La portada de mañana
Acceder
16 grandes ciudades no están en el sistema VioGén
El Gobierno estudia excluir a los ultraderechistas de la acusación popular
OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

La Fiscalía pide tres años de cárcel para Cristina Cifuentes por el caso Máster

La Fiscalía de Madrid pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial. El Ministerio Público la considera inductora de la falsificación del acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.

El fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Del mismo modo acusa a Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público que impartía el máster, por ser coautor indirecto del delito y reclama para él tres años y nueve meses de prisión. Para María Teresa Feito, ex asesora de la Comunidad de Madrid que presionó a la Universidad, solicita otros tres años y tres meses de prisión.

El escrito de la Fiscalía alude a la información publicada en eldiario.es sobre que Cifuentes había obtenido su título sin haber aprobado todas las asignaturas ni haber entregado el TFM. En ese momento, señala el documento enviado a la jueza del caso, Cifuentes se pone en marcha para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la noticia.

Cifuentes contacta con Feito por la influencia que esta asesora tenía en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que había sido profesora y donde conservaba varios amigos, “para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”. Feito se puso en contacto con Álvarez Conde para confeccionar un acta falsa “a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa”.

Ese documento con “apariencia de verosimilitud” serviría para acreditar de cara a los medios de comunicación que Cifuentes había cursado el máster, según el fiscal.

El escrito alude a la rueda de prensa convocada por la Universidad y dice que tras ella, Álvarez Conde llamó a la profesora Cecilia Rosado para darle instrucciones para confeccionar el acta falsa. En ella tendría que reflejarse que “la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente”.

Rosado accedió a ello, sostiene el Ministerio Fiscal, por la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía”. La profesora falsificó las firmas de las otras docentes, Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

Además, Rosado creó una dirección de email falsa a nombre de Álvarez Conde para enviar desde ella el acta al rector de la Universidad, Javier Ramos, y que pareciese que era el propio catedrático quien enviaba el documento. Ramos, dice el fiscal, ignoraba las falsificaciones.

En cuanto a Feito, además de sus gestiones iniciales, el fiscal señala que de forma “insistente” y “agobiante” llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Rosado “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza”.

Con el escrito de la Fiscalía y el que presenten el resto de las partes, la jueza Carmen Rodríguez Medel tendrá que fijar una fecha para que se celebre el juicio contra Cifuentes por la falsificación de su acta. Mientras, los autores de las informaciones sobre la expresidenta, los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, siguen imputados en un juzgado por “descubrimiento de secretos” y en otro por “injurias y calumnias”, tras sendas querellas de Cifuentes.