“El PP de Madrid vive en un trauma”. La frase es de una persona que conoce bien ese partido, en el que ha pasado las últimas décadas. Es el lado humano, el de aquellos que se han visto desgarrados cuando se descubrió la cuenta corriente de Francisco Granados en Suiza. O cuando se descubrió la implicación de Ignacio González en el saqueo del Canal de Isabel II. O cuando se supo que la justicia acechaba al mismísimo Alberto Ruiz-Gallardón por ese mismo saqueo.
“La gente no sabe qué hacer”. ¿Por qué? Porque no ven salida, porque se encomendaron a una Esperanza Aguirre de capa caída que tuvo que dimitir por tercera y última vez hace exactamente un año –el 24 de abril de 2017–. Y, entonces, se lo dieron todo a Cristina Cifuentes, que había construido un perfil de outsider para mantener al PP en la Puerta del Sol, que se envolvió en la bandera de la limpieza y el partido nuevo, aunque llevara dos décadas en su dirección y una más con el carné.
Y, ahora, Ciudadanos les mira por el retrovisor de las encuestas.
Alberto Ruiz-Gallardón conquistó la Puerta del Sol para el PP en 1995, y ahí sigue 23 años después. Con Gallardón, que arrancó la expansión bajo sospecha del Canal, empezaron las obras públicas, si bien el apodo de faraón no le llegó hasta los 5.000 millones que se gastó en la reforma de la M-30 años después, ya como alcalde, a mayor gloria de constructoras que, a su vez, se repartieron los contratos integrales de limpieza, recogida de basuras y demás servicios. El círculo se engrasaba.
El punto de inflexión fue el Tamayazo, del que ahora se cumplen 15 años. Entonces, tras las elecciones de 2003, el PSOE de Rafael Simancas y la Izquierda Unida de Fausto Fernández pactaron desalojar al PP de Madrid y evitar que su nueva candidata, Esperanza Aguirre, llegara al gobierno autonómico. El secretario general del PP era en aquel momento Ricardo Romero de Tejada, quien reconoció la singularidad de haber estado dado de alta por una empresa de fotocopias.
PSOE e IU prometieron, entre otras cosas, frenar la externalización de servicios, los conciertos escolares e impulsar la iniciativa pública en el desarrollo de la comunidad. Pero no fue posible: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, diputados elegidos en las listas del PSOE, impidieron la investidura del candidato socialista, Rafael Simancas, y condujeron a la Comunidad a una repetición electoral en la que, tamayazo mediante, Esperanza Aguirre conquistó un poder que cambió el rumbo de la región.
En lugar de impulsar la iniciativa pública, se recortó hasta límites insospechados en beneficio de la iniciativa privada; el modelo sanitario público cambió tanto que hubo aspectos tumbados por la justicia; los conciertos educativos prosiguieron y hasta tal punto se premiaron a las empresas de la construcción que no sólo hincharon la burbuja inmobiliaria sino que se dedicaron a gestionar centros sanitarios y escuelas infantiles subcontratados por el Gobierno. Sólo se quedó una cosa sin hacer: el Eurovegas de Sheldon Adelson.
El PP de Madrid era un modelo, una forma de ser, de relacionarse, de convivir: en el palco del estadio Santiago Bernabéu junto a Florentino Pérez; en los reservados de ciertos restaurantes; en despachos de algunos medios de comunicación; en sedes de empresas ahora investigadas por la financiación irregular del partido, como la del compiyogui Javier López Madrid y su suegro, Juan Miguel Villar Mir –OHL–; en Caja Madrid –la caja, esa caja pública para hacer, deshacer y pagar y cobrar favores con sectores de los sindicatos, el PSOE e IUCM–; en Telemadrid; en Fundescam; en las universidades; en los cátering organizados por Arturo Fernández; en las celebraciones cinematográficas apadrinadas por Enrique Cerezo, tan próximo a Ignacio González como ha demostrado el caso de su ático en Estepona.
Los últimos tres lustros del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han servido para que florezca a su alrededor un ecosistema de personajes y prácticas que se hace visible cada vez que la formación política vive una crisis. Cristina Cifuentes acaba de abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid asegurando que ha sido “espiada” y que se han elaborado “dosieres” contra ella. Hace ahora 15 años, Esperanza Aguirre llegó al poder consecuencia de la oscura trama del tamayazo. Entretanto, Ignacio González empezó a cavar su tumba política con un vídeo grabado en Colombia y Manuel Cobo denunció que sus propios compañeros de partido habían montado “una gestapillo” para espiarle.
Cristina Cifuentes fue candidata del PP en las últimas elecciones autonómicas porque el partido decidió que no lo fuera Ignacio González, caído en desgracia por otra grabación, en su caso de audio. Contra el entonces presidente de la formación regional y del Gobierno de la Comunidad pesaba la publicación del extracto de una conversación mantenida en una cafetería con el comisario José Manuel Villarejo.
En la grabación, y según la interpretación de los medios que publicaron el audio, González le pedía que tapara el caso de la procedencia del ático que tiene en Estepona. El expresidente de la Comunidad siempre negó ese sentido de la conversación y aseguró haber sido extorsionado por Villarejo. El encuentro y la grabación se habían producido tres años antes de su publicación. El resultado fue el mismo que en el caso de Cifuentes, el fin de la carrera política de Ignacio González, quien por entonces no sospechaba del horizonte penal que le deparaba un caso que la Guardia Civil bautizaría como Lezo.
El nombre de la operación alude a Blas de Lezo, el marino español del siglo XVII que protagonizó la defensa de Cartagena de Indias frente al ataque inglés de 1741. En esa ciudad colombiana fue grabado Ignacio González portando unas bolsas junto a otros responsables del Canal de Isabel II.
Ignacio González, Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón. Y Cristina Cifuentes. Cinco líderes caídos; cuatro presidentes manchados; y un partido, el PP de Madrid, convertido en un agujero negro que se devora a sí mismo.