El Ayuntamiento de Madrid contrató para la gestión de parte de su servicio de notificación de multas de tráfico a una empresa privada que, según denuncian varios usuarios, falsea la recepción de esas sanciones si comprueban que en el domicilio no hay nadie. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) afirma que han recibido al menos media docena de denuncias similares y el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida reconoce 61 “incidencias” con esta nueva compañía. La empresa solo admite 32 y las achaca a “mala práctica” y no “fraude”. Por estos hechos, ha despedido a un empleado.
Javier Gutiérrez ha publicado este martes un hilo de Twitter que se ha hecho viral en cuestión de horas en el que cuenta que hace varios días recibió en su buzón una denuncia por una infracción de tráfico impagada, a pesar de que no había recibido la multa original. El Ayuntamiento de Madrid, al entender que había desistido de abonar la sanción, le envió una denuncia con una nueva multa de 900 euros.
“La denuncia decía que yo había cometido una infracción de exceso de velocidad y que había incumplido el deber de identificar al conductor de esa infracción, pero es que yo nunca pude identificarlo porque la multa no me había llegado”, explica en conversación telefónica. Una multa inicial de 300 euros, 150 por pronto pago, se había convertido en una denuncia con una sanción de 900 euros. Varios usuarios de la misma red social han denunciado haber sufrido situaciones parecidas.
Al recibir la denuncia, Gutiérrez se puso en contacto con el teléfono de atención del Ayuntamiento de Madrid. Allí, un funcionario abrió el expediente y comprobó que la multa figuraba como recibida en su domicilio y que había sido firmada. “Me dicen que no me pueden dar el nombre por protección de datos, pero les di el de mi mujer, el de la mujer que trabaja en casa y el mío y no coincidían”, cuenta.
Para conocer el nombre y los datos de la persona que firmó la recepción de la multa, tuvo que dirigirse a una sede del Ayuntamiento. Allí, la funcionaria de turno le explicó tras abrir su expediente que la notificación era claramente “fraudulenta”. En el expediente que le entregan figura que la carta fue recibida por una persona que Gutiérrez no conoce y que, como firma, aparecen dos simples rayas. A continuación, le explica que han tenido numerosos problemas previos con la empresa que gestiona estas comunicaciones: “La funcionaria me dice que la empresa se presentó al concurso y no se esperaban que lo fuera a ganar; que estaban teniendo muchos problemas y que estaban viendo cómo salirse del contrato”.
Mario Arnaldo, presidente de la AEA, afirma que han recibido al menos seis denuncias en su sede por casos similares. “Muchas personas, cuando tienen la primera noticia, es cuando les ha llegado en periodo ejecutivo”, explica. Arnaldo pone de ejemplo un caso que han recibido, muy similar al de Gutiérrez: una persona con una multa de 300 euros y dos puntos de carnet por una infracción de tráfico. En el acuse de recibo figura el nombre de una persona bajo la inscripción ‘empleada’, pese a que esa persona vive sola, y el DNI ni siquiera tiene nueve cifras y una letra sino seis. “A nosotros mismos nos mandaron una notificación de no recepción a través de esta empresa diciendo que no estábamos durante las horas de reparto, a pesar de que esto es una oficina y estamos desde las 8 de la mañana”, ejemplifica. Arnaldo se queja además de que la red de oficinas para acudir a buscar los recibos es mucho más limitada que la de Correos, la empresa con la que el Ayuntamiento trabajaba hasta 2021.
Fuentes municipales afirman a este diario que recientemente parte de la gestión de los servicios postales del Ayuntamiento para el envío de correo ordinario, cartas certificadas y notificaciones administrativas “ha comenzado a funcionar con una nueva empresa” y admite que se han producido “algunas incidencias”. Este servicio depende del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM). En una rueda de prensa posterior a la publicación inicial de esta información, la portavoz del Ayuntamiento cifró esas incidencias en 61, aunque defendió que se traba solo de un 0,001% de los 6 millones de notificaciones enviadas en total.
“Todo aquel ciudadano que pueda acreditar que no se le haya notificado correctamente, por ejemplo en el caso de una sanción de tráfico, puede comunicarlo para que, en su caso, el Ayuntamiento pueda retrotraer el procedimiento al momento en el que se haya producido la incidencia”, se limitan a explicar desde el Ayuntamiento. Recientemente, tal y como reveló este periódico, un juzgado abroncó al Ayuntamiento de Madrid por no contestar a los ciudadanos que recurrían sus multas de tráfico.
La empresa que figura en la notificación es RD Post (Recerca i desenvolupament empresarial, S.L., con sede en Barcelona). El IAM anunció en 2020 la licitación de un contrato para la gestión de “correspondencias certificadas, notificaciones administrativas, telegramas, franqueo en destino, burofax y paquetería” que se adjudicó a esta empresa a principios de 2021 por un valor de 16 millones de euros brutos. La mesa de contratación admitió las ofertas de tres empresas, entre las que figuraba Correos, aunque esta quedó excluida “por haber superado en su oferta los precios máximos unitarios de licitación en su oferta”. RD Post ganó el contrato, según figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “al haber presentado la oferta en base a la mejor relación calidad-precio”.
En su página web, RD Post se define como el mayor operador postal privado de España y presumen de dar servicio a “todas aquellas corporaciones que necesitan un control, seguridad y garantía de entrega de sus comunicaciones”. Entre sus clientes, según consta en su web, figuran ayuntamientos como el de Barcelona, València, Granada o Logroño, o empresas públicas como Televisión Española.
Preguntada por esta situación, RD Post reconoce que ha registrado varias incidencias y que ha despedido a un empleado por este motivo. “A través de los controles de calidad realizados por parte de RD POST, se han detectado durante este periodo 32 incidencias de este tipo de mala práctica, nunca fraude ni nada parecido, de las cuales 23 correspondían a un mismo domicilio y se volvieron a gestionar sin ningún perjuicio para el destinatario, y 9 quedaron mal gestionadas (un 0,0005% de los documentos gestionados), habiéndose procedido inmediatamente al despido disciplinario del empleado, y reservándose RD POST las acciones legales y/o penales oportunas para los involucrados”, explica en un comunicado. “Nos gustaría que los hechos se pusieran en su verdadero contexto, y aun reconociendo que ha podido haber algún caso puntual de notificación mal gestionada, no deja de ser una excepción en la cantidad de gestiones realizadas diariamente, y no por ello se pueda caer en el error de desprestigiar a la gran mayoría de empleados”, añade la empresa.
“Llueve sobre mojado”
La sociedad forma parte del Grupo AL, fundado en el 2003 por Salvador Cambló Moyano. Este empresario malagueño ya tuvo problemas en 1999 con el Ayuntamiento de Santander por un problema similar. Cambló era entonces el responsable de la empresa Escuela de Formación y Asistencia Social, SL (EFAS), con la que el gobierno municipal había firmado un contrato para la notificación de las multas. El Ayuntamiento denunció al menos 50 falsificaciones y pidió explicaciones a la empresa, que despidió a una empleada. Según se puede leer en una crónica de El País de aquel año, fuentes de EFAS atribuyeron la falsificación de las firmas “al estrecho margen retributivo de los empleados y a la necesidad de cubrir un mínimo de notificaciones para conseguir un sobresueldo”. Antes de su etapa como empresario, Cambló fue funcionario de la Diputación de Málaga.
El Ayuntamiento de Madrid, aunque reconoce “incidencias” no confirma que se esté planteando romper el contrato con la empresa y simplemente ofrece la posibilidad a los usuarios de comunicarlo para reiniciar el proceso, como hizo Gutiérrez. “Yo pedí que me mandaran el expediente, hice un escrito de alegaciones y me llegó la multa original y toda la documentación”, explica. “Hay personas que no saben qué hacer y les das un disgusto. Son 900 euros, casi el salario mínimo. Imagina una familia a la que le ejecutas esa cantidad porque no sabe cómo hacer las reclamaciones o de dónde viene eso”, añade.
Arnaldo, de la AEA, pide al Ayuntamiento que brinde “garantías” de que el proceso de envío de multas sea “impoluto”, a pesar de su externalización. “No vale decir que es un caso puntual. ¿Qué controles se están haciendo sobre la empresa para verificar que las firmas que dice que ha recibido son reales?”, insiste. El presidente de la asociación recuerda además que en este tema ya “llueve sobre mojado”.
Se refiere al antecedente que tuvo el Ayuntamiento de Madrid en 1996, cuando hubo otro conato de externalización de estos servicios que salió mal, durante el mandato de José María Álvarez del Manzano (PP). El Consistorio cedió entonces el servicio de notificación de multas a la empresa norteamericana Electronic Data Systems (EDS) que a través de irregularidades como testigos o firmas falsas dejó un agujero de cerca de 2.000 millones de pesetas por multas impagadas, según el análisis que hicieron posteriormente los técnicos del Ayuntamiento.