Las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid se convirtieron en la zona cero de la pandemia durante los primeros meses, pero no en todas el coronavirus azotó por igual. En aquellos centros de gestión público-privada, la mortalidad fue más elevada, según las conclusiones de una investigación académica que se acaba de publicar en la revista Epidemiologia. Sus autores aseveran que durante los meses de marzo y abril de 2020 el 7,4% de los usuarios de centros de gestión pública fallecieron, frente al 21,9% de los de gestión indirecta.
Ante estos resultados, el epidemiólogo Fernando J. García-López, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública y uno de los investigadores que ha elaborado este trabajo, defiende que “el sistema de las residencias debe modificarse por completo”. “El hecho de que una persona caiga en una residencia u otra, la condena a que tenga más probabilidades de sobrevivir a una pandemia que venga después o a la propia Covid si las cosas se tuercen”, apunta.
De la misma manera se posiciona Maria Victoria Zunzunegui, profesora de la Universidad de Montréal (Canadá) y coautora de la investigación. “La condiciones en las que se realizó la concertación público-privada fueron letales para las personas mayores –apunta la docente del campus norteamericano– porque la probabilidad de morir fue tres veces más” en centros de gestión indirecta que en residencias de gestión pública.
Una tasa de mortalidad del 18%: 9.468 muertes
La tasa de mortalidad en los centros de mayores madrileños en esos dos meses fue del 18,3%. Las 470 residencias de la Comunidad registraron 9.468 muertes. De esos fallecimientos, 7.290 se produjeron en la propia residencia: 1.118 fueron confirmadas como muertes por COVID-19, 4.676 como muertes con síntomas de este virus y 1.496, como muertes por otras causas. A esos datos hay que sumar los 2.178 en el hospital de referencia correspondiente.
Analizando estas cifras, únicamente el 23% de las muertes se produjeron en un centro sanitario. Por este motivo, en esta investigación los autores también han tenido en cuenta que en Madrid el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó unos protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a los hospitales durante la primera ola de la pandemia.
“Hay que hacer una investigación en profundidad de lo que ocurrió durante la pandemia”, señala Zunzunegui, que considera preocupante que “uno de cada cinco residentes” murieran en un periodo que únicamente abarca dos meses. Esta es una de las conclusiones a las que llegan los autores, entre los que también se encuentran François Béland, profesor de la Universidad de Montréal, y el periodista de Infolibre Manuel Rico.
Asimismo, este estudio detalla que la mortalidad en el periodo analizado en centros privados que no tienen ninguna plaza pública, se ubica por debajo de la media autonómica: la tasa alcanzó el 12,7% si la entidad que lo gestionaba no tenía ánimo de lucro y el 13,8% si había una empresa al frente de la residencia.
Por su parte, en el análisis de la colaboración pública-privada los resultados también varían según el modelo. La mortalidad en las residencias de titularidad pública y de gestión privada ascendió al 21,9% en los meses de marzo y abril de 2020. Sin embargo, en aquellas con plazas concertadas este parámetro difiere, dependiendo de que al frente esté una sociedad con ánimo de lucro (20,6%) o una organización sin ánimo de lucro (17%).
La Dependencia en Madrid, “crónicamente infrafinanciada”
En la bibliografía analizada para abordar esta investigación, en la que se citan artículos canadienses, los autores remarcan que hay varios factores asociados a que la tasa de mortalidad en residencias gestionadas por sociedades que quieren sacar beneficio sea más elevada. Entre esas variables, citan que estos centros suelen tener una ocupación más elevada, que se descuida la acreditación de los profesionales, que su personal suele estar mal pagado y tienen peores condiciones laborales, hay movilidad y en las grandes cadenas un empleado puede trabajar en más de un centro para obtener un salario que no sea muy precario.
A esas causas añaden las particularidades del sistema de Dependencia de la Comunidad de Madrid, que se encuentra “crónicamente infrafinanciado”. En Madrid, durante los meses analizados, los gestores privados de plazas concertadas recibieron “una cantidad base de 53 euros por día” y usuario, frente a los “90 euros que ronda” lo que abona Euskadi, según los datos del estudio publicado en Epidemiologia.
Frente a la precariedad laboral y el margen de beneficio que destacan en empresas privadas, defienden que en las residencias de gestión pública se trabaja con un presupuesto mayor, los trabajadores están sindicalizados, tienen condiciones más estables, las ratios de personal son más elevadas y se exige más capacitación profesional y experiencia. Por lo tanto, sostienen que estas residencias y las que están administradas por organizaciones sin fines de lucro “pueden haber tenido más fondos disponibles en tiempos de crisis”.
Otro elemento a tener en cuenta es la capacidad total del centro. “La mortalidad aumenta por el tamaño de las residencias”, indica Zunzunegui. Este, el de la eliminación de las macroresidencias, es uno de los objetivos en los que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales. El acuerdo alcanzado este martes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas aboga por que los centros de mayores se encaminen hacia modelos más hogareños, con unidades de convivencia de quince personas y un máximo de 120 plazas.
Para la docente de la Universidad de Montréal, este acuerdo es “un gran avance” aunque también considera que “se queda corto” porque se aplicará para las residencias de nueva creación. Zunzunegui lamenta que el documento aprobado esta semana no obligue a que “las macroresidencias se cierren o se conviertan en centros pequeños”.