El Canal de Isabel II tiene un nuevo director general. El Consejo de Administración ha acordado este miércoles el cese de Adrián Martín, en ese puesto desde 2009, y su relevo por Rafael Prieto. Esa renovación, la tercera de un cargo directivo en menos de un mes, abre la puerta a nuevos cambios en el organismo público, que busca dejar atrás una etapa marcada por los vínculos con la trama corrupta Púnica, las irregularidades en la gestión y las acusaciones de nepotismo.
Adrián Martín seguirá en el Canal, porque su estatus laboral es similar al de un funcionario, pero ocupará otras responsabilidades. A mediados del mes pasado el director de Seguridad, Luis Miguel Garrido, fue cesado tras admitir que había mantenido el dispositivo de seguridad de Ignacio González cuando este dejó de presidir el ente público.
Ese mismo día, el 14 de abril, Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa, una sociedad propiedad del Canal, dimitió después de que El Confidencial publicase que dirigía tres empresas gestionadas por el bufete panameño Mossack Fonseca. Según reflejaba ese mismo medio, era un estrecho colaborador de Ignacio González desde que aterrizó en el Canal en el año 2006.
Ahora el relevo afecta al número dos del Canal de Isabel II, el director general, la persona que se encarga de la gestión del día a día. Por encima de ese puesto solo está la Presidencia, ocupada siempre por un cargo político y que ahora recae en el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, mano derecha de la presidenta Cristina Cifuentes y de quien ha partido esta renovación.
Adrián Martín abandona el puesto tras haber tenido que dar la cara en los últimos meses por los distintos escándalos que han salpicado al organismo público. Según la agencia Efe, Martín había pedido hace tiempo abandonar sus responsabilidades, que le han obligado comparecer en la Asamblea de Madrid en diversas ocasiones para dar explicaciones sobre contratos irregulares, relaciones con la trama Púnica o contratación de familiares y amigos de políticos del PP.
El nuevo director general, Rafael Prieto, ocupaba hasta ahora el puesto de director gerente y tenía asiento en el Consejo de Administración. Según El Mundo, que adelantó la noticia del relevo en la dirección, el gobierno regional quiere que Prieto modernice y actualice al ente público pero, sobre todo, que renueve aquellos cargos directivos que considere necesario.
Púnica, mala gestión y nepotismo
El gobierno regional intenta así que el Canal de Isabel II deje atrás una época llena de escándalos e irregularidades, muchos de los cuales se han conocido en los últimos meses con el avance de las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción o con las denuncias de los grupos políticos de la asamblea de Madrid.
El pasado febrero se supo que el organismo, cuyo cometido es ocuparse del ciclo completo del agua en la Comunidad de Madrid, había pagado a la trama Púnica por mejorar la reputación en internet de Ignacio González, Lucía Figar y Salvador Victoria. El propio Canal intentó lavar la imagen de González con una circular interna.
Este fue uno de los asuntos que llevaron al ya exdirector general del Canal a comparecer en la Asamblea. “Yo no soy el que adjudica los contratos”, alegó para desprenderse de la responsabilidad. Martín también dijo que desconocía que Victoria se había reunido con un empresario que resultó adjudicatario de un contrato de publicidad, y que la Guardia Civil sospecha que se usó para financiar ilegalmente al PP.
Adrián Martín ha dado la cara por el Canal por última vez el pasado martes, a cuenta de las contrataciones de familiares y amigos del PP. Defendió esos contratos a dedo y sin oposición, que Podemos denunció hace unas semanas señalando que el ente público se había convertido en una “agencia de colocación” para los populares.
Entretanto, el Canal ha visto cómo la justicia anulaba la externalización de los servicios de call center a una empresa de la que poseía un 25% o cómo las irregularidades en una de sus filiales generaba un agujero de 700.000 euros. El ex gerente de esa sociedad se defendió ante la justicia con unos abogados que pagaba el propio Canal.
Además, el último informe de la Cámara de Cuentas de Madrid alertaba de que le era imposible fiscalizar buena parte de las sociedades del Canal, porque no entregaban sus balances o porque eran meras fotocopias sin el aval del gobierno regional. Otras empresas dependientes del Canal ni siquiera tenían actividad susceptible de ser analizada.