Decenas de inquilinos del fondo buitre Blackstone cuyas viviendas públicas fueron vendidas en 2013 por el Ayuntamiento de Ana Botella han registrado peticiones dirigidas al alcalde José Luis Martínez-Almeida para que no deje la causa en punto muerto, como ha anunciado, y recurra la absolución de la exalcaldesa, exonerada de su responsabilidad por una nueva sentencia del Tribunal de Cuentas que modifica una primera en la que fue condenada por responsabilidad contable por dañar el “patrimonio público”. Los escritos exigen al regidor que cumpla con el mandato del pleno del pasado 29 de julio, no vinculante, para que el Ayuntamiento tome las “acciones judiciales” precisas contra la última decisión del Tribunal de Cuentas. El plazo para presentar el recurso termina el próximo 27 de septiembre.
Los afectados, casi medio centenar entre ex inquilinos de la EMVS y de otras promociones de las afueras de Madrid también vendidas a Blackstone por otros consistorios (como Torrejón de Ardoz), también han solicitado por escrito a la Fiscalía que actúe de oficio en este caso para que la causa ya cerrada en el Tribunal de Cuentas llegue al Tribunal Supremo.
“Estamos llamando a todas las puertas posibles. Tras años de pericia judicial entendemos que esto debe seguirse investigando para que sea el Tribunal Supremo sea quien dirima si Ana Botella tuvo responsabilidad contable en la venta”, ha asegurado ante los medios la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Alejandra Jacinto. “Esas viviendas ya las hemos perdido, pero al menos que el alcalde recurra hasta donde tenga que recurrir para que esto no quede impune”, ha añadido.
Los afectados, que portaban carteles contra Blackstone, han formado una larga cola en el Registro del Ayuntamiento. En ella estaba Montserrat Baeza, una de las vecinas que permanece en las viviendas después de 10 años y ha sido testigo, y víctima, de las subidas de alquiler. “Me siento engañada. En febrero me cumplía el contrato y por miedo firmé. Me han subido 120 euros al mes la renta”, afirma. Baeza denuncia que “cada inquilino tiene unas condiciones diferentes” y reclama la “responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid” por haber vendido las viviendas.
El Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida despidió a inicios de septiembre a la abogada que estaba preparando el recurso contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella, Paloma Herraiz. El regidor justificó que no iba a emplear dinero público en “venganzas estériles” y dio carpetazo a la continuación de la vía judicial para que la causa iniciada por el Tribunal de Cuentas contra Ana Botella fuera dirimida finalmente por el Supremo.
La exalcaldesa y otros siete de sus concejales del equipo de Gobierno fueron condenados en primera instancia por responsabilidad contable a pagar 25 millones de euros por los daños que la venta de promociones de la EMVS en 2013 causaron en el patrimonio público, pero la Sala de lo Contencioso del Tribunal aceptó su recurso y quedaron absueltos.
Varios concejales de Más Madrid, entre ellos la portavoz Rita Maestre o José Manuel Calvo, han acudido a apoyar la convocatoria. “Pedimos a Martínez-Almeida que ejerza de alcalde de Madrid y no de militante del Partido Popular, y no utilice los recursos públicos para proteger a Ana botella y otros cargos del PP, sino para proteger los intereses de todos y todas”, ha asegurado Maestre.