inspección y cifra en 425 los expedientes abiertos a viviendas ilegales. El proceso, dicen fuentes municipales, se alarga después porque los afectados recurren y en la práctica es administrativamente lento llegar a precintar un piso con esta actividad pero sin licencia.

Ciudadanos, responsable de Urbanismo, ha decidido mantener la división de la ciudad en anillos concéntricos porque, según el delegado, “son correctos para evitar la terciarización” de la ciudad. El primero coincide con los límites del distrito de Centro; el anillo 2 comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. El tercero se extiende a barrios de los anteriores distritos, a los que se suman otros barrios de Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. Esta segmentación se hace en función de la saturación de pisos turísticos y define- en qué medida pueden implantarse edificios completos dedicados a este negocio.

Madrid Aloja, la asociación que agrupa propietarios de pisos turísticos en la capital, no está contenta con el Plan Especial que ultima el Ayuntamiento. La patronal calcula que el 70% de las viviendas actuales no cumplirían con la normativa porque están en alturas superiores. Por eso, va a pedir a la corporación municipal que exima de la nueva normativa a los 10.000 pisos operativos antes del plan del Gobierno de Manuela Carmena. “Para partir de una cierta paz se deberían quedar las que ya estaban”, señala su presidente, Adolfo Merás, en conversación con elDiario.es, para quien el criterio elegido por el Ayuntamiento no es “científico”. “No es lo mismo Malasaña que Vicálvaro”, añade.

Otros cambios en las normas urbanísticas

A cambio de estas restricciones, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana permite dar el uso hospedaje a parcelas no calificadas como residenciales. Por ejemplo, un promotor puede comprar un terreno industrial para hacer un edificio de apartamentos turísticos, con la condición siempre de que el inmueble en su totalidad se dedique a esta actividad.

Hay más ventajas. Las terrazas no computarán, una vez se apruebe el nuevo PGOUM, en la edificabilidad. El área de Desarrollo Urbano argumenta que toma esta decisión para favorecer que se construyan balcones, una necesidad mucho más apremiante a raíz de la pandemia. Además, el Ayuntamiento aplicará incentivos a los constructores y promotores que inviertan en crear superficies verdes (en fachada o cubierta), como más edificabilidad o más capacidad de ocupación. En las normas se llamará “el factor verde”.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana regula como novedad el cohousing y el coliving con una nueva categoría denominada “residencial compartido”. El área de Desarrollo Urbano aclara que la regulación no pretende “favorecer” que se viva de esta manera, sino “dar todas las posibilidades”. La actualización también da respaldo legal a los lofts frente a lo que ahora hay en vigor que obliga a determinados metros cuadrados en habitación o baño.

La modificación también permitirá cambios en los usos. Por ejemplo, las parcelas dotaciones (para servicios públicos) podrán destinarse a vivienda pública. “Es un plan absolutamente innovador”, ha rematado la vicealcaldesa.