La Comunidad de Madrid autoriza para atender a menores extranjeros a una empresa con dos casos de internos fallecidos tras ser atados

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar un acuerdo marco para tener 120 plazas disponibles en el sistema de atención a menores no acompañados, conocidos por su acrónimo como 'menas'. Entre las empresas que han sido acreditadas para prestar ese servicio cuando les sea requerido por la administración está Ginso, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica fundamentalmente a centros de menores condenados y ahora opta a prestar este servicio a menores extranjeros en Madrid que han llegado solos a España.

En este momento, la actuación de Ginso está siendo investigada por un juez de instrucción de Purchena (Almería) por la muerte de un chico de 18 años en sus instalaciones, en el centro para menores Tierras de Oria, gestionado por esta empresa pero cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. El interno falleció el 1 de julio de este año, después de ser inmovilizado con correas. Según recoge el informe forense, los trabajadores explicaron que estaba en un estado de alteración, se acababa de tomar su medicación pautada pero mostraba un comportamiento “gravemente agitado” con “amenazas suicidas”.

Entonces se decide ponerlo en aislamiento y más tarde se le ata con correas de pies y manos boca abajo, según muestra un vídeo. Tan solo unos minutos después, la médico entra en la sala y observa que no respira ni tiene pulso. Se intenta hacer reanimación, se llama a un helicóptero, pero finalmente el chico fallece.

Es el mismo centro donde un grupo de trabajadores denunció presunta violencia y que se ataba a los menores sin justificación durante muchas horas. Grabaron un vídeo, publicado en 2015 en eldiario.es, en el que se veía a dos menores gritando, pidiendo que les quitaran las sujeciones, que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) ha considerado en un informe que podrían suponer trato degradante o inhumano, por lo que conmina a eliminarlas.

Los testimonios de los trabajadores alertaban de que la sujeción duraba “cinco o seis horas” y no dos o tres, como decía el centro, y de que algunos se orinaban encima sin que les dejaran ir al baño. El caso de los presuntos malos tratos se archivó, pero sigue viva la causa que interpuso Ginso contra los empleados, que fueron despedidos y ahora se enfrentan a cinco años de prisión por el delito de revelación de secretos y serán procesados.

No es el primer caso de fallecimiento en un centro de Ginso. En 2011 murió en el centro de menores que tiene en Madrid la misma empresa, el centro de Brea del Tajo Teresa de Calcuta, otro chico de 18 años. También había sido sometido a sujeción mecánica, según publicó El País citando el informe de la propia empresa. El juez archivó el caso al considerar que la muerte había sido por causas naturales, aunque la familia solicitó una segunda autopsia ya que el tanatorio se había percatado de moratones, lo que hizo que no se incinerara el cadáver a la espera de otro examen. Finalmente esa segunda autopsia no se autorizó y el caso quedó cerrado.

Desde la Consejería de Políticas Sociales, a cargo de Alberto Reyero (Ciudadanos), señalan que al acuerdo marco se han presentado una decena de empresas que suman 120 plazas, y que el hecho de que se haya acreditado a Ginso para prestar el servicio, a través de un centro o piso que ha presentado con 10 plazas, no quiere decir que finalmente se le vaya a llamar. Por otra parte, las mismas fuentes apuntan a que este acuerdo “se rige por la ley de contratación pública, es un proceso abierto y se garantiza la libre concurrencia. Ginso no puede ser excluida puesto que no se dan los supuestos en la ley para ello, que sería, por ejemplo, una sentencia firme contra la empresa”.

La empresa no contesta a eldiario.es

Ginso, que ha declinado contestar cualquier pregunta de eldiario.es, también tiene otro flanco judicial pendiente de resolución: Podemos denunció que la empresa, después de firmar en 2006 un convenio con la Comunidad de Madrid para construir y gestionar el centro Teresa de Calcuta hasta 2021 –y por el que recibe 250 euros por plaza y día– podría haber financiado al Partido Popular de manera irregular mediante el desvío de fondos de informes que realmente no se hicieron o no eran necesarios.

De momento, la Fiscalía ha dado traslado al juzgado de instrucción número 6, según han confirmado fuentes de Podemos, pero no ha habido avances en la investigación de la denuncia.