El Gobierno de Almeida deja de auditar el cumplimiento de los contratos de las constructoras que deben mantener la M30

El Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez Almeida ha dejado de auditar el mantenimiento de la M-30, que el año pasado costó casi 28 millones de euros y que acumula una factura de unos 335 millones desde 2007. La empresa semipública Madrid Calle 30, que gestiona la mayor circunvalación de la capital levantada bajo el primer mandato de Alberto Ruiz Gallardón (2003-2007), está obligada a hacer dos controles cada año sobre su estado y conversación en virtud del pliego de condiciones por el que ha recibido cientos de millones desde su inauguración. Con la llegada al Gobierno de PP y Ciudadanos se han suspendido las inspecciones. La última estaba prevista para diciembre de 2019, reconocen a eldiario.es desde el área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante (PP), que ahora gestiona esta competencia.

La auditoría sirve para determinar las deficiencias de la vía y, tras detectarlas, cuantifica qué importe descuenta a la factura final que se lleva Madrid Calle 30, participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por la empresa Emesa, para sufragar el mantenimiento de la vía. En la última inspección realizada en junio de 2019, se descontaron 2,2 millones de euros derivados, en su mayoría, por los incumplimientos detectados en la conservación de M-30 que realiza en exclusiva Emesa, la empresa privada socia del Consistorio que está integrada por las constructoras ACS y Ferrovial.

La última inspección se hizo bajo la anterior dirección de Madrid Calle 30. El consejero delegado era el ingeniero de caminos Samuel Romero, nombrado por el anterior Ejecutivo de Ahora Madrid y destituido a principios de julio por el Gobierno de Almeida. Con la nueva dirección nombrada en octubre, ahora bajo las órdenes de Rosalía Gonzalo (exconsejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en la anterior legislatura) se han dejado de hacer las inspecciones, pese a que por contrato el Ayuntamiento está obligado a supervisar el mantenimiento de una infraestructura que costó a las arcas públicas más de 3.700 millones de euros, un 48% más del presupuesto inicial.

El apartado 3.2.7 del Contrato relativo a los Servicios de Gestión Integral de la M-30, entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30, establece que la inspección se realizará semestralmente a través de una empresa externa y será supervisada por el Consistorio.

La razón que esgrime ahora el Gobierno de Almeida es que “no se realizó porque la anterior corporación [Ahora Madrid] no validó su licitación a través de la Comisión de Seguimiento, órgano de control de Calle 30”. “La nueva dirección [PP] establece que la fórmula más transparente es a través de la Comisión de Seguimiento, tal y como se ha realizado desde 2004, año en que se creó la empresa pública”, añaden fuentes del área que dirige Borja Carabante.

Pero no siempre se ha hecho así. Para que se pueda licitar mediante este mecanismo, debe existir consenso entre el Ayuntamiento de Madrid y Emesa sobre los parámetros de la auditoría. Pero, cuando no hay acuerdo, el contrato prevé que el Consistorio pueda auditar con sus medios la infraestructura, que fue lo que sucedió en la inspección de junio de 2019. “Para el segundo semestre podrían haber hecho exactamente lo mismo”, defiende el anterior consejero delegado de Calle 30 con el Gobierno de Carmena.

“El contrato entre Madrid Calle 30 prevé, efectivamente, el consenso a través de la Comisión de Seguimiento sobre la forma a auditar semestralmente la infraestructura. Esta situación es, cuanto menos, curiosa ya que en esa comisión es el socio privado, que hace el mantenimiento, quien representa a Madrid Calle 30. Por esto fue imposible llegar a un consenso en el primer semestre de 2019 sobre la forma a auditar”, explica el exconsejero delegado de Madrid Calle 30.

El concejal del PSOE Alfredo González coincide con esa lectura y añade que “una cláusula del contrato dice que si no hay unanimidad en la comisión de seguimiento se debe elevar al consejo de administración y no se ha hecho, pese a que ha habido dos reuniones en los últimos meses”.

“Situaciones que afectan a la seguridad de los usuarios”

La inspección del segundo semestre de 2019 se ha dejado de realizar pese a que la última auditoría realizada (en junio) por la empresa Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. (CEMOSA) detectó problemas de “seguridad” en los túneles por la falta de mantenimiento de los mismos. Lo más llamativo de esta inspección, a la que ha tenido acceso este diario, es la ausencia de mantenimiento preventivo en la estructura del túnel.

Según las conclusiones del informe, “la desatención de la conservación de los tramos del túnel” ha provocado “un manifiesto deterioro desde el punto de vista estructural”, señala, “derivando en situaciones que afectan directamente a la seguridad de los usuarios de la vía”. Este “deterioro desde el punto de vista contractual”, que detalla la última auditoría, se ha producido porque Emesa no ha realizado las labores de conservación ordinaria de los túneles desde el inicio del contrato.

Preguntado por ello al anterior consejero delegado, Samuel Romero explica que hasta su llegada no existían planes de conservación de dicha estructura, lo que derivó en un enfrentamiento jurídico sobre la necesidad de que la empresa mantenedora acometiera estos trabajos. Emesa factura unos 28 millones de euros al año por la conservación de la vía.

“Contractualmente era evidente, pero dejaba a la luz años de dejadez de funciones por muchas partes implicadas”, señala Romero que asegura que aunque bajo su mandato se intentó cambiar “nunca llegó a materializarse porque desde la empresa mantenedora volvían al argumento de no estar obligados a ello o se solicitaba más dinero por algo que ya está incluido en el contrato”. “Emesa hace trabajos puntuales cuando se detecta una necesidad, pero no hay un trabajo de prevención que necesitan las infraestructuras”, añade.

Sin personal

A los “problemas de seguridad” que se han detectado en los túneles y la “falta de control” se suma, explica el concejal socialista Alfredo González, las fallas en la supervisión del contrato porque no hay personal asignado.

El concejal del PP Borja Carabante designó a Lola Ortiz como nueva directora del Contrato, que ha apartado toda gestión referida a la inspección del servicio y en especial la auditoría de calidad. La subdirección encargada actualmente de esta labor –Infraestructura de Movilidad– tiene diez puestos, de los cuales solo tres están ocupados. Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se limitan a decir que en estos momentos “se están constituyendo los equipos”.

Para el anterior consejero delegado de Madrid Calle 30 “es llamativo que ahora ni hagan las auditorías ni tengan el personal municipal designado para supervisar el contrato. Surge una duda evidente de quién está vigilando por parte del Ayuntamiento de Madrid un contrato al que se destinan más de 145 millones de euros anuales”

El 70% de todo el presupuesto para arreglar vías

El mantenimiento de la M-30 no es un gasto menor. Cada año, esta gran infraestructura de la capital consume más del 70% de todo el presupuesto que el Ayuntamiento destina al cuidado de las vías urbanas: unos 200 millones en total.

Aunque M-30 solo supone el 2% de la superficie del viario urbano de la capital, el Ayuntamiento de Madrid destinó solo en 2019 a su mantenimiento 155 millones de euros, de los 215 millones que el Consistorio gastó para arreglar las calles y calzadas de la capital.

¿Cómo puede el 2% del viario urbano comerse más del 70% del presupuesto para mantenimiento de las calles? Entre impuestos por el modelo de gestión mixto y beneficios para Emesa, Madrid pierde alrededor de 60 millones de euros anuales de los más de 145 millones destinados al mantenimiento de M-30, pese a que sea el nombre que recibe en la partida presupuestaria.

El pago de nóminas de personal de Madrid Calle 30, las facturas de luz y agua que ascienden a casi 6 millones de euros anuales y el mantenimiento de la circunvalación le cuestan al Consistorio algo más de 40 millones al año. De estos, en torno a 28 millones son puramente para mantener la circunvalación. Y es EMESA quien recibe en exclusiva ese dinero, del cual, un tercio son beneficios, como se desprende del dictamen de la comisión de investigación de Madrid Calle 30 del Ayuntamiento de Madrid y de su propio plan económico.