De los 15.987 abortos voluntarios que se registraron en la Comunidad de Madrid en 2016, solo nueve se realizaron en centros públicos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Mientras que la tendencia en los últimos años a nivel nacional es de crecimiento en el número de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en centros públicos, en la región la cifra apenas es residual. En 2010, primer año en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza el derecho al aborto como una prestación sanitaria más, el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en toda España fue del 1,84%. En 2016 -últimos datos disponibles- la cifra había crecido al 11,73%, con aumentos exponenciales en Cataluña, Comunidad Valencia o Islas Baleares.
En ese mismo periodo de tiempo, las cifras en la Comunidad de Madrid no han llegado ni al 0,1%, un dato que es incluso inferior al de años en los estaba en vigor la ley de 1985, más restrictiva que la actual y que no contemplaba la prestación pública del aborto. En 2005 y 2006, por ejemplo, el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos fue del 1,5 y 1,6%, respectivamente.
La Consejería de Sanidad señala que la casi ausencia de abortos a petición de la mujer en los centros públicos de la comunidad, se debe, además de a la objeción de conciencia de los profesionales, “al descenso de la cifra global de IVE, entre otros factores”, que no especifican. La realidad es sin embargo diferente, según la opinión de expertos consultados por eldiario.es, quienes achacan a una ausencia de voluntad política para que los abortos no se realicen de manera mayoritaria en centros públicos.
“Primero tiene que haber una decisión política y luego se tienen que dar tres criterios indispensables para ello: dotación presupuestaria, criterios organizativos y una formación previa de los profesionales”, detalle Luis Enrique Sánchez, médico de la red madrileña y experto en Planificación Familiar y Salud Pública, quien explica que si bien los ginecólogos están formados para la realización de abortos instrumentales de urgencia, estas técnicas “necesitan un entrenamiento y formación continua”. El experto señala que hoy por hoy ninguna de estas tres circunstancias se da en la Comunidad de Madrid. Tampoco se improvisan de un día para otro “y para hacerlo mal es mejor no hacerlo”, indica Sánchez, quien subraya la buena atención que siguen prestando los centros concertados ante la ausencia de centros públicos madrileños que lleven a cabo IVE.
Abortos en la red pública catalana
Hildegard Mausbach, ex presidenta de la Sociedad Catalana de Contracepción y ginecóloga de una unidad de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) de Cataluña, explica cómo la región ha logrado que casi la mitad de los abortos voluntarios en 2016 -41,5%- se realice en centros públicos. “La ley de 2010 garantizaba por primera vez la financiación de la IVE en la red pública y el Departamento de Salud propuso a una serie de profesionales desarrollar un protocolo para empezar a realizar abortos en los centros públicos, es decir, se juntó una voluntad política con un grupo de profesionales motivados por que la prestación se llevara a cabo en la sanidad pública”, recuerda.
Se trabajó en el protocolo durante todo un año. Estudiando diferentes alternativas se optó por ofrecer a las mujeres tanto aborto instrumental como farmacológico y por que este último comenzara a realizarse en centros de atención primaria donde existieran unidades de ASSIR, formadas por equipos de ginecólogos, ecógrafos y matronas. Se dio formación a los profesionales y en enero de 2011 se puso en marcha una prueba piloto durante tres meses en centros de Lérida, Gerona y Barcelona. Se siguió formando profesionales y en la actualidad “no hay ningún ASSIR donde no se realicen abortos farmacológicos”, indicados para embarazos de hasta nueve semanas -cerca del 70% de IVE se realizan antes de las ocho semanas-.
“Es una prestación que se ha normalizado aunque al principio parecía complicado”, subraya Mausbach. Todos los ASSIR cuentan con un centro hospitalario de referencia, como obliga la ley, en caso de complicaciones y las mujeres tienen la opción de elegir el método, tras ser informadas por los profesiones de cómo se desarrollan los procesos. “Es un modelo que por supuesto puede mejorarse, como por ejemplo, reducir el número de entrevistas que la mujer hace con los profesionales, pero también hemos logrado una equidad geográfica y un mayor acceso a la prestación”, afirma la ginecóloga.
Plan de Embarazos no Deseados
En la Comunidad de Madrid, el borrador del Plan Integral de Embarazos no Deseados en el que desde el año pasado trabaja el Gobierno que preside Cristina Cifuentes hace mención a que en los abortos tempranos se dé preferencia al aborto farmacológico para “provocar el mínimo impacto personal, económico y social posible”. La Consejería de Sanidad no respondió si ello significa que se trabaja en un protocolo para empezar a realizar más abortos en la red de centros públicos.
De hecho, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a buena parte de los centros privados que realizan la gran mayoría de abortos en España, criticó duramente esta medida por no contemplar la decisión libre de la mujer y por el hecho de que la entidad no haya sido aún consultada como asociación experta en los capítulos que se mencionan las IVE.
Beatriz Gimeno, portavoz de Igualdad de Podemos en la Asamblea de Madrid, pone sobre la mesa dos factores fundamentales para que el Gobierno regional siga concertando todos las interrupciones voluntarias del embarazo con la red privada. “Por una lado tiene que ver con la política general de la Comunidad, que está dejando morir los centros públicos y por otro le resulta muy fácil y cómodo seguir realizando abortos en los centros privados”, afirma la diputada, quien subraya que el aborto es una prestación sanitaria que continúa “estigmatizada y el que se siga haciendo en clínicas privadas no contribuye a su normalización”.
Para la portavoz de Igualdad del PSOE en el parlamento regional, Josefa Pardo, es imprescindible de formación de los profesionales y de una dotación presupuestaria adecuada para que sea posible la realización de abortos en la red pública con equipos especializados.
La formación es, de hecho, una preocupación de los profesionales que desde hace años están comprometidos con la realización de abortos tanto en la red pública como privada. “La práctica de abortos sigue sin aparecer en la formación de los MIR”, afirma José Luis Doval, jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Orense, y quien desde los años 80 lleva realizando IVE en la red pública. Como subrayan los expertos, la realización de abortos instrumentales requiere una práctica y entrenamiento que hoy en día no es suficiente. “Los médicos que pasan por nuestro servicio sí están formados pero qué pasará cuando empecemos a jubilarnos todos los que estamos comprometidos con esto”, se pregunta el médico. “Pues que empezará a no haber relevo”, añade.