El Gobierno de Almeida lleva dos años sin comprobar si las empresas de la M-30 cumplen los contratos

El Ayuntamiento de Madrid lleva dos años sin hacer los controles semestrales a las constructoras encargadas del mantenimiento de la M-30 pese a que la última inspección, de junio de 2019, detectó problemas de seguridad en los túneles por la falta de conservación.

La empresa semipública Madrid Calle 30, gestora de la mayor circunvalación de la capital y presidida por Rosalía Gonzalo, debe realizar dos auditorías al año sobre su estado según el pliego de condiciones por el que ha recibido cientos de millones de euros desde su inauguración en 2007 bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el último informe sobre el cumplimiento del contrato, al que ha tenido acceso elDiario.es, confirma con fecha 9 de abril de 2021 que la “última auditoría vigente” es del primer semestre de 2018.

Sobre aquel control desactualizado, la Dirección General de Planificación y Infraestructuras de Movilidad ha cuantificado el importe por incumplimientos a descontar ahora de la factura final que se lleva Madrid Calle 30, participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por la empresa Emesa, para sufragar el mantenimiento de la vía. Emesa es la empresa privada socia del Consistorio que está integrada por las constructoras ACS y Ferrovial.

“Las deducciones aplicadas son fruto del resultado de la última auditoría vigente, que en la actualidad se corresponde con la del primer semestre de 2018”, refleja el informe del 9 de abril de 2021. Estas ascienden a 1,3 millones de euros de los más de 57 que recibe la compañía semipública. “Se pone de manifiesto el alto nivel de cumplimiento de Emesa en todos los capítulos analizados”, añade el documento.

El área de Movilidad y Medio Ambiente, que ahora gestiona esta competencia, aseguró a elDiario.es hace un año y medio que la inspección del segundo semestre de 2019 no se realizó “porque la anterior corporación [Ahora Madrid] no validó su licitación a través de la Comisión de Seguimiento, órgano de control de Calle 30”. Ahora, el Gobierno municipal alega que las auditorías van con retraso porque se han traspasado las competencias del contrato de Obras a Movilidad.

La concejalía que dirige Borja Carabante también confirma que no se ha adjudicado un nuevo contrato para que un tercero realizara las auditorías hasta noviembre de 2020: “con este contrato se está procediendo a regularizar todas las auditorías pendientes desde la última aprobada del segundo semestre de 2018”. También tendrán que ajustarse posteriormente las deducciones de acuerdo al resultado de cada inspección.

La auditoría se hace para detectar las deficiencias de la vía y, en función del resultado, restar el dinero correspondiente de la factura si se han incumplido en algún punto los términos del contrato de mantenimiento. Los controles están establecidos por contrato: el apartado 3.2.7 del Contrato relativo a los Servicios de Gestión Integral de la M-30, entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30, marca que la inspección de la infraestructura se realizará semestralmente a través de una empresa externa y será supervisada por el Consistorio.

Las auditorías ignoradas

Otra cuestión es por qué el Ayuntamiento considera como la última auditoría disponible la que se realizó en el primer semestre de 2018 si existen al menos otras dos más recientes: la inspección de diciembre de 2018 y la de junio de 2019. A raíz de esta última, la corporación detrajo a Emesa de la factura 2,2 millones de euros frente a 1,3 en junio de 2018.

Carlos Sánchez Mato, presidente de Madrid Calle 30 hasta diciembre de 2017 cuando fue destituido por Carmena como concejal de Economía y Hacienda, considera que el Gobierno de Almeida obvia los dos últimos informes realizados uno a finales de 2018 y otro a mediados de 2019, porque “no gustan a Emesa”. El dirigente de Izquierda Unida recuerda que las dos últimas auditorías que han sido ignoradas por la corporación local fueron realizadas sin llegar a un acuerdo con la empresa que realiza la conservación de los túneles. El contrato establece que debe haber un acuerdo en la contratación de una empresa externa, pero si no lo hay, el Ayuntamiento por sus propios medios puede realizar la inspección.

“Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con que el los anteriores gobiernos del PP avisaban a Emesa de los días que iba a ser la auditoría para que así pudieran arreglar las posibles deficiencias. Es como si a un alumno le pasas las preguntas del examen por adelantado”, asegura Sánchez Mato.

En la última inspección realizada en el primer semestre 2019 -bajo el mandato de Manuela Carmena- que el Ayuntamiento de Almeida ahora obvia, se detectaron problemas de “seguridad” en los túneles por la falta de mantenimiento de los mismos. Lo más llamativo de esta auditoría, a la que tuvo acceso elDiario.es, era la ausencia de mantenimiento preventivo en la estructura del túnel. Según las conclusiones de ese informe, “la desatención de la conservación de los tramos del túnel”, provocó, “un manifiesto deterioro desde el punto de vista estructural derivando en situaciones que afectan directamente a la seguridad de los usuarios de la vía”.

Para el exedil de Ahora Madrid, la falta de inspecciones por parte del Gobierno de Almeida –desde que llegó a la Alcaldía a mediados de 2019– supone “una dejación de funciones” y “una mala praxis” que tiene dos consecuencias directas: por un lado, económica, ya que el dinero que recibe Emesa para el mantenimiento de los túneles está ligado a una serie de indicadores que si no se inspeccionan no se pueden determinar, y por otra, de seguridad. “Por la falta de estas auditorías no tenemos información del estado real de la infraestructura y esto puede suponer un riesgo en la seguridad de los túneles que deriva a su ves en un riesgo enorme para los madrileños”, señala Carlos Sánchez Mato. “El tamaño de este riesgo lo desconocemos porque no se están haciendo las auditorías”, añade.

Aunque M-30 solo supone el 2% de la superficie del viario urbano de la capital, el Ayuntamiento de Madrid destinó solo en 2019 a su mantenimiento 155 millones de euros, de los 215 millones que el Consistorio gastó para arreglar las calles y calzadas de la capital.