Los propios datos de la Consejería de Sanidad desmienten cualquier afirmación de los responsables públicos de la Comunidad de Madrid cuando afirman que a día de hoy se realizan más pruebas diagnósticas para detectar coronavirus en la región que semanas anteriores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba este miércoles en una entrevista en Telecinco que la capacidad diagnóstica de Madrid “se ha triplicado”. Con una afirmación algo más modesta, el viceconsejero de Salud Pública y estrategia Covis-19, Antonio Zapatero, defendía que a día de hoy se hacen más pruebas porque a las PCR se suman los test de antígenos, algo que también defendía después el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Todas estas afirmaciones eran desmentidas este mismo miércoles por la Consejería de Sanidad de Madrid que ha hecho públicos datos sobre las pruebas diagnósticas que realiza Madrid. Según sus propias cifras, la semana del 5 de octubre se dejaron de hacer casi 100.000 PCR menos respecto a los que se realizaban las dos semanas anteriores, pasando de las 172.842 pruebas a 79.649. En contraposición, aumentaron los tests de antígenos, pasando de los 5.800 a los 58.697. Sin embargo, la suma de ambos datos refleja que se han dejado de hacer 43.298 pruebas diagnósticas con respecto a los tests que se hacían en las dos semanas anteriores. Un 24,2% menos.
Desde la Consejería de Sanidad se limitan a afirmar que el hecho de que se hagan menos tests se debe a que el número de pruebas diagnósticas totales realizadas “depende directamente de la situación epidemiológica, a mayor sospecha clínica de infección, mayor uso de pruebas diagnósticas”, sostienen. “La misma relación existe en función del número de brotes y contactos estrechos detectados. A medida que disminuye la incidencia de enfermedad, hay menor indicación de pruebas diagnósticas”.
La realidad es que la el pasado 28 de septiembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambió el protocolo y dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de casos positivos: desde ese día solo se realizan a personas convivientes, vulnerables o que tengan síntomas. Por tanto, ya no se hace un rastreo y control exhaustivo a través de pruebas diagnósticas cuando una persona da positivo.
elDiario.es publica este miércoles que la Comunidad de Madrid comunica cada día un número de nuevos contagios que es bastante menor que el que certifica pasadas unas jornadas. Es decir, va incorporando durante semanas casos que corresponden a fechas anteriores a medida que va conociendo los resultados de las pruebas diagnósticas. Es lo que se llama en el decreto del estado de alarma para Madrid, “retrasos de notificación”. Los casos que se suman cada día dan como resultado la incidencia acumulada de la enfermedad en los últimos siete o 14 días. Esta actualización según se confirman contagios en los laboratorios ha sido la norma habitual durante la pandemia y algo que presentan muchas comunidades autónomas. Cosa distinta es la utilización de esos retrasos.
Esta dinámica hace que la incidencia acumulada más reciente esté sistemáticamente infravalorada respecto a lo que es la situación real de contagios en un determinado lugar. Y que, según pasan los días, se vaya conociendo cómo estaban las cosas de verdad en esa fecha determinada: porque una buena parte de los nuevos enfermos de COVID-19 eran desconocidos en ese momento, pero estaban ahí, solo faltaba que llegaran los resultados de los test y se incorporaran al total.
Con todo, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que el Ministerio de Sanidad que “actúe con lealtad respecto a algo que es muy importante que son los datos”. Escudero ha indicado que la Comunidad de Madrid ha “volcado a día de hoy 89.000 pruebas de test de antígenos, que complementan a las PCR que se hacen dentro esa estrategia diagnóstica que tiene nuestra región y que el Ministerio Sanidad todavía no ha incorporado dentro de las estadísticas que pública en su página web”.
El consejero ha asegurado que ha vuelto a solicitar este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que decaiga el estado de alarma. Para Escudero la decisión para implantar este estado de alarma “no responden a criterios técnicos sino a criterios políticos; además criterios que se han hecho 'ad hoc' para nuestra región y que han ido cambiando según como valoraba el Ministerio de Sanidad”.