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Ayuso cesa al responsable de la Dirección de Juego, que se despide celebrando el “avance” de las apuestas

El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid ha suprimido la Dirección de Área de Ordenación y Control del Juego y ha trasladado sus competencias de Hacienda a Justicia, tal y como han confirmado a este periódico fuentes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El hasta ahora máximo responsable, Fernando Prats, se ha despedido con una carta en la que se enorgullece de “haber sido partícipe” del “avance del sector” en la autonomía. La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, para la que no se ha designado responsable por ahora, será la encargada de gestionar esta actividad a partir de ahora.

Desde la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas piden cautela para esclarecer cómo abordarán la cuestión del juego, ya que están en plena reorganización del Gobierno regional. Fuentes de esta cartera explican que “existe interés y sensibilidad en todo lo que tiene que ver con el sector del juego y las apuestas”. Sobre todo, inciden en cuestiones como el control de accesos, la protección de la infancia o los ludópatas que tienen vetado el acceso a este tipo de locales. “Es un tipo de negocio que ha crecido de forma exponencial”, señalan sobre la decisión, que va en la línea del decreto aprobado el pasado mes de mayo: “Es razonable que con esta nueva regulación, que busca una mayor seguridad, este asunto esté en nuestra consejería”.

Pero, a diferencia de estos planteamientos, los postulados de Prats han ido en una dirección bien distinta en los últimos años. Su nota de despedida, difundida por varios portales vinculados a la industria del juego, ha seguido en la misma línea que la de su gestión en el Gobierno regional. Sus detractores le afeaban que quería ir “más allá incluso que la patronal del sector”. En el comunicado, el ya exdirector de Juego ha destacado la “profesionalidad, talante y ánimo constructivo” de los empresarios de la industria.

Prats, funcionario del cuerpo de Inspectores de Hacienda, fue director general de Tributos en la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2018. Aquel año, ya en pleno debate sobre la regulación del juego, fue apartado del cargo. Y ahora, también de la dirección de Juego, que ocupaba desde 2008. Ya ha anunciado que volverá a la Agencia Tributaria. Eso sí, asegura: “hemos avanzado mucho en la regulación”. Como ejemplos, celebra “la rebaja de la tasa fiscal en la mayoría de subsectores” o la “creación” y “desarrollo” de juegos relacionados con el bingo electrónico.

No ha hecho mención, en cambio, a los decretos aprobados por el Gobierno regional en los últimos meses con los que parecía no sentirse cómodo. Entre ellos, se cuentan la prohibición de la publicidad de casas de apuestas en la radiotelevisión pública, la distancia mínima de 100 metros entre locales y centros de enseñanza o el impuesto del 0,7% a estas empresas, que irá destinado a la lucha contra la ludopatía. Preguntado en la Asamblea de Madrid por esta cuestión, se limitó a responder: “Yo aplico la legislación vigente y cuando la legislación vigente no me gusta propongo que se cambie y no tengo por qué decir aquí lo que me gusta o no me gusta”. 

El diputado Emilio Delgado -entonces en Podemos y ahora en Más Madrid- tuvo que pedir en tres ocasiones que acudiera a dar explicaciones a la Cámara regional. En una de ellas, excusó su ausencia porque estaba invitado a un congreso de juego en Torremolinos (Málaga). “Se negó a dar una entrevista a Telemadrid, la radiotelevisión pública, mientras aparecía en revistas relacionadas con el sector”, agrega Delgado, quien pidió su dimisión en Pleno, en declaraciones a este periódico.

Delgado denuncia que, en estos años, “no ha habido ni control ni ordenamiento”, ya que “un crecimiento de más del 300% de locales y de personas que piden ser vetadas hubieran puesto en alerta a cualquier dirigente responsable”. “Estoy seguro de que votantes del PP no están de acuerdo con esa política”, sostiene el parlamentario de Más Madrid para avisar de que “esto no acaba aquí: si permanecen las mismas prácticas, no sirve de nada”. Y concluye recordando que, para su formación, “el decreto aprobado era muy tímido”, motivo por el que “no dejó a nadie satisfecho”. Uno de los aspectos más cuestionados es que la Comunidad de Madrid haya dado un plazo de diez años para que los locales de apuestas se alejen de los centros de enseñanza.

“Necesito que el sector cree trabajo”

Aunque Prats apenas ha concedido entrevistas o declaraciones a la prensa, sí ha sido ponente en conferencias en eventos organizados por la industria del juego. En algunos de ellos acompañado del exministro de Justicia, Rafael Catalá, que tras su paso por la política ha vuelto a fichar por Codere, una de las principales empresas del juego en España. En 2009, compartieron mesa durante un acto en el que Catalá acudía en calidad de vocal del patronato de la Fundación Codere. Cuatro años después, la escena se repetía: ambos fueron ponentes en la presentación del anuario de este ente. La diferencia es que, en esta última ocasión, Catalá acababa de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy y acudía como secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte.

En aquel acto, Prats celebraba que el sector del juego “ha resistido mejor la crisis” que otros, lo que no impidió que calificara su regulación y tributación como “excesiva” y “asfixiante”. “Mi función no es configurar el negocio, decir qué se puede jugar y qué no, es la de ustedes, que tendrán que investigar qué juegos tienen mejor aceptación”, dijo dirigiéndose a los empresarios. Su postulado era que la ley debía abarcar únicamente los “derechos y garantías del jugador” y “requisitos técnicos” de las máquinas.

“Que el regulador se limite simplemente a ver que son claros, transparentes y no conducen a engaño”, era su modelo, que pasaba por “limpiar excrecencias regulatorias para que el juego sea infinitamente más ágil de acuerdo con los intereses empresariales”. La oposición le llegó a acusar de “estar buscando la puerta giratoria”, a lo que respondió recordando su puesto de funcionario: “No necesito puertas giratorias, pero sí que el sector cree trabajo”.

“El crecimiento de salones no se frena con la planificación”, defendió en una entrevista con el portal InfoPlay en abril de 2018, donde decía no estar en desacuerdo con el establecimiento de distancias respecto a colegios o institutos, pero expresó su duda de “si esto serviría para algo”. También abogaba por una “eliminación de la regulación”, que la calificaba de “excesiva” pues, a su juicio, “le quita al empresario capacidad de gestión de su negocio”.

“Se ha creado alarma social y eso crea una bola que empieza a rodar y a saber dónde va. Si se usa el discurso de que exprimimos a los barrios obreros, que la juventud se está viciando… Pues aparecen grupos de determinadas ideologías que pretenden poner ellos sus soluciones”, denunció antes de criticar que colectivos de barrio, como los de Moratalaz, no quieran estos negocios en sus calles. Lo considera ir en contra de “una actividad del todo legal y legitima” y “una agresión injustificable al sector”.

Preguntado por los expedientes sancionadores a estos locales, defendía que “la cifra ha aumentado porque también ha crecido el número de salones y también lo ha hecho por consiguiente el número de inspecciones. Así que los casos de menores también han aumentado pero porque, sobre todo, ha aumentado el número de salones y controles”.

El director de Juego en Madrid llegó a defender la presencia de máquinas de apuestas deportivas en bares o restaurantes. Lo asumió como un “tema pendiente”, lamentando que con la regulación actual “se impide que en los locales de hostelería se puedan hacer apuestas”. “Lo intentamos hace años y no salió por la oposición de una parte del sector”, explicó para afear que “cuando un subsector torpedea las ventajas de otros subsector, lo que se consigue es la parálisis”. “Ahora lo veo posible”, aseguraba hace año y medio.

El sector del juego, sobre todo por internet, en España mueve cada vez más dinero. En solo cinco años, el promedio de jugadores online en nuestro país se ha triplicado, pasando de casi 280.000 en 2013 a más de 830.000 en 2018. También la inversión que los operadores realizan cada año para publicitarse se ha triplicado en el último lustro.