Un fotomontaje pegado en la luna de un coche muestra el rostro del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), incrustado en lo que sería la cabeza de su antecesora, Manuela Carmena (Ahora Madrid), con su característico cabello rizado. “Es un traidor”, repiten varios de los que se acercan este domingo al aparcamiento de la plaza de las Ventas para circular desde allí por las calles de Madrid en protesta contra la nueva ordenanza de movilidad, que impondrá progresivamente restricciones a la circulación de vehículos contaminantes de más de 15 años.
Las marchas de la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales se vienen sucediendo todos los domingos desde hace más de un mes, cuando la aprobación de la ordenanza era inminente. Los coches sin etiqueta ambiental –los de gasolina anteriores a 2000, los diéseles matriculados como muy tarde en 2005 y las motos previas a 2003– no podrán circular dentro del perímetro de la M-30 a partir del año que viene, tendrán vetada la propia vía de circunvalación desde enero de 2023 y en 2024, toda la capital, salvo que paguen el impuesto de circulación en Madrid. A partir de 2025, la prohibición afectará a todos los vehículos de estas categorías, independientemente de su procedencia. La asociación calcula, por lo alto, que más de 900.000 vehículos se verán afectados en mayor o menor medida.
Los coches aparcados este domingo son variopintos. Hay un Fiat Panda con pegatinas de competición y un Volkswagen escarabajo con un alerón imposible, pero también varios Seat Córdoba, un Peugeot 405 del 92 y más de uno de esos Mercedes clásicos y duraderos asociados durante décadas a la emigración a Alemania. “Es más fácil atacar a los pringados”, dice José María Calzón, ingeniero que trabaja en Alcalá de Henares y que emplea uno de los argumentos más reiterados esta mañana entre los presentes: que las compañías eléctricas contaminan mucho más que sus coches y no se las somete a restricciones como estas.
Las menciones a la traición de Almeida remiten a una de los ejes de su campaña, cuando abogaba por eliminar por completo las limitaciones impuestas por el gobierno de Ahora Madrid. El candidato recurrió a los tribunales y consiguió tumbar la normativa por cuestiones de forma, pero una vez en el cargo ha aprobado otra con restricciones muy similares o superiores, en un contexto de preocupación creciente por el medio ambiente. El gobierno estatal aprobó este año la ley de cambio climático y transición energética, a cuyas disposiciones se tienen que someter los municipios.
El dueño de una furgoneta Pegaso Ekus de 1988 aduce que contamina más achatarrarla y fabricar una nueva que los 7.000 kilómetros que recorre al año en ella, entre Getafe, Madrid y alrededores, para repartir los muebles que fabrica su pequeña empresa familiar. Precisamente, el kilometraje es una de las cuestiones que más aducen los afectados: si un vehículo circula poco, contamina menos, aunque no sea moderno, que otro con mejores filtros de partículas que se use constantemente. Piden que se controle la distancia recogida a través de la ITV. Miguel Álvarez, portavoz de la plataforma, señala también la posibilidad de que se financie un abono de transporte durante hasta 12 años a quien desguace su coche viejo. O que se faciliten las homologaciones de los vehículos que adapten sus motores.
Las posibilidades de parar la normativa no son muchas, a pesar de que la asociación anuncie batalla judicial amparándose en la libertad de circulación o el derecho a la propiedad privada. La nueva ordenanza se aprobó por mayoría ajustada, gracias a una conveniente escisión del grupo municipal de Más Madrid, pero si corría riesgo de no salir adelante era por poco restrictiva, no al revés. “Es el derecho al pataleo”, admite Pablo Yagüe, conductor de un Seat Córdoba. Yagüe apunta que Madrid se convertirá en una de las ciudades con más impedimentos de Europa para la circulación de coches antiguos.
Los más románticos tienen la posibilidad de declarar el coche como histórico, una categoría que conlleva varias homologaciones, la imposibilidad de aparcar en superficie y la obligación de ceder el auto para exposiciones, por ejemplo. La mayoría de los presentes no lo contemplan. Carlos Blanco y María Dolores Fraga, jubilados, están soliviantados ante la perspectiva de no poder ir de Madrid al pueblo los fines de semana. “No me voy a comprar un coche para morirme en cinco años”, protesta ella, entre caladas rápidas a un cigarrillo. “Almeida mintió como un bellaco”, clama él.
“Ahora hasta las eléctricas y los bancos son verdes”
El corrillo que se va formando va repasando motivos, algunos de los cuales inciden en cuestiones que van a la esencia del sistema de producción capitalista, a escala global. “En Teherán y El Cairo no van a controlar esto”, apunta un hombre con una camiseta de homenaje al piloto Ángel Nieto. “Esto es la moda de lo verde. Ahora hasta las eléctricas y los bancos son verdes”, critica otro. Aparece el tema de la crisis energética, porque los vehículos eléctricos, ahora en boga, hay que enchufarlos a la corriente, y la electricidad tiene diversos orígenes. “Aquí se cargaron la cuenca minera, pero en Alemania siguen quemando carbón”, desliza un tercero.
La lista de agravios comparativos se extiende. Hay coches híbridos que tienen etiqueta ambiental y pueden circular, aunque la mitad eléctrica del motor no se use apenas en la práctica, señala una voz. Pero también aparece el factor sentimental, como el joven que conduce el Ford Mondeo de su abuelo, comprado cuando era niño para llevarlo al colegio. Tiene otros coches, cuenta, pero le tiene cariño a este. Igual le pasa al carpintero de la Pegaso, melancólico: “Me la robaron, la recuperé y la arreglé. Ahora me hacen pensar en venderla”.