Susan no quiere un desahucio violento, tampoco quiere que acudan furgonetas de la Policía Nacional, ni activistas antidesahucios para intentar paralizarlo, ni que haya cánticos reclamando una alternativa habitacional. En esta caso, como en muchos de los 6.674 desahucios que se registraron el año pasado, esta joven quiere abandonar la que ha sido su casa durante estos últimos tres años en silencio y sin oponer resistencia.
Sin ingresos y en el paro, ella y su hijo de tres años solo reciben la pensión que le pasa mensualmente el padre del menor. “Estaba nerviosa, pensé que a lo mejor me echaban ese mismo día a la calle. Recuerdo que hubo empujones, había policía y muchos agredidos. La verdad es que lo viví muy mal”, así recuerda el primer intento mientras atiende a esta eldiario.es en una de las asambleas de la PAH en Alcorcón. Durante tres años ha estado ocupando un piso que ha adquirido una inmobiliaria.
No consigue dar con una clave por la que considere que su respuesta justifique por qué ha decidido no seguir intentando paralizar un desahucio, pero la decisión estaba tomada desde que vivió la violencia entre agentes y activistas en su primera tentativa de desalojo.
Sandra, 70% de discapacidad
El caso de esta joven no es un caso aislado. Sandra, también activista de la PAH de Alcorcón, tiene una orden judicial de desalojo por estar ocupando una vivienda de la Sareb, aunque por ahora no tiene una fecha desahucio programada. Se desplaza acompañada por una muleta, ya que según acredita con una tarjeta de discapacidad, le han concedido 70% de minusvalía.
Ni Sandra ni Susan cuentan con una alternativa habitacional. El Ayuntamiento de Alcorcón no ha explicado a esta redacción qué medidas contemplan ante un lanzamiento de estas características. La solución de Susan pasa por dormir junto a su hijo en el sofá de la casa de una amiga. “Hay desahucios todos los días en cada municipio. Nosotros, en Alcorcón tenemos cada semana. La PAH consigue paralizarlos por presión previa ante instituciones o bancos”, replica Manuel San Pastor, abogado de la plataforma.
¿Qué medidas recoge la ILP de vivienda?
Varios colectivos sociales están recabando firmas para que se apruebe en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una “ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos, esta cifra supone un descenso del 7,2% respecto a los 7.194 de 2015. En esta recogida de datos, se tienen en cuenta distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
“Buscamos que no haya gente sin casa, ni casas sin gente. Queremos que se garanticen alquileres sociales, entendemos que hay que pagar una renta, pero hay que adaptarla a los ingresos de las personas”, apunta el letrado. En el texto que han elaborado desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid recogen un amplio número de medidas.
Entre ellas, garantizar el acceso a la vivienda pública, combatir la pobreza energética, paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, establecer un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia o elaborar medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas. Para que la ILP llegue ser tramitada, requiere el apoyo de al menos 50.000 madrileños.