La Comunidad de Madrid continúa buscando rastreadores al mínimo coste. El Gobierno regional sigue con sus intentos de incrementar contra reloj la plantilla de profesionales encargados de reconstruir las cadenas de transmisión y detectar los síntomas de las personas con las que ha estado en contacto los casos positivos de COVID-19 cuando la cifra de contagios ya se ha disparado en la región. La semana pasada el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso intentaba reclutarlos entre los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Ahora están intentado encontrar personal voluntario entre los licenciados de la Universidad Complutense. De esta forma, la Comunidad apuesta por precarizar el servicio mientras continúa adelante con uno de sus proyectos estrella que supondrá un desembolso de 50 millones de euros, la construcción de un nuevo hospital en Valdebebas para combatir pandemias.
La construcción del centro sanitario, que se llamará Isabel Zendal, es un anuncio recurrente en las intervenciones de Díaz Ayuso. La presidenta ha llegado a anunciar que empezará a funcionar antes de que su estructura, ubicada en la Ciudad de la Justicia, esté finalizada. Dará nombre a dos pabellones de la feria de Congresos, que ya estuvieron funcionando durante los meses con mayor presión asistencial sin que en ese momento hubiese necesidad de renombrar ese espacio. “Abrirá temporalmente y hasta que se termine su construcción, en los dos pabellones que quedaron disponibles en IFEMA por si era necesario recurrir a las instalaciones de nuevo. Estos se podrán volver a levantar en menos de 48 horas”, recogía la nota de prensa en la que la Comunidad de Madrid anunciaba su nueva estrategia para combatir la COVID-19.
Ante el incremento exponencial de contagios, que han pasado de 285 en la semana del 15 de julio a 3.087 en los últimos siete días, sociedades como la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), emitieron el 26 de julio un comunicado en el que explicaban que les resultaba “incomprensible” la gestión de la Comunidad de Madrid. “De nada sirve tener otro hospital en Madrid, si no disponemos de suficiente personal sanitario para contener los brotes y atender las necesidades de los pacientes”, apuntaban estos colectivos. El portavoz de AMASA, Fernando García, ha destacado “el refuerzo en salud pública se tendría que haber previsto desde marzo”. “La salud pública tiene una inversión mínima, no alcanza el 2% del gasto sanitario. La contratación de personal, incluido rastreadores y Atención Primaria, supondría la décima parte del coste previsto para el hospital de Valdebebas”, ha explicado.
En los últimos días, coincidiendo con el repunte de las infecciones, la Comunidad optó por duplicar su plantilla de rastreadores. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que pretendían pasar de 180 a 360 rastreadores antes de que empezase agosto. Con estos números, una de las comunidades con mayor población continuaba con un seguimiento epidemiológico reducido, con un rastreador por cada 18.500 madrileños, frente a datos como los de Navarra, con un profesional por cada 4.391 habitantes o Aragón, uno por cada 5.071.
La Comunidad cuenta “con más de 400 rastreadores”
Fuentes oficiales del departamento autonómico de salud aseguran que han conseguido aumentar la plantilla destinada a buscar contactos de casos positivos. “La Comunidad de Madrid cuenta con más de 400 rastreadores, que son profesionales de la Consejería de Sanidad”, explica una portavoz. Esta es la cifra que el Gobierno regional había anunciado que iba a alcanzar en mayo, finalmente para conseguirlo han tenido que transcurrir dos meses más y un repunte en la incidencia del virus. Aún así, los expertos recuerdan que “para una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1200 personas para esta tarea”, recordaban las sociedades de medicina comunitaria y salud pública que emitieron un comunicado el 26 de julio.
Para ampliar la plantilla, el Gobierno autonómico ha abierto la posibilidad a que personal de ayuntamientos y licenciados universitarios trabajen para la Consejería voluntariamente realizando estas funciones. El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida lanzó la petición entre el personal de Madrid Salud. Fuentes municipales explican que finalmente han sido solo seis trabajadores los que se han inscrito, de una plantilla de 1.151 personas, según las últimas memorias presentadas. Estas mismas fuentes explican que hay que contextualizar la cifra obtenida porque muchos profesionales están de vacaciones y, además, existen puestos en Madrid Salud que no se podían dejar sin cubrir. Los voluntarios serán cedidos a la Comunidad “en atribución temporal de funciones”, tal como explicó Inmaculada Sanz, portavoz de Emergencias y Seguridad la semana pasada.
Seis voluntarios en el Ayuntamiento
La publicación de la nueva estrategia para combatir la COVID en el boletín autonómico abría la puerta a que esta colaboración se exportase al resto de corporaciones locales. Ayuntamientos como Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles o Moralzarzal no han recibido información sobre este asunto por parte de la Consejería. Otros, como Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón, no han contestado a la petición de información de elDiario.es. El departamento autonómico de Sanidad asegura que mañana se reunirán con la Federación Madrileña de Municipios “para valorar la posibilidad de sumarse en las labores de seguimiento de casos, como así lo han manifestado distintos ayuntamientos” al Gobierno regional.
El último capítulo de la polémica captación de voluntarios para realizar una labor fundamental en la contención de la pandemia ha sido protagonizado por la Universidad Complutense. Su rector, Joaquín Goyache, publicaba un llamamiento, impulsado por la Comunidad de Madrid, dirigido a “licenciados/graduados en Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria que estuvieran dispuestos, previa formación necesaria que sería impartida por la CAM, a participar voluntariamente como rastreadores de contactos estrechos de COVID-19”. El mensaje abría la posibilidad a que los seleccionados, que “estén en la bolsa de trabajo de la CAM o inscritos en el paro con demanda de empleo, podrían ser contratados”.
La difusión en redes sociales de esta petición generó un gran revuelo en la comunidad universitaria. Profesores, como el bioquímico y biólogo molecular, José Manuel Bautista, que ha estado coordinando un proyecto altruista en los laboratorios de la universidad para realizar 25.000 pruebas PCR a usuarios de residencias durante los tres meses de estado de alarma, se mostraban desilusionados por la gestión autonómica. “Me parece inapropiado que la Comunidad esté buscando rastreadores a estas alturas”, explica Bautista a elDiario.es, que también incide que esa labor debe ser “remunerada y valorada”. “Un trabajo digno y temporal de rastreador requiere un sueldo digno de profesional”, añadía en su cuenta de Twitter. Las cuentas de las facultades de Biología y la de Trabajo Social de la UCM en esta red social también recogían mensajes disconformes con las condiciones laborales planteadas.
A pesar de la mala acogida en la comunidad universitaria, la Consejería explica que este martes, día en el que se difundió el anuncio, la Dirección General de Salud Pública recibió más de 500 curriculum vitae de distintas universidades. Mas allá de aportar esta cifra, fuentes del departamento de Ruiz Escudero no aclaran si el personal voluntario recibirá algún tipo de remuneración por su trabajo, aunque esta redacción se lo ha consultado en reiteradas ocasiones.