La Consejería de Educación ha puesto multas por valor de 80.000 euros a empresas a las que la administración adjudicó obras en centros educativos de la Comunidad de Madrid y no cumplieron con sus contratos. Fuentes de la cartera que dirige Rafael Van Grieken informa de que se han abierto “cinco expedientes de penalizaciones por retrasos y cuatro por daños y perjuicios por resolución de contratos”, ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es.
Los retrasos o en algunos casos directamente el abandono de las obras ha provocado que cientos de alumnos y alumnas de varios distritos hayan tenido que ser reubicados de urgencia en otros centros públicos, pasar el curso dando clase en barracones o ser enviados a espacios en centros concertados por los que la administración está pagando más de 50.000 euros.
El consejero de Educación dio la información sobre las sanciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, en el que compareció sobre la construcción de centros escolares a petición del grupo socialista. En este foro, se refirió al CEIP Averroes, de Arroyomolinos, donde la empresa Joca S.A rescindió el contrato por “falta de solvencia”. En su lugar ha asumido la tarea una empresa estatal “que va a ejecutar un proyecto ampliado, de forma que el colegio completo se ejecutará en dos únicas fases”, dice la Consejería. Mientras tanto, 200 niños y niñas dan clase en las instalaciones de un colegio concertado cercano al que la Comunidad de Madrid le paga un alquiler.
Van Grieken también habló del IES Malala Yousafza, en Las Tablas, cuyas obras tampoco llegaron a tiempo porque la constructora (Ogmios Proyectos S.A) abandonó y ahora se está encargando otra. Entre los centros afectados están también los CEIP Miguel de Cervantes (Getafe), Ensanche de Vallecas, Constitución 1812 (Leganés) y Andrea Casamayor (Paracuellos del Jarama); y el IES Paracuellos del Jarama, en la misma localidad.
Todos ellos están listados en la denuncia que Podemos Comunidad de Madrid puso ante la Fiscalía Provincial de Madrid. El partido, liderado por Ramón Espinar, ha solicitado que se investigue, entre otras cosas, las rebajas económicas de más del 30% que ofrecieron las constructoras Joca S.A y Ogmios Proyectos S.L.
Estas rebajas fueron aceptadas por la administración al ser únicamente un criterio, el económico, el que condicionaba las adjudicaciones. Tras estos episodios, la Comunidad de Madrid anunció que modificará los pliegos de condiciones para que la oferta más ventajosa deje de ser criterio único.