Cristina Cifuentes deja de estar blindada ante la justicia. Con su renuncia al acta de diputada, la expresidenta pierde el aforamiento y, por tanto, ya no disfruta de ningún estatus especial en las dos causas judiciales que la rodean: la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid y la investigación en torno a su máster en la URJC.
No está imputada, de momento, en ninguno de los dos procedimientos, pero a partir de ahora llamarla a declarar como investigada ya no exige superar las cuestiones previas a las que obliga el aforamiento: elevar una exposición razonada al tribunal correspondiente –en el caso de diputados autonómicos es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid– con suficientes pruebas para pedir la imputación.
Perder el aforamiento implica que la Audiencia Nacional, que investiga su posible implicación en la financiación irregular del PP, podría imputarla sin necesidad de trasladar la causa al TSJM o al Supremo, en el caso de que hubiera seguido como presidenta regional.
El juez Manuel García-Castellón investiga una rama del caso Púnica cuyos avances han sido muy reducidos en los últimos meses pero que señala directamente a Cifuentes. El magistrado rechazó el pasado 12 de abril –cuando ya había estallado el escándalo del máster– el archivo de dicha causa, relacionada con un contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid, precisamente porque “los hechos tienen gran complejidad y calado para establecer potenciales imputaciones”.
Un informe de la Guardia Civil conocido en mayo de 2017 acusa a la expresidenta de prevaricación y cohecho por haber participado como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en la licitación del contrato de la cafetería al empresario Arturo Fernández, que entonces financiaba al PP a través de Fundescam. Los agentes colocan a Cifuentes como la persona que controló la adjudicación ocupando dos cargos incompatibles: uno en la mesa de contratación y otro en el comité de expertos. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha pronunciado este informe.
Caso máster: la alumna no citada
Al caso de la cafetería, que ha acompañado a la expresidenta desde hace un año, se suma la investigación en torno a su máster. Es la indiscutible protagonista pero la única que no ha sido citada por la jueza, que ya ha llamado a declarar a todos los alumnos y alumnas que se sacaron el máster con notas convalidadas con un acta falsificada. En ese documento también estaba el nombre de Cristina Cifuentes.
Su citación, ya sea en calidad de testigo o de investigada, ha quedado a expensas de cómo avance la primera fase de la investigación, iniciada a raíz de la denuncia de una profesora, Ángela Figueruelo, que asegura que su firma está falsificada en un acta de evaluación de notas. A partir de ahora puede ser, en el caso de que la jueza así lo decida, investigada como todos los demás implicados.
De momento, Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, tiene pendientes las declaraciones de las imputadas Cecilia Rosado (la única profesora que firmó de su puño y letra el acta falsificada para acreditar que Cifuentes defendió el TFM) y Amalia Calonge (la funcionaria que cambió las notas irregularmente) el próximo 10 de mayo, y la del catedrático Enrique Álvarez-Conde, en junio. La jueza también ha llamado como testigos a Alicia López de los Mozos y Clara Souto, las dos profesoras cuyas firmas también aparecen en el acta y que declararon ante la policía que no habían estampado su rúbrica en ese papel.
La expresidenta madrileña también fue señalada sin pruebas por el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, como conocedora de la presunta financiación irregular del partido; motivo por el que tuvo que explicarse ante la comisión del Congreso que investiga la 'caja B'. Fue un día antes de que eldiario.es publicara la primera información sobre el caso máster.
La eliminación del aforamiento era uno de los compromisos de Cifuentes en su programa electoral. El 23 de mayo de 2016 su Gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Estatuto, que incluía esta medida y la reducción del número de diputados, y se vendió como una de las grandes apuestas de regeneración del Ejecutivo.
La reforma, sin embargo, ha estado guardada en un cajón casi dos años hasta que el pasado 1 de marzo la Asamblea debatió las enmiendas a la totalidad de Podemos y PSOE. Los votos de PP y Ciudadanos las hicieron decaer y el proyecto está en fase de tramitación parlamentaria. Modificar el estatuto de autonomía requiere de una mayoría de dos tercios –que no suman los socios de Gobierno– y además debe pasar por el Congreso de los Diputados, un largo proceso con pocas posibilidades de verse completado en el año que queda de legislatura.