La Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe o estudio con datos que avale su principal tesis para llevar a cabo la privatización sanitaria: una mayor eficiencia en el gasto público. La Cámara de Cuentas lo pone negro sobre blanco en el anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la región entre 2011 y 2015, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala.
El órgano fiscalizador constata en un documento profuso cuajado de datos que “se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”. Según el funcionamiento de la Cámara, los anteproyectos son remitidos a los organismos fiscalizados para que realicen alegaciones y de ahí se derive un proyecto que tiene que aprobar el Pleno de la Cámara para que se convierta en definitivo. La Consejería de Sanidad no ha respondido a eldiario.es sobre si el informe está ya en sus manos o han presentado alegaciones.
“No se han facilitado informes y/o estudios elaborados en los que se evaluaran las distintas opciones de gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía”, apunta el órgano fiscalizador, que desmonta por ausencia de pruebas el argumentario utilizado por el Ejecutivo dirigido Ignacio González (PP) para justificar la privatización tumbada por la justicia de seis hospitales de gestión sanitaria pública (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, del Tajo y de Vallecas). Las mismas razones que expuso su antecesora, Esperanza Aguirre, para abrazar el modelo semiprivatizado primero y privatizado al 100% después para su plan de infraestructuras sanitarias.
Seis hospitales con canon y cuatro privatizados
Actualmente hay cuatro hospitales en Madrid de gestión privada. La Comunidad importó este sistema de la Comunitat Valenciana. De hecho, colocó como director general de Hospitales al impulsor del modelo en Valencia y directivo de la aseguradora Adeslas, Antonio Burgueño. Los cuatro centros están en régimen de concesión, es decir gestionados por empresas a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles); todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis se montaron con un sistema de semiprivatización en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levanta el edificio a cambio de un canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto de este canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuentas.
Según el anteproyecto al que ha accedido eldiario.es, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre –que gobernaba en 2007 cuando se empezó a explotar esta fórmula– fundamentó la elección de este modelo en “los principios de racionalización, eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia” pero no ha aportado hasta la fecha “ningún análisis comparativo” de cuánto habría costado prestar el servicio “con los propios medios de la Comunidad” en lugar de ajenos.
La fórmula se estrenó en la Comunitat Valenciana, en el hospital de la Ribera: el modelo Alzira que acaba de ser recuperado para la gestión pública directa por la Generalitat. Esa forma de ofrecer la atención sanitaria todavía está viva en Vinalopó, Torrevieja y Dénia. El modelo, al menos semiprivatizado, también se exportó más tarde, por ejemplo, a Galicia (al hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro). El nuevo hospital de Burgos que ha seguido la senda de la concesión privada se ha revelado un agujero de dinero público.
Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha pagado cerca de 986 millones de euros a las empresas gestoras (ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con los datos de la Cámara de Cuentas, que también entra a analizar la actividad y la facturación de estos hospitales. Con esta información concluye que, al final, los pacientes que requieren hospitalización son tratados “en mayor medida en hospitales del SERMAS”, es decir, en los públicos.
Este hecho probado al menos entre los años 2013 y 2015 puede responder, según el informe, a la “libertad de elección” de centro que existe en la región, pero también a la derivación desde hospitales privatizados porque no tienen “la cartera de servicios precisa” para atender correctamente o pretenden “reducir costes en los tratamientos más complejos o largos”.
“Incertidumbre” en los costes finales
La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo, la gestión por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe “incertidumbre” sobre los costes finales. Al inicial se deben añadir los modificados, sumas obligadas por sentencia judicial o conceptos como las bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millones de euros). ¿El resultado final? Sobrecostes, descontrol del gasto y caos contable ya desvelado por la Cámara de Cuentas.
A las concesionarias de los cuatro hospitales privatizados se les paga con un sistema variable que incluye un fijo por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC) y saldos intercentros. Este saldo suma o resta en función de los pacientes que no son de la zona y eligen el centro (suma), y de los que no acuden a su hospital de referencia y optan por otro (resta).
Los hospitales del SERMAS (de gestión pública directa) recibieron con este sistema 123 millones de euros más entre 2013 y 2015 porque el número de pacientes que atendieron pese a que les correspondía otro hospital fue mayor al volumen de personas que eligieron otro aunque les tocaba uno público de gestión directa. Mientras, los privatizados registran año a año (salvo excepciones) saldos negativos por la marcha –voluntaria o provocada por los gestores– de pacientes, según los datos aportados por la Cámara de Cuentas.
Como los centros forman parte de la red pública, la administración debe controlar su funcionamiento y el uso que hacen de los recursos dentro de su autonomía. Ese control está reservado a un Comisionado de la Administración en cada hospital que, según la Cámara de Cuentas, no existe actualmente aunque “ha existido en distintos momentos del periodo fiscalizado”.
Para mejorar los controles, tres de los cuatro hospitales privatizados (Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba) deberían aportar un 0,5% del precio anual de su contrato para realizar “auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados” pero esa cantidad nunca se ha reclamado desde la administración, según la Cámara de Cuentas. “En ningún ejercicio, desde la puesta en funcionamiento de los hospitales, se ha requerido a las concesionarias la puesta a disposición de la Administración del 0,5% del importe anual del contrato. Los costes por las auditorías realizadas con medios propios no se repercutieron en las liquidaciones de 2012 ni de 2013, indicando el SERMAS que se repercutirán en la liquidación 2014”, dice el informe.
Privatización (frustrada) en dos fases
Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, que le tomó el relevo, idearon un proceso de privatización sanitaria que solo ha podido aplicarse parcialmente. Aún el Partido Popular presume de todos los hospitales que construyó de golpe la expresidenta a base de abrir el sistema público al capital privado con sociedades concesionarias que adelantaron el dinero y construyeron los edificios por un canon anual de dinero público que se seguirá pagando durante 30 años.
Los planes del presidente Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty –cerebro de la privatización– pasaban por externalizar la prestación del servicio público cediendo la gestión a concesionarias por 10 años en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. En total 1.149 camas y 5.128 profesionales. Para ello, se modificó la ley, se redactaron contratos, se buscaron contratistas y hasta se modificaron las condiciones de adjudicación a última hora para hacer más atractivo el encargo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 un gasto plurianual de más de 4.000 millones de euros para estos contratos.
Pero en septiembre de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la licitación de estos contratos y puso fin, tras una amplia movilización social de los sanitarios en Madrid, al propósito de privatización. Hacer el camino de ida, parado por los tribunales, ha tenido un coste para las arcas públicas pese a que esos contratos nunca se firmaron. La administración, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas, tuvo que indemnizar a la empresa a la que adjudicó la gestión del Infanta Sofía, Infanta Cristina y del Tajo por “daños y perjuicios irrogados” con 240.355 euros. Por entonces ya estaban funcionando paralelamente tres de los cuatro hospitales de gestión privada (el de Villalba se inauguró en 2014 con tres años de retraso) a los que acuden pacientes de la red pública.