Ayuso trata de enterrar el caso de la comisión de su hermano con su férreo control de la Asamblea y Telemadrid

La oposición en la Asamblea de Madrid, representada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, se ha encontrado con un bloqueo constante para poder investigar todo lo relacionado con el contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó a dedo en plena primera ola de la pandemia a la empresa Priviet Sportive, desvelado por elDiario.es, y por el que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobró una comisión de al menos a 55.850 euros más IVA. Todas las iniciativas que han presentado las formaciones de izquierdas en la Cámara de Vallecas se han tumbado desde la Mesa en la que el PP tiene la mayoría con capacidad de bloqueo al ostentar cuatro puestos de siete. Esta posición también ha contado con la connivencia de Vox, que ha decidido apoyar a Ayuso en este tema.

El entierro de este caso que investiga ya la Fiscalía Anticorrupción, y por el que ya se ha llamado a declarar como testigo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también se ha enterrado en Telemadrid, la televisión pública regional. El objetivo que se fijó la presidenta regional tras su amplia victoria en los comicios del 4M –controlar la Mesa y el ente público– ha dado sus frutos. Y ha conseguido bloquear cualquier investigación o mención sobre el contrato y su hermano.

El argumento por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid con el que se han topado Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos resulta “sorprendente” para estos grupos parlamentarios. En una de las respuestas a la comisión de investigación conjunta presentada por estas tres formaciones, el órgano que funciona de filtro para todas las peticiones de los grupos representados en el Parlamento regional, defendió que se trataba de una cuestión que “excede a las competencias de la Comunidad de Madrid” a pesar de que lo que se planteó fue una investigación de todos los contratos de emergencia durante la COVID-19 por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es la misma Mesa que en julio del año pasado decidió avalar una comisión sobre el control de Barajas de la pandemia pese a que el aeropuerto es de gestión estatal.

En el caso que compete al contrato en el que está involucrado el hermano de Ayuso, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la creación de una comisión de investigación con el objeto de analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la COVID-19, entre los que estaría el anteriormente mencionado. Desde el PP, que controla la Mesa y el Gobierno regional, siempre han defendido que se trataba de una “inquisición general” contra la presidenta. Y, desde la oposición, califican de “intolerable” el bloqueo que impide su labor de fiscalización.

Pero las cuatro comisiones de investigación registradas –todas ellas tumbadas por la mayoría del PP y la abstención de Vox– no son las únicas medidas impulsadas por los partidos de izquierdas que han fracasado gracias al bloqueo de la Mesa. Más Madrid también solicitó la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, cuyo departamento tramitó el expediente del contrato, la del empresario amigo de la familia Ayuso propietario de Priviet Sportive, Daniel Alcázar, y la del hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso. Todas estas peticiones se han impedido. También la de que Isabel Díaz Ayuso comparezca en el Pleno regional para responder a las preguntas de la oposición sobre esta cuestión.

El control de la Mesa por parte de Ayuso

Tras las elecciones del 4 de mayo, Ayuso tenía claro que el PP debía controlar la Mesa de la Asamblea después de haber perdido la mayoría y la Presidencia de la misma en favor de Ciudadanos, su socio de Gobierno, en la legislatura anterior. Esa pérdida de control a cambio de tener el apoyo de los de Inés Arrimadas para la investidura le ocasionó a la presidenta regional varios dolores de cabeza. Ciudadanos impulsó junto a PSOE y Vox la comisión de investigación sobre la empresa semipública Avalmadrid que concluyó que hubo “trato preferente” en el crédito que cobró la empresa del padre de Ayuso, y que nunca se devolvió.

También gracias a los votos Ciudadanos se impulsó –aunque finalmente decayó con la convocatoria electoral– una comisión sobre lo ocurrido en las residencias de mayores y los protocolos que impidieron la derivación de los mismos durante la primera ola de la pandemia. Ambas comisiones avaladas por el socio de coalición molestaron especialmente a Ayuso: una por tratarse de un tema sobre su familia –como ahora ocurre con su hermano– y otra porque ponía en entredicho la gestión del Gobierno durante la pandemia.

Por eso, tras las elecciones que supusieron la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea regional Ayuso tuvo claro que no perdería de nuevo la mayoría de la Mesa y se aseguró cuatro de los siete puestos que la configuran. No importó que Vox pidiera la Presidencia y algún puesto más para asegurarse el control de la misma, y la formación de Santiago Abascal terminó por quedarse solo con un puesto que no es determinante. De esta forma, el PP ha podido bloquear cualquier iniciativa que le incomoda y el contrato de su hermano es uno de esos temas que le chirrían. También la presidenta de la Cámara regional, Maria Eugenia Carballedo, le ha servido a Ayuso de escudo en los plenos cuando la oposición ha mencionado al hermano de la presidenta haciendo alusión a las investigaciones desveladas por elDiario.es.

El PP contraataca contra familiares de otras formaciones

La oposición, sin embargo, no desiste y en cada Pleno le recuerda a la presidenta regional el contrato público por el que su hermano Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, planteó en una de las sesiones de control de hace unas semanas diez preguntas sobre esta adjudicación y cada jueves le reprocha que todavía no han sido respondidas por parte de la presidenta.

Este jueves, Ayuso contraatacaba acusando al padre del diputado socialista, también llamado Juan Lobato, de “avalar” como abogado de la asesoría jurídica de Funeraria el contrato de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid judicializado por el que el empresario Alberto Luceño y Luis Medina cobraron comisiones millonarias. La dirigente del PP lo hacía a pesar de ser consciente de que los servicios jurídicos de la empresa municipal nunca hicieron ningún dictamen sobre dicha adjudicación puesto que el contrato se gestionó íntegramente desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Funeraria solo pagó el montante.

El padre de Juan Lobato comparecía por la tarde desde la Asamblea regional para responder a las acusaciones de la presidenta. Lobato dejaba claro que su departamento nunca tuvo conocimiento de este contrato y, por tanto, nunca avaló de ningún modo la compra. También dijo desconocer si la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid había elaborado algún informe en ese sentido. Por ello, Lobato padre pidió que la presidenta se disculpase públicamente de las palabras vertidas en sede parlamentaria. “No valen las disculpas en privado”, advirtió.

El portavoz del PSOE y secretario general de los socialistas de Madrid considera que Ayuso “ha cruzado una línea roja” al mentir abiertamente sobre su padre. Lobato recuerda que Tomás Díaz Ayuso, que sí ha cobrado una comisión por un contrato de la administración regional, tal y como reconoció la propia Ayuso, aún no ha dado explicaciones en sede parlamentaria como ha solicitado la oposición. De hecho, el hermano de la presidenta se encuentra en “paradero desconocido” después de que el Ayuntamiento de Madrid tratara de citarlo para la comisión de que investiga el supuesto espionaje contra la presidenta contratado desde otra empresa municipal.

Control total de Telemadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha logrado que desde la televisión pública no se hable de su hermano ni del contrato de mascarillas que su gobierno adjudicó a la empresa propiedad del amigo de su familia. Si controlar la Mesa de la Asamblea fue un objetivo claro de Ayuso, otro fue Telemadrid. La presidenta regional ha logrado en solo nueve meses, gracias al apoyo de Vox, asaltar la televisión pública con dos reformas legislativas.

Con la primera, tramitada por la vía de urgencia en julio, solo un mes después de ser investida, conseguía tumbar a la dirección que le era incómoda, que había sido elegida por amplia mayoría en la Asamblea. Con la nueva reforma aprobada este mismo jueves podrá nombrar una nueva dirección con mayoría simple antes de que se celebren las elecciones de dentro de un año. Falta por ver si la investigación de la Fiscalía reaviva un tema que incomoda especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.