El Gobierno de Cristina Cifuentes adjudicó con retraso y sin resolución provisional las subvenciones por IPPF para las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid. Muchas de las que tenían proyectos financiados en 2016 se han encontrado el vacío en 2017, el primer año que estas resoluciones son gestionadas por los gobiernos regionales.
Tras sus quejas, la Consejería de Políticas Sociales ha anunciado que va a poner en marcha “lo antes posible” un proceso para mantener las subvenciones a estas organizaciones que contaban con ellas el año pasado para “dar continuidad” a sus trabajos, ha avanzado la Cadena SER, “siempre que cumplan los requisitos que se van a establecer”.
El Gobierno regional aún no concreta cuánto dinero extra va a destinar a esto, de dónde lo va asacar ni cuándo se va a ingresar a las entidades, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que aseguran que se está trabajando en ello con urgencia. “Proyectos buenos han dejado de estar financiados porque se ha llegado hasta donde se ha llegado con 26 millones de euros. Con esto pretendemos que se financien más para atender a más usuarios”, explican las mismas fuentes a eldiario.es.
La idea es establecer un crédito que será ampliable, de tal forma que se establecerá un período en el que las entidades podrán presentar los proyectos que contaban con financiación en 2016, y todos aquellos que cumplan los requisitos necesarios se van a financiar. “Va a haber crédito suficiente para todos esos proyectos”, han asegurado las mismas fuentes.
El consejero del ramo se reúne este lunes con la Plataforma del Sector Sector, que agrupa a muchas entidades, y lo hará en los próximos días con otras para explicarles “de forma personalizada cómo se va a hacer este procedimiento”.
El tercer sector en Madrid ha pasado meses en vilo, a la espera de conocer las resoluciones, que se han demorado durante más tiempo del prometido. En el caso de las más pequeñas, estas ayudas son imprescindibles para su supervivencia. Hace unos días empezaron a notificarse las subvenciones a las entidades de forma definitiva, sin resolución provisional que da la posibilidad de alegar. Entonces, la Red de Inmigración Española anunció que presentaría un recurso contra la Comunidad de Madrid por un proceso que a su juicio no se ajusta a la legalidad.
“Las organizaciones sociales tienen una situación compleja para llegar a fin de año. Una situación como esta te descoloca todo el presupuesto. Gran parte del personal de atención está adscrito a estos proyectos y, si no sabes cuánto te corresponde o si te corresponderá algo, la incertidumbre es muy grave. No sabes si vas a tener recursos para pagar a estas personas por el trabajo que han hecho o si puedes seguir contando con ellas”, explicaba en diciembre Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid y miembro del Consejo Ejecutivo de Cermi Madrid.