- La madre de Manuela denunció en eldiario.es que el vehículo que trasladaba a su hija, de 7 años y 65% de discapacidad, no contaba con sistemas de protección
Manuela ha pasado cinco meses recorriendo diariamente 19 kilómetros de ida y otros 19 de vuelta en un autobús sin abrocharse el cinturón de seguridad. La ruta escolar –adjudicada por la Comunidad de Madrid– que trasladaba a esta niña de siete años con una discapacidad del 65% a un colegio público de educación especial no contaba con este sistema de sujeción.
Desde que comenzó el curso, su madre se quejó ante la Consejería de Educación por esta concesión reseñando el temor que le provocaba que su hija viajara sin cinturón. Como informó eldiario.es en diciembre, la respuesta de este departamento ante sus protestas siempre fue la misma: “Este vehículo cumple con la normativa vigente”.
Finalmente, a comienzos de febrero y tras la intervención de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha recibido la respuesta que estaba esperando. “He trasladado la cuestión a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para que se adopten las medidas necesarias inmediatamente”, le contesta Cifuentes en una carta.
“La empresa de transportes ha procedido a la sustitución del vehículo en esta ruta que carecía de cinturones de seguridad, aun cumpliendo con la normativa vigente”, añade Cifuentes en la misiva remitida a la madre de Manuela el 1 de febrero, quince días después de que la progenitora le trasladase su preocupación.
Un portavoz de la Consejería asegura que “ha sido una decisión de la propia empresa la sustitución del autobús, aún cumpliendo con la normativa vigente”. A preguntas de esta redacción, este departamento no ha confirmado si el vehículo retirado continúa trasladando a menores en otra ruta escolar.
En el escrito remitido a la madre de Manuela, Cifuentes destaca que para su Gobierno “es una prioridad absoluta velar por la integridad de los niños que viajan en los autocares escolares”.
“Ya que muestra su preocupación, no estaría mal que propusiese una iniciativa para prohibir la circulación de autobuses escolares sin cinturones, aunque solo sea en la Asamblea de Madrid”, apunta la progenitora.
Prioridad económica en la adjudicación
El año pasado, el Gobierno regional adjudicó este servicio hasta el curso 2018-2019, destacando sobre todo el criterio económico. “El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la de precio más bajo”, recoge la licitación.
A la hora de realizar la licitación, ni en los colegios de educación especial, como el de Manuela, se incluye que deban contar con sistemas de protección. No se tiene en cuenta que estos alumnos presentan “diversas características: plurideficiencias, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidad mental en distintos grados, motórica o visual”, según describe la propia web del centro.
Más posibilidades de sufrir lesiones mortales
Un menor sin ningún tipo de retención multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales en caso de accidente, apunta la DGT. Además, según sus datos, actualmente más del 60% de este tipo de vehículos cuentan con este sistema de seguridad. En el minibús que utiliza Manuela viajan 14 niños más, cinco de ellos en silla de ruedas, como figura en el pliego de condiciones de la licitación de este servicio. Los menores que tienen discapacidad motórica sí que están protegidos a través de anclajes que se enganchan a la silla.
La DGT y la asociación española de carroceros de autobuses (Ascabus) explican que está permitido que circulen autocares escolares sin cinturones, siempre y cuando se hayan matriculado antes de octubre del 2007. Los vehículos que estén registrados a partir de ese momento deberán contar con un sistema de protección, así lo establece la directiva europea 2005/40/CE.
De acuerdo con la información que recabó la madre de Manuela, el minibús que desplazaba a su hija, y que finalmente ha sido sustituido, fue matriculado en 2001. Por lo tanto, tenía 15 años y la vida útil de estos vehículos, según recoge el Real Decreto 443/2001, se puede alargar hasta los 16 años.